Sí. El callejón populista en el que nos ha metido Sánchez a los españoles es tan legislativamente perverso y ha sido tan minuciosamente diseñado, que la única esperanza que nos queda, el último bastión que puede resistir su ofensiva legal contra la legalidad son los jueces. Por esa razón anda perpetrando toda clase de artimañas para neutralizarlos. El famoso ‘lawfare’, que aparece obscenamente explicitado en el acuerdo que firmaron PSOE y Junts el 9 de noviembre en Bruselas, así como traducido en el propio texto como «judicialización política», cuando en realidad es una politización de la Justicia, ha encendido las alarmas de la judicatura en pleno por lo que tiene de atentado contra su independencia básica y porque, gracias a esa leguleya figura, cualquier juez que no se pliegue a los verdaderos prevaricadores puede acabar siendo acusado de prevaricación.

Claros síntomas de esa movilización del cuerpo judicial contra la abolición radical de la separación de poderes en la que anda conjurado el sanchismo han sido el rechazo no vinculante, pero efectivo, del CGPJ al candidato propuesto por el Gobierno, Álvaro García Ortiz, para ocupar la plaza de fiscal general del Estado, así como la anulación por parte del Supremo de la propuesta de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de la Unidad de Menores o del nombramiento de Magdalena Valerio para presidir el Consejo de Estado. Los mismos magistrados que se tragaron sin chistar el sapo de Dolores Delgado como fiscal general del Estado han reaccionado no ya solo contra los nombramientos propuestos por esta, sino contra los que quería imponer el propio Sánchez mediante un real decreto.

A todo eso se añade una reacción general, que abarca desde la Asociación Profesional de la Magistratura hasta la de Juezas y Jueces para la Democracia, contra la propia amnistía de Puigdemont y los suyos. Este hecho conjura lo que habría sido un peligro añadido al ya de por sí peligroso panorama nacional-populista en el que nos hallamos: que esa amnistía hubiera dividido al cuerpo judicial y se hubiera convertido en un tema de discusión relativizadora de su gravedad. No ha sido así. Y ese rechazo unánime pone en una situación más que comprometida al TC, que será el que tenga la última palabra. En un artículo que publicó Alejo Vidal-Quadras antes de sufrir el atentado planteaba la posibilidad de que el TC echara atrás la amnistía por consigna de un Sánchez que se lavaría las manos. Es lo que hizo Zapatero con el Estatut. Pero puede que esta vez el alumno supere en audacia al maestro. Por si así fuera, el PP debería estar ya pergeñando una recusación de Conde-Pumpido y su pandi similar a la batería de reprobaciones que hicieron caer en 2007 al magistrado Pablo Pérez Tremps.