También vuelve a poner de relieve un problema fundamental: la incapacidad de avanzar en la convergencia real con las naciones más avanzadas de la Unión Europea y el riesgo de quedarse retrasada en un contexto definido por la nueva Revolución Industrial en curso.

La desaceleración del crecimiento del PIB en el III Trimestre de 2025, aunada al estancamiento crónico de la productividad, no es un mero síntoma coyuntural, sino el reflejo de un modelo de crecimiento agotado.

Es algo característico de países en desarrollo, un crecimiento basado principalmente en la acumulación de factores en lugar de en la innovación y la mejora de la eficiencia. España presenta todos los síntomas atribuidos a la denominada trampa de la renta media.

La política económica en curso y el modelo construido por ella revelan una marcada impotencia para garantizar un crecimiento sostenido y, lo que es más grave, para asegurar el aumento del nivel de vida de sus ciudadanos.

Esta dinámica declinante se verá reforzada en 2026 y 2027 cuando el incremento del PIB descienda hasta su potencial (proyectado en torno al 1.5-1.8%), paupérrimo para un país con una marcada brecha entre su PIB per cápita y el disfrutado por sus socios europeos.

Si la media del crecimiento potencial de la Eurozona (economías ya maduras) se estima que está en torno al 1,0% – 1,5%, un país rezagado con un potencial de 1,5-1,8% solo tiene un diferencial de 0,3 a 0,8 puntos porcentuales.

Con este estrecho margen, el proceso de acortar la brecha del PIB per cápita respecto a la media se prolongaría durante décadas, haciendo que la convergencia sea imperceptible para la mayoría de la población. Esta es la realidad española. ¿Por que sucede eso?

Porque los datos de productividad avanzados por el INE para el III Trimestre son lamentables.

Si la media del crecimiento potencial de la Eurozona (economías ya maduras) se estima que está en torno al 1,0% – 1,5%, un país rezagado con un potencial de 1,5-1,8% solo tiene un diferencial de 0,3 a 0,8 puntos porcentuales.

La productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo registró este trimestre una tasa interanual del -0,5%, y la productividad por hora efectivamente trabajada, del 0,3%. En términos intertrimestrales estas tasas fueron del -0,4%.

Desde 2019, la tasa media de incremento de esa variable en España fue el 0,5% versus el 1,1% en la Eurozona UE y el 1,5% en la UE.

Además, la Productividad Total de los Factores (PTF), el indicador clave de la innovación y la eficiencia, ha permanecido estancada, registrando una tasa media de crecimiento entre 2019 y 2025 del 0.5.

Para que una economía rezagada, como la española, converja, no solo debe crecer a la misma tasa que las economías más avanzadas, sino que su crecimiento, especialmente su PTF, debe ser significativamente mayor (efecto catch-up).

Un  incremento 0,5% anual de la PTF es una tasa típica o incluso baja para una economía desarrollada, pero es paupérrima para una en proceso de convergencia, lo que implica que la capacidad de la economía española para generar más valor sin inyectar más capital o trabajo ha desaparecido.

España, como se ha señalado,  está inmersa en la denominada  «trampa de la renta media» y se muestra incapaz de dar el salto que le permita converger de manera sostenida con el PIB per cápita de la media de la Unión Europea y de la Eurozona.

La responsabilidad de esta situación recae directamente sobre el Gobierno. La baja productividad no es una fatalidad cultural o un accidente geográfico; es el resultado previsible y desastroso de una mala política económica.

El Gobierno social comunista actual ha demostrado una negligencia estratégica inaceptable al priorizar el gasto improductivo y el reparto de subsidios sobre las reformas estructurales profundas que España necesita para competir en el siglo XXI.

Se ha perpetuado un marco regulatorio anquilosado y asfixiante que penaliza la inversión, la escalabilidad empresarial y la asunción de riesgos.

La asfixia fiscal a las empresas, la constante inseguridad jurídica y una legislación laboral diseñada para la rigidez y no para la eficiencia, son el cáncer que devora la competitividad.

Se ha perpetuado un marco regulatorio anquilosado y asfixiante que penaliza la inversión, la escalabilidad empresarial y la asunción de riesgos

La baja productividad es el coste directo de la burocracia desmedida y de la falta de visión a largo plazo de unos gobernantes obsesionados con la supervivencia electoral a corto plazo.

La pretendida modernización económica se ha revelado como un fraude intelectual. ¿Dónde están los Fondos Next Generation? ¿Qué se ha hecho con ellos? Se han ahogado en la maraña maraña burocrática y en la incapacidad de ejecución gubernamental.

Y los ejecutados y pagados, un porcentaje ridículo del total recibido, ha sido asignados al sector público en su mayoría o se han disipado en proyectos sin impacto transformador, en lugar de ser canalizados hacia la digitalización real del tejido productivo o la formación de capital humano acorde a la nueva era tecnológica.

El sistema educativo y de formación profesional sigue siendo una máquina de generar ineficiencia.

Esta catástrofe productiva es el espejo de una clase política que ha elegido el camino fácil: hinchar la nómina pública y sostener un modelo de «crecimiento postizo» basado en el gasto público, en la inmigración y en el turismo, mientras ignora con irresponsabilidad flagrante la necesidad de una reconversión ambiciosa del modelo económico español.

El Gobierno es el principal culpable de que España se instale cómodamente en el vagón de cola de Europa, condenando a las futuras generaciones a un nivel de vida inferior.