El pasado domingo, 12 de julio, con motivo de un viaje a Madrid desde León por carretera tuve la desagradable experiencia de toparme con un gigantesco atasco a la altura de Benavente, con retenciones de más de una hora provocadas por obras en la autovía A-6. Con las máquinas paradas en el arcén, los trabajos de asfaltado parecían haber terminado pero la circulación seguía circunscrita a un solo carril. Bastantes kilómetros después, el atasco volvió a reproducirse a la altura de Arévalo a cuenta de la rehabilitación de un puente sobre el río Adaja. Hace un par de domingos tuve que transitar por la A-1, dirección Burgos, para volver a probar el trazado suicida de una carretera que más que autovía es un peligroso tobogán, con cambios de rasante vertiginosos, curvas mal peraltadas, firme calamitoso y riesgo evidente de accidente grave si a uno se le ocurre pisar el acelerador. Hace poco más de un mes, me tocó vivir una aventura que roza lo surrealista en el AVE Barcelona-Madrid. Mi tren quedó varado al caer la tarde a la altura de Calatayud sin más explicación. Una azafata vino al cabo del tiempo a explicarnos que la avería no tenía arreglo y que debíamos esperar la llegada de un convoy de auxilio procedente de Madrid que nos llevaría, vaya usted a saber la hora, hasta Atocha. Intenté protestar tímidamente desde mi asiento, pero las miradas cargadas de reproche de quienes me rodeaban me indujeron a callar. Me impresionó el conformismo, más bien la servidumbre, de quienes compartían aventura. Ni una protesta. La llegada del verano, con el consiguiente incremento de la movilidad, ha vuelto a poner de manifiesto el lamentable estado de conservación de nuestras infraestructuras. Pero todo el mundo parece acatar el desastre con mansedumbre. España es un país de ciudadanos resignados.

Esta última semana se han vuelto a multiplicar las quejas por los retrasos del AVE. El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, presentó a mediados de marzo un informe que cifraba en 55.000 millones el déficit de inversión en infraestructuras, advirtiendo que la brecha respecto a Europa alcanza los 19.000 anuales (1,4% del PIB), una situación que lastra la competitividad, el crecimiento económico y el mantenimiento de servicios esenciales, además de poner en peligro la vida de millones de españoles. Según el IEE, en 2007 la inversión alcanzaba los 28.000 millones (2,4% del PIB), mientras que en los últimos años apenas llega a los 13.000 (1% del PIB), pese a que el PIB general ha crecido más de un 20% en la última década y la recaudación tributaria se ha disparado por la tenaza sobre el contribuyente de una Agencia Tributaria convertida en la única institución que funciona en este país. El retraso -o atraso- de España respecto a sus socios a la hora de cuidar sus infraestructuras es evidente: mientras que la inversión pública en la UE promedia el 3,4% del PIB, España ronda el 2,7%. ¿Resultado? España es un camino de cabras.

El último informe de Sumauto sostiene que casi 8 de cada 10 conductores perciben un deterioro muy peligroso del firme de las carreteras, alertando de que la falta de mantenimiento está comprometiendo la seguridad vial. Según esta plataforma, la mitad de las carreteras y autovías españolas presentan deficiencias graves en cuanto al estado del asfalto, lo que aumenta la siniestralidad al reducir la adherencia de los neumáticos. El mantenimiento de las infraestructuras es un asunto central a la hora de evaluar el talante de los gobernantes y la calidad de su gestión pública. Mantener infraestructuras en buen estado exige la dotación de importantes sumas de dinero público para un tipo de políticas que no suelen añadir ningún brillo al currículum vitae del líder populista más proclive al espectáculo del corte de cintas que a la buena gestión, por lo que el Gobierno de turno carece de incentivos para dedicar tiempo y recursos a la conservación de las infraestructuras. Todo agravado por la realidad de un Gobierno que no gobierna, un Gobierno abrasado en una legislatura muerta, obligado casi en exclusiva a preocuparse por satisfacer las demandas de los socios que le mantienen en Moncloa más que de las muertes que provoca la falta de mantenimiento de la red ferroviaria de alta velocidad (pongamos que hablo de Adamuz) o de las 1.119 personas que perdieron la vida en las carreteras españolas en 2025 (por no mencionar las más de 4.900 que sufrieron heridas graves que requirieron hospitalización).

Sensación de que nada funciona. No hay dinero para comprar hidroaviones, ni para dotar a Vigilancia Aduanera de los medios adecuados para luchar contra las narcolanchas, ni para encauzar los barrancos del Poyo de nuestras torrenteras. No hay dinero para mantener las vías de alta velocidad, ni para asfaltar las carreteras, ni para hacer trazado nuevo en las viejas autovías de los setenta que penosamente siguen en servicio, ni para gestionar adecuadamente los aeropuertos, ni para pagar a maestros y profesores lo que merecen, ni para retener a médicos que han pasado diez años estudiando la carrera y se van al extranjero… Pero sí que lo hay para subsidios de toda laya destinados a comprar votos, para satisfacer el apetito insaciable de los socios del Frankenstein (20.000 millones condonados de deuda catalana), para regalar millones a organismos desconocidos del exterior y sospechosas ONGs dedicadas a vivir del dinero ajeno. Leído en Vozpópuli este viernes: «El Gobierno recorta 309 millones de Educación para cubrir el aumento de los gastos de personal de Presidencia». Sí lo hay para que la SEPI invierta el dinero del contribuyente en empresas privadas de las que rapiñar y en las que colocar a conmilitones. La lista sería interminable. La España física no funciona y la institucional tampoco. Este Gobierno ladrón ha ocupado todas las instituciones, lo ha corrompido todo, ha mancillado todo lo que ha tocado. Lo último, la Guardia Civil, esa especie de reserva moral de autoridad en la que confiaban gran parte de los españoles.

El espectáculo protagonizado por el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, el viernes en el Senado es de los que abochornan a todo un país. Chulo, arrogante, prepotente. Imputado en el caso Leire Díez, sostiene que no va a dimitir («en absoluto») aunque sea procesado. Un tipo sin honor. Sigue el ejemplo del jefe de la banda que nos preside, acostumbrado a pasarse la Ley y la Constitución por la entrepierna y a utilizar el aparato del Estado en la defensa de su entorno amical y familiar más próximo.  Esta semana su hermano, el célebre Von Karajan extremeño, ha sido condenado por prevaricación, pero nuestro Corleone ni se ha dignado abrir la boca al respecto. Otro tanto ha ocurrido con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de enviar al banquillo con jurado popular a la prestigiosa catedrática Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia ha orillado los de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Acribillados por el fuego graneado de la «sincronizada mediática» (con Prisa a la cabeza, un grupo quebrado desde hace 20 años a quien sostiene la gran banca engolfada con Sánchez, y grupo que acaba de anunciar que deja la sede de Miguel Yuste porque no tiene un duro y se va de alquilado), los jueces se la están cogiendo con papel de fumar. Ni en su peor pesadilla se le ocurre dimitir y pedir opinión de los españoles en las urnas. No se va a ir. Y si convoca, cuando no le quede más remedio, tendrá preparada alguna estratagema o añagaza para alterar el resultado. Los nietos y su maldita Ley. El sátrapa acorralado parece tenerlo todo bajo control, hasta el punto de que nuestros Ceausescu’s se disponen a pasar cinco semanas de vacaciones en Lanzarote a cuerpo de rey. Queda por saber hasta cuándo la España de ciudadanos resignados seguirá agachando la cabeza con mansedumbre de cordero degollado.

Todos los desastres son asumibles (a la fuerza ahorcan), todo podría quedar a fin de cuentas en el agrio recuerdo de un invierno de pesadilla, pero la realidad de esta España que se acerca al abismo sin aparente capacidad de respuesta nos obliga, sin perder un minuto, sin distraernos en zarandajas, a centrarnos en la tarea capital de sacar al psicópata de la Moncloa cuando antes, una cuestión que interpela directamente a los dos partidos de la derecha, a PP y a VOX, enzarzados a menudo en absurdas disputas que suelen resultar en oxígeno de última hora para el déspota que se ahoga. Vivimos una situación de emergencia nacional. No es una novedad, cierto. Lo ha dicho mucha gente y otra tanta lo ha escrito, pero conviene repetirlo hasta la saciedad ante la evidencia de la democracia en peligro. La mitad de los españoles, como poco, no puede resignarse a vivir bajo la dictadura de la otra mitad. Y una emergencia nacional como la que vivimos reclama una solución a la altura del desafío, exige un pacto electoral entre PP y Vox (el Nuevo Frente Popular de la izquierda que patronea Sánchez lleva vigente desde 2018), quizá una candidatura conjunta sobre un pacto de mínimos con el objetivo de lograr 12 millones de votos, o 210 diputados, y volver este país del revés, acabar con la morralla del lawfare, lo woke, el género, la memoria democrática y demás basura impulsada por una izquierda radical que traviste la envidia de «justicia social» y odia la excelencia maquillando su resentimiento bajo el ropaje de la «igualdad» por bemoles. Se trata de reinstalar el imperio de la razón en el altar del Estado, volver a poner la verdad y la honradez en el frontispicio de lo público, devolver a los españoles la ilusión por vivir y trabajar y prosperar en un país que se respete a sí mismo. Experimentar la alegría de habitar en una auténtica democracia.

Porque frente a la España resignada existe otra España y es mejor, mucho mejor, infinitamente mejor. Es la España de los profesionales liberales, economistas, científicos, médicos, artistas que triunfan en todo el mundo, pero también la de los millones de españoles que madrugan cada mañana para ir a su trabajo y mantener a su familia, la de esas heroicas mujeres que trabajan fuera de casa y se ven obligadas a cuidar de los hijos cuando vuelven al hogar. Es la España de Luis de La Fuente, que hoy juega la final del campeonato del mundo de fútbol frente a Argentina. La demostración de que este es un gran país cuando dispone de líderes con sabiduría y honestidad bastante para guiarlo. Alguien escribió hace tiempo que somos «un pueblo noble que ha tenido la mala fortuna de padecer malos gobiernos». Y sí, cierto, hemos padecido malos gobiernos porque hemos elegido malos gobernantes, pésimos gobernantes desde Fernando VII a esta parte. Hemos sobrevivido a reyes felones, a reinas ninfómanas, a espadones de Loja, a anarquistas de ramo y a socialistas ansiosos de trinchera noventa años y un día después de aquel 18 de julio de 1936. Sobreviviremos. El equipo de De la Fuente es la demostración empírica de que España podría funcionar, puede funcionar si está bien dirigida, si acierta a elegir en las urnas a políticos de probada honradez (algo de inteligencia también ayudaría) dispuestos a entregar cuatro u ocho años de su vida en aras del bien común. Los españoles, y solo los españoles (no esa vergonzante UE de la que solo cabe esperar decepciones) tienen la palabra. Y que gane el mejor (es decir, España).