Ignacio Camacho-ABC
- No hace falta un Gobierno tan caro para que el criterio sobre las mascarillas lo acaben fijando los empresarios
Para apreciar el efecto de la retirada de las mascarillas habrá que esperar un poco, pero basta leer el decreto que suprime su obligatoriedad en espacios cerrados para entender que el Gobierno ha vuelto a conducirse con la misma irresponsabilidad chapucera que caracteriza desde el principio su gestión -por así llamarla- de la pandemia. Para empezar, sigue faltando un informe preciso y con base científica que fundamente la medida. No puede haberlo en primer lugar porque falta consenso entre los expertos, y en segundo por la inexistencia de un comité asesor digno de tal nombre que oriente al Ministerio. Pero además Sanidad se inhibe de recomendar siquiera un protocolo para las empresas, delegando la opción de imponerlas o no en los lugares de trabajo mientras permite la entrada en ellos de clientes desembozados. De este modo, un trabajador puede ser sancionado en una compañía por algo que está permitido en otra incluso del mismo ramo. Y si la autoridad sanitaria carece de certidumbres para fijar un criterio no se entiende por qué los directivos de una firma cualquiera son competentes para establecerlo. Máxime cuando las condiciones de ventilación de los locales tampoco quedan sujetas a ningún patrón concreto.
En realidad, la decisión no tiene que ver con ninguna razón ni circunstancia objetiva porque es de índole puramente política. Tras haber desaconsejado su uso cuando más falta hacían y convertirlas luego en un arbitrario vaivén de cláusulas prescriptivas, el sanchismo usa ahora las mascarillas como señuelo populista: la inveterada táctica de ofrecer alguna buena noticia como válvula de escape ante una situación general crítica. Si escuchase de verdad a los epidemiólogos y médicos en los que dice apoyarse observaría una amplia corriente favorable a la cautela o al menos a la observación pausada de las tasas de incidencia. Pero el sistema de cómputo del contagio fue previamente modificado a la baja al tiempo que se ‘gripalizaba’ el virus anulando la cuarentena y se suprimían los test masivos, de manera que es prácticamente imposible contar con cifras fiables de referencia. La posibilidad de un repunte tras la movilidad de Semana Santa resulta verosímil y no hay conclusiones estables de la experiencia de otras naciones europeas: ha aumentado la infección en Francia y Austria y ha caído en Dinamarca o Gran Bretaña. Así las cosas, el Ejecutivo ha hecho lo de costumbre: desoír a los especialistas, actuar como le da la gana y echar mano de la solución más rentable en términos de propaganda.
Al final, y dado que con tres vacunas generalizadas el Covid es ya más contratiempo que amenaza, tendrán que ser los ciudadanos quienes como siempre evalúen por sí mismos la pauta más sensata. Con alta probabilidad lo harán mejor que el Gobierno pero para eso no hace falta una estructura jerárquica tan cara. En cualquier acepción de la palabra.