EL PAÍS, 23/9/11
La investigación constata la afición de la supuesta trama corrupta por Argentina
En su declaración como imputada el pasado martes, en sede judicial, Ainhoa Bilbao, esposa del exdirigente del PNV alavés y exdiputado foral Alfredo De Miguel, respondió a unas 16 preguntas del abogado que dirige la estrategia de defensa del matrimonio, Gonzalo Susaeta, del bufete Cuatrecasas. En una de ellas, la esposa del cerebro de la supuesta trama corrupta investigada por la justicia recalcó que su marido fue mencionado en documentación interna de la banda terrorista ETA.
«La policía dijo que mi marido apareció en unos papeles de Mikel Antza»
La trama constituyó una empresa para invertir en el ‘ladrillo’ en el sur de España
«Siendo mi marido cargo público la policía le comunicó que su nombre había aparecido en unos papeles ocupados al etarra Mikel Antza [ex máximo dirigente de la banda detenido en 2004]», afirmó la esposa del dirigente peneuvista, según la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El Juzgado de Instrucción número Cuatro de Vitoria investiga operaciones que suman más de 13 millones de euros en la causa. La instrucción apunta a la existencia de una red empresarial que cobraba comisiones ilegales vinculadas a la administración pública. También se beneficiaba de contratos de distintos gobiernos del PNV de los que, en varios casos, no consta su realización. «Soy licenciada en Químicas, con la especialidad en ingeniería industrial. No tengo formación jurídica, desconozco las obligaciones contables de las sociedades», apuntó Bilbao, administradora de Kataia Consulting, principal «empresa pantalla» de la trama, según la instrucción
«En Kataia no realizaba ninguna administración efectiva», aseguró. «Sabía que en la empresa estaba mi cuñada, Aintzane de Miguel [también imputada] llevando la contabilidad, y mi madre. […] No tenía establecido un sueldo como administradora, decidí que la cantidad que me podía corresponder la recibiera mi madre, que me ayudaba en el cuidado de mis hijos», añadió. La Ertzaintza ha encontrado en poder de la trama abundante documentación explicando como metían gastos en la empresa para simular una actividad normal y no levantar sospechas.
Bilbao dijo también que le «suena» que, junto a su marido y al constructor Jon Iñaki Echaburu, imputado, iban a constituir una empresa para realizar inversiones inmobiliarias en el sur de España, Diru Kapital. Aunque ella afirma cree que «se echaron para atrás y no se llegó a constituir», la empresa fue creada en octubre de 2007, con el constructor Echaburu como accionista único. El último informe policial sobre el caso constata que incluso se abrió una cuenta para ello, que recibió pequeñas cantidades a nombre del constructor y la esposa de De Miguel, pero poco después terminó siendo cerrada. El citado informe incluye otra mención al interés de la trama por el ladrillo en el sur de España antes de que estallara la crisis: una compañía administrada por otro constructor imputado, Prudencio Hierro, quiso entrar en un negocio de la mano de Echaburu para edificar 160 viviendas en Mijas (Málaga).
Bilbao fue interrogada también sobre un viaje a Sudamérica que realizó junto a su esposo, el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco, Xabier Sánchez Robles, y su esposa, la parlamentaria del PNV, Miren Josune Gorospe. «Conozco a Xabier Sánchez Robles porque estuvimos en Argentina juntos en 2006, creo recordar. Somos amigos y Javier y mi marido son amigos desde hace tiempo». «En mi grupo de amistades existen más cargos públicos», añadió en una pregunta formulada por su letrado.
La afición de la trama por Argentina queda constatada a lo largo de la investigación: Sánchez Robles y el también imputado exedil en Leioa Iñaki San Juan, administrador de Errexal, viajaron a Mendoza en el marco de un proyecto por el cual la citada empresa cobró cerca de 11.000 euros. Existe además una transferencia casi 10.000 euros a una entidad financiera argentina, Montemar, en cuyo concepto solo aparece «Kataia Consulting Aintzane», realizada en junio de 2007.
EL PAÍS, 23/9/11