Transportistas y gente del campo son los teloneros de protestas fraguadas durante la pandemia. Y al Gobierno se le viene encima la España real. En el mercado informativo cae el postureo político y suben las cosas de comer. 

Los tractores van a tomar el paseo de la Castellana este fin de semana. Pero ante las demandas del sector agrario apenas serán sentidas en el Gobierno como la enésima e incómoda dosis de recuerdo de una penosa asignatura pendiente. 

Además, el oficialismo (Moncloa, CEOE, UGT, CC OO) toca la lira en el sexto día de la huelga de los camioneros por supuesta falta de representatividad de la llamada Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte.

Ningún sector quiere quedarse atrás, como ya ocurre a muchos españoles por efectos económicos del covid, inflación disparada antes de la guerra de Putin, unos PGE divorciados de la realidad y expectativas de crecimiento a la baja. 

Con Sánchez de gira europea en busca de arropamiento frente a los nubarrones económicos, el que no le presta una parte de su propio Gobierno, Moncloa se lo toma con cierta calma. Peor aún, no atribuye el cabreo de los transportistas a la subida del precio de los carburantes, sino a una conspiración del odio alentada por la ultraderecha. Así que lo ha convertido en un problema de orden público. En vez de mandar a dos o tres negociadores, manda a 24.000 agentes del orden.

El Gobierno convierte el conflicto de los camioneros en problema de orden público. En vez de negociadores manda a 24.000 agentes 

Mire usted por donde el Gobierno —sin pretenderlo, supongo— infla las velas de Vox cuando le acusa de agitar a los transportistas con intenciones desestabilizadoras. Después de que el partido de Abascal se desmarcase de las negociaciones parlamentarias por un plan de país contra las consecuencias de la guerra en Ucrania, Moncloa le está reconociendo implícitamente el acierto de colocarse en la España real. 

El conflicto de los camioneros está creando graves problemas de desabastecimiento que afectan gravemente al consumo de las familias. No solo. El kilómetro cero también afecta a los procesos de fabricación. Si no hay salida para las mercancías, con centros logísticos, lonjas y mercados centrales inactivos o bloqueados, carece de sentido producirlas en origen. 

El Gobierno solo muestra voluntad negociadora con quienes no convocan el paro y representan teóricamente a las asociaciones mayoritarias. Y uno se pregunta cómo es posible que una minoría convocante azuzada por Vox sea capaz de paralizar las cadenas de distribución de mercancías hasta el punto de hacer necesario el envío de 16.746 guardias civiles y 7.122 policías nacionales para garantizar la circulación de las mercancías e impedir la actitud violenta de los piquetes «informativos». 

Los analistas más audaces hacen indebidas comparaciones con la huelga del transporte contra el Gobierno de Allende (Chile, 1972) 

Confiemos en que el telediario no nos haga pasar un mal rato por algún incidente indeseable en este pulso con piquetes amparados en una normativa indulgente con los violentos frente a las fuerzas de orden. Entretanto, una pregunta inocente: ¿Tanta molestia por la capacidad movilizadora atribuida por Moncloa a un pequeño grupo de «fachas»? 

Los analistas más audaces ya aventuran un paralelismo con la subversiva huelga patronal del transporte contra el Gobierno socialista chileno de Salvador Allende en octubre de 1972. No conviene malversar el valor de las analogías históricas como método para descifrar el presente, aunque en ese error cae el propio equipo de Sánchez cuando apunta a perversas fuerzas desestabilizadoras que «intentan someter al país», en palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.