España se encamina a un Estado fallido, neo feudal, con las autonomías convertidas en feudos gobernados por élites extractivas, algunas belicosas, alimentando las desconfianzas mutuas que se afirman por oposición a la Nación española, a su integridad, apropiándose de trozos de soberanía, recursos, poderes y competencias. La lógica de esta forma de proceder es implacable: “fragmentación versus unidad” (lo mío es mío e intocable y cada cual se afana por obtener lo máximo de lo común). La continuación de este modelo abierto, grano a grano, conduce a un Estado residual en las distintas autonomías. Este proceso no es inocuo, sino que comporta además el incremento de divisiones, tensiones, conflictos e ineficacia. Es el efecto funesto de la división.

La experiencia histórica indica que el sacrificio de la unidad nacional, como está sucediendo, beneficia a élites políticas y económicas y perjudica a la mayoría de la población. Así lo viene indicando el Rey constitucional, jefe del Estado, apelando siempre a la unidad, a España como proyecto común de presente y futuro con profundas raíces históricas. Pero la deriva del presente, por la incuria e irresponsabilidad de los partidos nacionales, opera en sentido contrario. Ya no es España sino las comunidades autónomas el sujeto del debate político, de las cuitas del juego de los intereses, de los cambalaches económicos, de los juegos bajo la mesa para obtener ventajas, de tratos bilaterales, de vacuas reuniones de presidentes…

Así lo atestiguan noticias actuales. Veamos algunos casos en la prensa del 29.07.2021, en los preparativos de la XIV Conferencia de presidentes que se celebrará en Salamanca el 30.07.2021 a la que no acudirá el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, pero si Íñigo Urkullu que hábilmente ha condicionado su presencia en la conferencia después de obtener de Sánchez el traspaso de tres competencias y recursos económicos adicionales.

—“Urkullu acudirá a la Conferencia de Presientes tras lograr un acuerdo para recaudar más impuestos” (La República).

—“La última concesión a Urkullu calienta aún más la cumbre de presidentes autonómicos” (El Confidencial, 29.07.2021). “Suma y sigue: Íñigo Urkullu exigirá ahora a Pedro Sánchez la gestión del ingreso mínimo” (Vozpópuli).

—“Sánchez pone en pie de guerra a las Comunidades por agradar a Urkullu y Aragonés”, “las tensiones con las Comunidades Autónomas estallan de un lado para otro” (Esdiario).

—“La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrece personar 1.024 millones de euros (ME) a la Generalidad catalana si apoya los presupuestos de 2022”. “Cataluña es clave en el perdón de 3.900 ME, ofrecidos por la ministra de Hacienda a todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera” (El Mundo).

—“Chantaje de Hacienda a las comunidades: condiciona el pago de 3.000 ME a los nuevos presupuestos” (La Razón).

En esto ha devenido la España autonómica, cuando al inicio de la Transición pensábamos que era una forma de descentralización territorial, propia de los Estados unitarios, como correspondería a España por historia y Constitución. En efecto, la Ley de leyes establece de forma inequívoca que la soberanía de la Nación es única e indivisible, que corresponde al pueblo español, en su conjunto indiviso, la titularidad única de los poderes y competencias del Estado.

En la España actual no tienen cabida las diputaciones, cuando son las unidades electorales básicas, y muy poco los ayuntamientos, excepto para noticias de sucesos

Con relación a la descentralización del Estado, conviene recordar que el modelo territorial del Estado constitucional es tripartito: el Estado unitario español “se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas…” (art. 137 CE). En la España actual no tienen cabida las diputaciones, cuando son las unidades electorales básicas, y muy poco los ayuntamientos, excepto para noticias de sucesos e incluso en estos casos las noticias se refieren a las autonomías donde han sucedido. Hay que buscar en la prensa, con poco eco mediático, para encontrar que “los ayuntamientos deben 979 ME a proveedores desde hace 70 días, el doble del límite legal” (El Independiente, 29.07.2021).

El orden constitucional ha sido distorsionado progresivamente hasta la desnaturalización por la beligerancia de los nacionalistas antiespañoles, catalanes y vascos, que han logrado imponer su modelo de poder feudal transformando el modelo inicial de descentralización autonómica. Han logrado adaptar el modelo territorial, constitucionalmente abierto, a sus intereses segregadores contaminando el resto del modelo autonómico. Lo han hecho a través de los estatutos de Autonomía y otras cesiones oportunistas del Estado con el concurso de los gobiernos de la Nación y de las Cortes Generales, donde los votos de los nacionalistas eran, y continúan siendo, determinantes para las mayorías de PP y PSOE.

El orden constitucional

Durante 40 años, los partidos nacionales no han sido capaces de excluir a las formaciones regionalistas de las Cortes que constitucionalmente representan al pueblo español en su conjunto (art. 66.1), exigiendo como condición de representatividad nacional la implantación de los partidos al menos en el 60% de las provincias españolas. Ha contado también con la cooperación necesaria del Tribunal Constitucional, habida cuenta de las dependencias políticas de sus miembros. Llama la atención en sus pronunciamientos el deslizamiento hacia lo diferencial en detrimento de la unidad, fundamento nuclear del orden constitucional.

Es difícil entender en las sentencias del TC sobre los nacionalismos vasco y catalán la morosidad, circunloquios e incluso contradicciones en cuestiones identitarias, lingüísticas y culturales. Ha carecido de asertividad, como ha hecho el Constitucional francés al vetar la inmersión lingüística al proclamar que la lengua de la República es “el francés”, y eso que en Francia hay hablantes de bretón, corso, provenzal, occitano, catalán, francoprovenzal…El art. 3 de la CE no ofrece dudas: el castellano o español como lengua oficial es sujeto de derechos y obligaciones, es propia de toda la Nación y vehículo preferente de comunicación. Se ha dejado hacer a los nacionalistas con el efecto de exclusión del español en sus feudos, con el quebranto de derechos y obligaciones. Y seguimos mirando para otro lado.

A ahora veremos al “su Sanchidad” reunido en Salamanca con los “nobles” de “su reino” con gran aparato de banderas. ¿A dónde nos conduce todo esto?