Las fuerzas separatistas llevan mucho tiempo haciendo pivotar sus objetivos sobre la permanente amenaza de un referéndum. Que ahora valoren seriamente la opción de adelantar su celebración responde a una estrategia orientada a utilizar el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau –que arranca el próximo 6 de febrero– como una herramienta para explotar el victimismo y relanzar en la calle su quimérico proyecto separatista. Ese día, el ex presidente de la Generalitat, la ex vicepresidenta y la ex consellera de Educación se sentarán en el banquillo acusados de desobediencia y prevaricación por la consulta del 9-N. El propio Mas, en una actitud entre cínica y chulesca, justificó que el Gobierno catalán anime a sus funcionarios a cogerse el día libre para acudir a las puertas del tribunal y expresarle su apoyo. En este punto de disparate y de surrealismo ha encallado la política catalana.
La voluntad de Junts pel Sí, condicionada por las exigencias de la CUP, es la de acelerar el choque con el Estado. El ridículo de Puigdemont y Junqueras en su último viaje a Bruselas –donde no fueron recibidos por ninguna autoridad comunitaria– y el escándalo generado tras las revelaciones de Santi Vidal –investigado por la Fiscalía tras denunciar prácticas ilegales de la Generalitat para impulsar la independencia– han hecho mella entre las formaciones separatistas. A ello hay que sumar el chantaje al que la CUP somete al Govern, desde el veto a Mas y la investidura in extremis de Puigdemont a la cuestión de confianza a la que éste se vio obligado a someterse hace cinco meses. No es extraño, por tanto, que la amenaza de adelantar el referéndum se haya producido justo después de confirmarse el apoyo de la formación ultraizquierdista a los presupuestos catalanes para 2017. Fue la CUP también la que impuso el plazo de 18 meses desde el arranque de la legislatura en Cataluña para consumar la separación del Estado.
La portavoz del Govern, Neus Munté, no tuvo empacho en asegurar ayer que la fecha de la consulta «está al servicio de la estrategia», mientras Oriol Junqueras subrayó que precipitar el referéndum «sería la mejor respuesta» si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acaba inhabilitando a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Junqueras también desveló que el Ejecutivo catalán dispone de los datos fiscales para asumir la gestión directa de los impuestos desde la Hacienda catalana. Se trata de una confesión de extraordinaria gravedad porque la única manera de que la Generalitat acceda a los datos fiscales de los catalanes es mediante métodos que quebrantan la ley. El vicepresidente catalán, por tanto, debe disipar cualquier sombra de sospecha en esta cuestión.
El referéndum será un acto ilegal y un simulacro sin validez jurídica, sea cual sea su fecha de celebración. Pero la porfía de la Generalitat en mantener la senda de la desobediencia acentúa su conducta abiertamente contraria al ordenamiento constitucional.
Es evidente, a la luz de los hechos, que la operación diálogo del Gobierno se ha frustrado por la deslealtad de las autoridades catalanas. Urge que el Estado articule una respuesta firme y proporcional al desafío separatista. Y ello pasa, tal como el Gobierno ha admitido a EL MUNDO, por la adopción de «medidas drásticas» que, dentro del marco legal, puedan hacer frente al embate planteado por el independentismo catalán. Nunca es tarde para defender la soberanía nacional y la igualdad de los españoles.