Pues se crecerían. Obviamente. Es decir: se sentirían legitimados en todo lo que hicieron (¡teníamos razón!, dirían a los suyos, y aquí está la prueba).

Pero el gran golpe legitimador llega ahora: transferencia de los impuestos al 100%. Es decir: ruptura de la igualdad fiscal, introducción ilegal de un criterio que solo una disposición constitucional podía plasmar en nuestro Ordenamiento para no conculcar el artículo 14 de la Constitución.

Así se hizo en la Constitución con el “cupo vasco y navarro”, que es heredero, no hay que olvidarlo, de una sucesión de terribles y crudelísimas guerras civiles que llenaron de sangre el siglo XIX español.

Esa herencia se introdujo y legitimó en la Constitución. Había que hacerlo porque, de otra manera, nunca se hubiera podido integrar en el ordenamiento jurídico español, porque, insisto, quiebra el referido principio de igualdad fiscal y hace distintos de los demás a parte de los ciudadanos españoles. Por eso una ley ordinaria que se aprobará en Cortes sería inconstitucional, y con absoluta seguridad sería recurrida. Para integrarla en el ordenamiento habría que hacer una reforma constitucional… y eso es imposible, porque el PSOE y etcétera nunca lograrían la mayoría suficiente.

Pero, soñemos. Imaginemos que la reforma legal necesaria para traspasar a la Generalitat la recaudación, gestión, inspección y liquidación de todos los impuestos sale adelante en el Congreso, el único trámite a partir de ahora en el que es posible parar la tragedia.

«Nada obliga a la conservación de la integridad del Estado si ya no hay límites políticos ni constitucionales»

Imaginemos que, inmediatamente después, se interpone recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional admite y falla a favor del recurso. Aquí, la esperanza estaría puesta en Cándido Conde Pumpido, constantemente insultado por fanáticos de la “derecha”.

¿Qué ocurriría en Cataluña? ¿Alguien duda de que no se produciría un verdadero levantamiento de consecuencias imprevisibles, y en todo caso una enorme alteración del orden público y de las condiciones mínimas de convivencia? ¿Alguien lo duda? ¿Se han olvidado ya las consecuencias de todo tipo, parte de ellas aplazadas, que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía?

Supongamos, sin embargo, que el Tribunal Constitucional concluye que la ruptura de la igualdad fiscal se adapta perfectamente a la Constitución. Es decir: que sus magistrados decidieran traicionar la Constitución.

¿Qué sucedería a continuación? Que todo estaría consumado.

Ya no faltaría ningún paso material que dar, pues Cataluña cuenta con una estructura institucional estatal completa a falta únicamente de la financiación autónoma que ahora se le entrega a la minoría independentista catalana. Sólo habría que convocar referéndum y declarar la independencia. Porque, si el Gobierno ha modificado el Código Penal a gusto del independentismo, les ha concedido una muy discutible amnistía y entregado la financiación, no va ahora a negar el referéndum.

Y mientras ese momento referendario llegara, todos los años, todos, en el momento en que la Agencia Catalana liquidara los impuestos al Estado, lo haría a la baja con la cuota estatal, con lo que se terminaría todos los años en los tribunales tratando de determinar la cuota en cuestión. Todos los años, con el consiguiente conflicto político y judicial, mientras la minoría catalana independentista se va convirtiendo en mayoría a base de manipulación argumentaria. “España nos roba”, dirían los que robaron.

¿Existe alguna posibilidad de que las cosas no transcurran como se acaba de indicar? Ninguna, si no se paran en las Cortes las reformas en materia de financiación.

Estamos asistiendo al último acto. Se destruye el Estado unitario y no hay posibilidad de evitarlo porque todos los límites han caído. Especialmente cuando el otro gran partido político, el PP, se ha dedicado en los últimos (muchos) años a destrozar el poder judicial, transmitiendo así la idea de que la desobediencia a los mandatos constitucionales carece de consecuencias.

Así, si “ellos” han acabado con toda posible fiabilidad de un poder del Estado (el judicial), ¿por qué “nosotros” no vamos a terminar con el Estado español, tal y como hoy lo entendemos? Nada obliga a la conservación de la integridad del Estado si ya no hay límites políticos ni constitucionales; si ya el Estado, esa gran construcción que es capaz de asegurar la paz interna, únicamente sirve para ser desmantelado.

¿Van a contemplar los políticos socialistas, excepto Emiliano García-Page, y sin ni siquiera fruncir el ceño, que todo esto suceda? ¿Van a hacer lo mismo que los políticos de la derecha con el poder judicial? ¿Es que están todos ciegos?

*** Francisco Javier Álvarez García es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III.