IGNACIO CAMACHO.ABC
Soslayar la Constitución y el Estatuto es una declaración implícita de desobediencia. La de la investidura fue expresa
NI acatamiento de la Constitución… ni del Estatuto. La constitucionalidad de las competencias de gobierno de Kim Jong Torra, como le llama Herrera, está subsumida en el marco estatutario catalán, que al menos como presidente está obligado a hacer suyo. Al rechazarlo, o soslayarlo, el Señor de las Bestias avanza una actitud de desobediencia que ya anunció en su primer discurso. La autonomía está oficialmente superada para el separatismo y su núcleo duro. El precedente de Puigdemont, que usó la misma fórmula, no resulta precisamente tranquilizador como declaración de intenciones; más bien demuestra la conveniencia de no restar importancia al asunto. Porque, sea o no legal el procedimiento de la toma de posesión –y si no lo es, o puede no serlo, el Estado tiene la obligación de interponer recurso–, sugiere una voluntad diáfana de mantener el envite sin doblar el pulso.
Eso es lo que nos espera. Provocaciones, bravatas, humillaciones planificadas según un medido ritual de la ofensa. Los soberanistas han puesto incluso nombre a la estrategia: bifurcación, es decir, agravios simbólicos altisonantes y decisiones efectivas discretas, con cuidado de no pisar las fronteras normativas que conducen a Estremera. Burlar el espíritu de la ley y moverse entre sus resquicios ateniéndose a su letra pequeña. La nueva fase del desafío se basa en transgresiones de baja intensidad que mantengan la insubordinación como apariencia; un limbo político de agitación institucional y de inobservancia marrullera. Retos y chulerías formales al gusto de su clientela para dibujar la sensación de resistencia y consolidar la idea de legitimidad independiente hasta que llegue el momento de volver a echar el carro por las piedras.
Si el Gobierno y los partidos constitucionalistas caen en esa trampa se meterán en un (otro) lío. Aguardar a una vulneración expresa de la ley para tomar medidas equivale a ceder otra vez la iniciativa a los secesionistas e ir de su ronzal por un laberinto. A este respecto resulta necesario recordar que el artículo 155 no es punitivo sino político, y que la voluntad política no la establecen los tribunales sino los poderes legislativo y ejecutivo. La declaración expresa de Torra de retornar a la legalidad paralela de septiembre, y la implícita de ignorar la Carta Magna y el Estatut, constituyen motivo suficiente para que sea requerido al orden del interés general, conforme a lo dispuesto en dicho artículo, y a clarificar sin sombra de duda ni de ambigüedad sus objetivos. Si el nacionalismo quiere bifurcar sus caminos debe saber desde el primer momento que ambos le conducen al precipicio. Su propósito desestabilizador es tan manifiesto que si el Estado dispone de un instrumento para revertirlo lo ha de poner sobre la mesa ya mismo. La experiencia de octubre debería enseñar que las amenazas y las advertencias carecen de sentido.