La euroorden funciona en Londres

El pasado martes, el juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, sir David Foskett, rechazó el recurso contra la extradición de Raúl Fuentes Villota. La sentencia significa que todos los casos de terrorismo de ETA en Reino Unido, salvo uno por pertenencia a Jarrai cuando no era ilegal y otro de kale borroka, han sido fallados en favor de la Audiencia Nacional española.

Los abogados de Fuentes pedirán al juez permiso para recurrir al máximo tribunal de apelación, el Supremo. Incluso si Foskett lo concede, el Tribunal Supremo debe decidir si lo planteado por los abogados de Fuentes es un asunto con relevancia jurídica y nunca ha considerado que tal asunto existía en casos de ETA. Tras esa negativa, se procede a la extradición.

Autoridades españolas se quejan, sin embargo, de la tardanza de los tribunales británicos o del entrometimiento en cuestiones que no les corresponden, según la decisión marco europea. Hace unos días, dos policías escoceses que planearon la, según sus palabras, inocua detención de Beñat Atorrasagasti en Edimburgo en 2012, fueron galardonados con la medalla al mérito policial en la Embajada española en Londres. Pero los jueces son distintos.

El mapa de Araca
Desde 2001, cuando la Policía de aduanas detuvo en la frontera de Dover a Iñigo Makazaga, que viajaba desde Londres a París en un autobús nocturno con un pasaporte falso en mal estado, hasta la detención en noviembre de 2012 –diecisiete años después de su fuga en libertad condicional– de Fuentes en un céntrico apartamento de Liverpool, también con documentación falsa, catorce etarras han sido arrestados en Reino Unido.

Makazaga fue identificado por la Policía española tras su detención por los británicos y se pidió su extradición por tres cargos, que incluían la participación en un atentado contra el cuartel de Araca, en Álava. Los abogados de Bimberg, Peirce & Co, que defienden a los etarras ante los tribunales de Londres, eliminaron dos de esos cargos. Demostraron que el mapa de Araca intervenido a Makazaga era en realidad un plano para guiar a un amigo hacia su casa con el objetivo de recoger una mochila antes de ir al monte.

Aquel caso fue anterior a la aprobación europea de la orden de arresto. Los trámites podían extenderse durante años, porque los tribunales analizaban si las pruebas que presentaba el demandante de la extradición se sostenían ante la exigente Justicia británica. A partir de la orden europea, ese análisis desaparece y el proceso se basa en un cotejo de la corrección de los documentos y en la mutua confianza entre los países firmantes.

A Makazaga lo defendió Edward Fitzgerald, uno de los más notables abogados de causas impopulares y de terrorismo. La representación de España corrió a cargo de James Lewis, que destacó como fiscal en nombre del Gobierno español en la demanda de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet. Fitzgerald ha representado después a etarras notorios, como Iñaki de Juana, o Eneko Gogeaskoetxea, pero la labor fiscal y de defensa han recaído en abogados menos célebres.

Hay dos razones para explicar la tardanza en las extradiciones. La primera es que, cuando el Parlamento británico, en 2003, convirtió en ley doméstica la orden europea, que sugería sesenta días desde la fecha del arresto hasta la resolución del caso, estableció que la parte perdedora en la primera instancia –que en Inglaterra es el Tribunal de Magistrados de Westminster– tiene derecho automático de recurso al Superior. Eso significaba un filtro mayor, pérdida de urgencia y, en la práctica, que abogados y jueces buscan con más parsimonia el encaje de sus respectivas agendas.

La segunda razón es que, en este tipo de casos, las defensas son pagadas por los fondos públicos de Legal Aid (ayuda legal), que permiten contratar a buenos abogados, tanto a los que hacen la labor de investigación en Blimberg, Peirce & Co como a los que presentan el caso en los tribunales. Y los buenos abogados encuentran siempre aspectos para montar un argumento.

Una orden «embellecida»
Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido limitando los motivos de recurso contra las órdenes europeas. Aceptó en los primeros meses de funcionamiento de la ley recursos de islamistas perseguidos por la Audiencia Nacional, como los hermanos Dabas o Farid Hilali, pero sus sentencias la han convertido en lo que un abogado de etarras en Londres predecía tras su introducción: «Es una orden de entrega embellecida». En el caso de Fuentes, sus abogados alegan que fue sometido a tortura y que el procesamiento en España ha prescrito. Pero la sentencia de Foskett recuerda la doctrina del Supremo: esas alegaciones son materia para los tribunales españoles.

Las fuerzas españolas de seguridad alertaban en el pasado sobre la posible conversión de Reino Unido en un territorio de retaguardia para ETA. Pero sería extraño que el grupo terrorista tuviese, tras su último comunicado, logística de armas en territorio británico. De los catorce detenidos en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, cinco lo fueron ya en 2012, la mayoría habían vivido en Reino Unido más de cinco años. Si a Fuentes Villota le niega el Supremo, como es predecible, la venia para presentar su caso, la larga saga de Antonio Troitiño y la fuga de Iñaki de Juana Chaos serían los únicos casos de ETA abiertos en los tribunales británicos.