EL MUNDO 03/03/13
· Miguel Ángel Madariaga quiere que el arrepentido Pikabea aclare el atentado que sufrió.
Miguel Ángel Madariaga Lope tiene 64 años y una batalla que no le deja dormir desde hace 34. Su rostro adusto pone cara a uno de los 326 casos de ETA sin resolver. Tiene el brazo derecho inútil y una bala en la pierna que le pita cada vez que cruza un detector de metales, pero lo que le atormenta no son los dolores constantes, sino que «la democracia» por la que se jugó la vida no señale a quienes, en una tarde nevada de 1979, le encañonaron a él y a un guardia civil que murió a su lado.
Ocurrió el 3 de febrero de aquel año. Seis meses antes, tras haber alcanzado el grado de teniente y a punto de cumplir los 30, Madariaga (Zaragoza, 1948) había sido destinado a Andoain (Guipúzcoa), quizá la plaza más difícil de España en aquellos momentos.
La tarde del atentado, un coche paró frente al cuartel. Un hombre se quedó al volante, otros dos se apoyaron en el transformador que se encontraba a 10 metros del cuartel y un cuarto se quedó detrás. «Dispararon con un cetme y un subfusil. Saqué la pistola, pero se me cayó el brazo», recuerda. Le alcanzaron en el pulmón, en la arteria, en el estómago, en la pelvis…
El guardia civil José Díaz Pérez murió y a Madariaga se lo llevaron a la Policlínica de San Sebastián. Allí lo trataron bien, dice, y allí acabó su primer y último destino. Después sería trasladado a la Clínica Universitaria de Zaragoza, perdería 25 kilos, se sometería a rehabilitación durante cuatro años, a 11 operaciones, se matricularía en Derecho, aprendería a escribir con la izquierda, recibiría un par de años de asistencia psicológica, se casaría y tendría dos hijos, ingresaría en el Cuerpo de Mutilados, donde alcanzó el grado de comandante, hasta que éste desapareció a principios de los 90 y se volvió a ver en la calle.
Su problema no es de dinero, subraya. Como víctima del terrorismo con incapacidad permanente absoluta y sin sentencia, recibió 48.000 euros, y cobra una pensión. Lo suyo tampoco es «venganza». «En el País Vasco tenéis a gente buenísima», dice. «Yo a mis hijos no les inculco odio. Sólo pido justicia». En ello está desde que en aquella habitación de la Policlínica donostiarra un vecino de Hernani se acercó a su cama y le susurró: «No te puedo decir más, pero sé que son de Hernani». A partir de ahí, Madariaga empezó a reunir pruebas para dar con quienes atentaron contra el joven guardia civil y contra él.
El sumario se cerró poco después de que se abriera, pero en 2005 Madariaga, representándose a sí mismo, aportó nuevas pruebas a la Audiencia Nacional. El sumario se reabrió, pero un año después el fiscal lo archivó otra vez porque, según sostuvo, no podía acusar a ninguna persona concreta del comando Adarra.
Entonces ya estaba sobre la mesa el extenso informe de los especialistas de la Guardia Civil que este hombre ha memorizado. En él aparece cómo en el suyo y en otros cinco atentados entre 1979 y 1980, siempre en la parte oriental de Guipúzcoa y al noroeste de Navarra, el comando Adarra se sirvió de la misma arma, una metralleta-subfusil Sten A, que no volvió a emplearse cuando fue desarticulado. También recogía cómo uno de sus integrantes, Aramburu Lete, había identificado a sus compañeros de comando: entre ellos, Kepa Pikabea Ugalde y Francisco Javier Lujambio Galdeano.
Madariaga cree que «las circunstancias» invitaban a archivar su caso. España se encontraba en plenas negociaciones entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, y la vía Nanclares como fórmula para romper la cohesión del colectivo de presos y empujarles hacia el arrepentimiento y la reinserción echaba a andar, con Kepa Pikabea (a su vez víctima de los GAL) entre sus impulsores, reconociendo además públicamente sus errores en la cinta Al final del túnel.
Desde hace un año, el comandante retirado, al que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no ha apoyado «nada», ha conseguido la ayuda de una abogada que lleva su caso sin pedirle nada a cambio. Con ella ha logrado reabrir la causa otra vez como acusación particular y con la esperanza de que la entrada de Pikabea en la vía Nanclares arroje luz sobre su historia, ya que para recibir beneficios penitenciarios tiene que colaborar con las autoridades. El preso está condenado a 192 años de cárcel por tres atentados, aunque se le atribuyen 21 asesinatos en 15 años (desde 1979 hasta 1994) desde cuatro comandos distintos. En principio, no será libre hasta 2023.
A él esta víctima le ha dirigido dos cartas solicitándole su colaboración. En la segunda, entregada en mano por Consuelo Ordóñez al director de la cárcel de Zaballa cuando la presidenta de Covite fue a encontrarse con Valentín Lasarte, Madariaga le expresaba su disposición a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y el juez para que Pikabea no recibiera una pena extra si reconocía su responsabilidad en el atentado, según cuenta. Pero arrepentirse no es lo mismo que autoinculparse ni delatar.
El juez Fernando Andreu llamó a declarar a Lete, que ya está en la calle; a Lujambio, que saldrá de la cárcel en 2014; y a Pikabea, preso en Zaballa (Álava). Los dos primeros dijeron que no participaron en los hechos y que no saben quién pudo ser. El tercero habló por videoconferencia y alegó que ahora es una «persona nueva», muy diferente de aquel «joven idealista» que empuñó las armas, y que no ve «razonable» que el juez le impute por unos hechos ocurridos hace tres décadas.
Inmediatamente después de que EL MUNDO hiciera públicas sus palabras, el juez recibió una carta firmada por Pikabea en la que afirmaba que quizá no se le había interpretado bien por su «mala comunicación» o su «nerviosismo». Que él no tiene idea de quién cometió aquel atentado y que debía quedar claro que, de haber sido culpable, «no tendría ningún tipo de duda en asumirlo».
Sospechas
Madariaga sospecha que la misiva no ha sido escrita por él, porque Pikabea firma con su nombre y apellido en castellano («Pedro José Picabea Ugalde») y porque cita la cárcel «de Nanclares» (cuando está en Zaballa).
En los últimos días, el juez Andreu ha resuelto el archivo de la causa porque cree que los indicios no son suficientes. Su abogada lo ha recurrido y pide que se interrogue a los guardias civiles que escribieron el informe sobre el comando Adarra. Ahora la Fiscalía debe decidir si apoya o no el recurso. La decisión final de dar carpetazo a la causa estará en manos de la Sala de lo Penal.
«Yo no me meto en política, sólo en justicia. A mí la vía Nanclares me parece muy bien. Pero entiendo que debe hacerse con garantías, que deben aclararse los casos, y éste es uno de los más claros. Yo me alegro de que Pikabea, como dice, pueda jugar con su hijo. Yo no he podido llevarlos en brazos», matiza. «Yo también era un joven idealista con la vida por delante, pero me la destrozó. Necesito justicia para cerrar la herida».
EL MUNDO 03/03/13