Me imagino al ínclito Óscar Puente, quién sabe si el mismo ideólogo del eslogan, por qué no, con media sonrisa satisfecha frente a la lona ya impresa.

El juego de palabras, la gracieta de Puente, no es una genialidad, sino la sublimación de ese aire soberbio que tanto predica el ministro.

Un estilo reconocible, para lo malo, pero que es una ramificación más de la calamitosa gestión que evidencia el gobierno de Pedro Sánchez.

¿O acaso no tiene usted también la sensación, cuando no la certeza, de que España es un país cutre?

El caso de los trenes es especialmente paradigmático.

Según los informes sectoriales y los datos de transparencia del mismo Ministerio de Transportes, en 2024 un total de 275.481 trenes sufrieron algún tipo de incidencia o retraso a lo largo del año.

Echen la cuenta: casi 600 trenes al día.

El caos de los trenes no ha sido un accidente puntual, sino la consumación de una crisis de infraestructura. Por ejemplo, la entrada de los nuevos trenes Avril (serie 106) ha estado marcada por averías constantes que han destrozado la puntualidad del corredor noroeste.

A esto se suma la inseguridad física de las instalaciones. Según Adif, se han registrado casi 4.500 incidentes de robo de material eléctrico en la última década.

El repunte crítico en 2025 paralizó líneas enteras, como el colapso de la línea Madrid-Sevilla en mayo de ese año, que dejó a 16.000 pasajeros tirados por falta de tensión en la catenaria.

Sí, el sistema ferroviario español, otrora orgullo de la marca país, es el epítome de la decadencia estructural del país, asentada ya en la incompetencia, la gestión ideológica y el desprecio al ciudadano desde hace más tiempo del que nos gustaría reconocer.

La propia Adif ha registrado pérdidas de 215 millones de euros en septiembre del 25, mientras que la deuda asciende a los 20.019 millones de euros.

Es difícil no ensañarse cuando las arterias que hacen funcionar un país se desangran por una gestión que oscila entre la incompetencia y el choteo al ciudadano.

Porque España incumple su parte del contrato social. Esto es, nosotros pagamos, el Gobierno provee con garantías.

Y no, no sólo por los trenes.

«En esta España cutre una de las principales banderas de la degradación es que la seguridad jurídica de la propiedad privada ha saltado por los aires»

Porque en esta España cutre, el Sepe es prisionero de una inoperancia tecnológica sonrojante. El sistema informático implantado a finales de 2024 ha necesitado más de 160 «retoques» de urgencia por fallos de usabilidad.

La consecuencia es aterradora. Una caída constante de la sede electrónica que ha impedido tramitar subsidios de desempleo, dejando a miles de familias sin ingresos durante semanas.

En esta España cutre, la justicia encadena retrasos y desde las huelgas de 2023, el colapso es crónico.

En regiones como Andalucía o Galicia, los juzgados de lo Social están fijando juicios por despido para el segundo semestre de 2027 o principios de 2028. Obligar a un trabajador o a la empresa a esperar dos años para saber si el despido fue legal es, en puridad, negarle la justicia a ambos.

Pero hay algo más grave que el tiempo perdido: la vida perdida.

El sistema de Dependencia es, hoy por hoy, una vergüenza nacional.

En 2025, fallecieron 25.060 personas mientras esperaban que se tramitara su prestación, una media de una persona cada quince minutos.

Con tiempos de espera que en Cataluña o Canarias superan los quinientos días, el Estado sigue mostrándose como el paladín de causas justas cuando en verdad es un burócrata que firma actas de defunción por omisión.

¿Seguimos?

En esta España cutre la Seguridad Social ha decidido, por la vía de los hechos, que el ciudadano es un estorbo.

El sistema de cita previa se ha transformado en un embudo burocrático que ha dado pie a situaciones propias de una distopía o de un mercado negro de posguerra. En septiembre de 2025, se denunciaron redes que vendían citas para jubilaciones por hasta cien euros.

¿Por qué?

Un reciente informe de los gestores administrativos reveló que el 80% de los trámites carecieron de cita disponible en algún momento entre 2024 y 2025.

«El Estado sigue mostrándose como el paladín de causas justas cuando en verdad es un burócrata que firma actas de defunción por omisión»

Mientras tanto, el Ingreso Mínimo Vital sigue siendo un espejismo. La AIReF señaló en julio que sólo llega al 30% de sus beneficiarios potenciales.

La complejidad de los formularios y los requisitos actúan como una barrera infranqueable, mientras el sistema se dedica a reclamar «cobros indebidos» de años anteriores a familias que no tienen nada.

Sigo, que ya queda menos…

En realidad, no.

En esta España cutre una de las principales banderas de la degradación es que la seguridad jurídica de la propiedad privada ha saltado por los aires con la okupación.

Los datos son adamantinos. En 2024 se registraron 16.426 casos de usurpación y allanamiento, un aumento del 7,4% respecto al año anterior. Pero lo más alarmante no es la cifra, sino la impunidad temporal.

El tiempo medio para desalojar a un okupa en España ha alcanzado los 23,2 meses si sumamos los procedimientos en los Juzgados de Primera Instancia y las apelaciones en las Audiencias Provinciales.

En septiembre de 2025, portales inmobiliarios como Idealista contabilizaron más de 23.000 viviendas afectadas por procesos de okupación que salían al mercado con descuentos agresivos porque sus dueños, sencillamente, se habían rendido.

Aunque en abril del mismo año se promulgó una Ley Antiokupas prometiendo desalojos en quince días, la realidad de los juzgados colapsados hace que esa promesa suene a sarcasmo.

¿Y la Sanidad?

La gestión sanitaria se enfrenta a una crisis de personal estructural que ha estallado en los últimos dos meses. Sindicatos como CESM y AMYTS han convocado huelgas masivas exigiendo un Estatuto Marco propio. Denuncian que la reforma de 2025 fue un brindis al sol que no frenó la fuga de profesionales.

Hoy, la espera para el médico de familia supera los doce días en varias comunidades, provocando que las urgencias hospitalarias operen al 140% de su capacidad. Los médicos están exhaustos, y el sistema, al borde del infarto.

Y además, la gestión de la dana.

Y el apagón.

Y el fallo masivo de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad con la risa de Ana Redondo.

Y la asfixia a pymes (el 97% de empresas en nuestro país son de esa categoría) con políticas de trabajo y contratación absurdas que evidencian el desconocimiento total por parte del Gobierno de lo que es montar y hacer prosperar una empresa.

Y Correos, con déficit económico, subidas de tarifas del 19% para 2026 y una litigiosidad laboral extrema.

Amén de las noventa y dos infracciones abiertas por parte de la Comisión Europea por no adaptar normas sobre ciberseguridad o conciliación y que supondrán multazos considerables.

Y, cómo no, el CIS de Tezanos, que pagamos todos desde hace casi una década.

¿Que para qué sirven los Presupuestos Generales del Estado?

Así pues, no se sienta mal si tiene la sensación de que en España nada funciona.

Porque es cierto. La decadencia crónica de un modelo de gestión prisionero de un sesgo ideológico es real.

Y no se haga ilusiones con una regeneración exprés. Pues levantar, aunque sea mínimamente tamaña estructura, llevará años y nos saldrá carísimo.

Y si alguien se queja, dígale: «Disfruten las mejoras».

*** Andrés Ortiz Moyano es periodista y escritor.