Se trata de un mecanismo eficaz y sólido de seguridad jurídica como no se encuentra en ninguna otra región
Cuando el 1 de julio de 2004 entró en vigor la Orden Europea de Detención y Entrega (Euroorden), Europa dio un paso de gigante en materia de seguridad y justicia penal.
Quizá a algunos no les parezca así después de que el Tribunal de Schleswig-Holstein haya descartado la extradición de Puigdemont a España por la acusación de rebelión. Están en un error. La llamada euroorden es un cambio formidable en la forma de aplicar las leyes penales en toda Europa (los países miembros de la Unión la han acogido en su derecho interno).
La euroorden produce tres efectos de importancia capital: Primero, sustituye a la extradición —procedimiento clásico de detención y entrega de perseguidos— para convertirse en una relación exclusivamente entre jueces y tribunales, algo solo concebible en un espacio político en el que rige el rule of law y la separación de poderes, como lo es la Unión Europea.
Segundo, los plazos para la decisión final de entrega se reducen a 60 días (90 en casos excepcionales). Se evitan así procesos de extradición eternos.
Tercero, establece un sistema de entrega automática cuando se trata de delitos incluidos en una lista de 32 referida a los más graves y comunes.
En el caso Puigdemont ocurre que la rebelión o “alta traición” (terminología alemana) no está en la lista de los 32. Por eso hay que ir en tal supuesto a la técnica de la doble incriminación. El Tribunal del Land alemán no extraditará a Puigdemont por delito de “alta traición” porque los hechos que el magistrado Llarena plasma en su auto de procesamiento no serían considerados delito en Alemania. Es un criterio correcto. No entra a juzgar la conducta de Puigdemont (lo harán los jueces españoles), sino solo a comparar los hechos descritos en el requerimiento del magistrado con el derecho alemán. Y el resultado es negativo para la extradición por rebelión (sí podría ser positivo para la malversación si se considera a este delito equivalente a “corrupción”, que sí figura en la lista de delitos con extradición automática.
Por tanto, el auto inicial del tribunal alemán no es argumento para descalificar la euroorden. No es ningún “varapalo” al Gobierno, sino una decisión contraria a la pretensión de un juez.
El auto del Tribunal de Schleswig- Holstein hace una afirmación fundamental: Puigdemont no sufrirá persecución por sus ideas políticas si fuera entregado a las autoridades españolas. Esto desbarata cualquier especulación sobre la existencia de “presos políticos” en España —como se proclama enfáticamente desde los sectores independentistas, o sobre una supuesta no independencia judicial. España es, para el poder judicial alemán, un Estado de derecho, miembro de la Unión Europea. En esta, la euroorden es un mecanismo rápido, eficaz y sólido de seguridad jurídica y de cooperación judicial como no se encuentra en ninguna otra región del mundo.
Diego Lopez Garrido es Catedrático de Derecho Constitucional.