EN POCAS ocasiones el sindicalismo español habrá estado más alejado de su función constitucional de defensa de los trabajadores que desfilando ayer en la manifestación de Barcelona en apoyo de la causa separatista. UGT y CCOO pretendieron justificar su presencia en las calles por el bloqueo político en Cataluña, pero lo cierto es que la protesta no tenía otros fines que los de coaccionar a la Justicia, cuestionar a los tribunales y exigir la liberación de los mal llamados presos políticos. Que los sindicatos de clase respalden una marcha promovida por el separatismo supone una doble traición. A los trabajadores, por sumarse a una movilización auspiciada por las clases acomodadas de una de las regiones más ricas de España. Y a la Nación, en la medida que se han prestado a auxiliar a quienes no han demostrado otro propósito que el de romper la unidad territorial violando el mismo orden constitucional que ampara la labor de las organizaciones sindicales.

Resulta inaudito que, tras el golpe perpetrado por el separatismo y justo después del procesamiento de los cabecillas del procés, los líderes de las federaciones catalanas de UGT y CCOO se despachen diciendo que «no es momento de juicios ni detenciones». Es inaceptable que los sindicatos traten de boicotear la aplicación de la ley mediante el cuestionamiento explícito de las decisiones judiciales. Una cosa es bordear la delgada línea de la ambigüedad, en la que siempre han nadado las centrales sindicales en Cataluña, y otra muy distinta coadyuvar en la estrategia de los separatistas. Especialmente, teniendo en cuenta que éstos permanecen empeñados en fabular la represión de un Estado autoritario e instrumentalizar el Parlament. Y todo ello mientras la televisión pública catalana –ajena al 155– sigue actuando de forma descarada y bochornosa de ariete del independentismo, esta vez, con una entrevista al propio Carles Puigdemont en el prime time. Los representantes sindicales pueden discrepar de una resolución judicial. Lo que es del todo punto inadmisible es que defiendan la impunidad para quienes desbordaron el marco estatutario, organizaron un referéndum ilegal y declararon la independencia de manera unilateral.

Urge, pues, que las centrales sindicales dejen de interpretar el papel de tontos útiles del secesionismo. De igual manera, cabe exigir a Ada Colau y Roger Torrent, presentes en la manifestación, que actúen de una vez en representación de todos los ciudadanos y que defiendan con nitidez el cumplimiento de la ley. Si hay políticos presos, es porque un juez de un Estado democrático les ha imputado graves delitos. Y si persiste el bloqueo no es porque haya «gente en Madrid» interesada en repetir las elecciones, tal como ha dicho Mas en una exhibición de dureza facial, sino porque los soberanistas se muestran incapaces de formar un Govern viable y respetuoso con la legalidad.