Europa vuelve a ser una coartada de usar y tirar en el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando ha necesitado una excusa para modificar leyes penales a su gusto –la supresión del delito de sedición, la modificación de la malversación– siempre se ha refugiado en que era una exigencia para homologarnos a Europa, aunque tal homologación fuera una falacia de La Moncloa. Cuando Europa no le conviene, el Gobierno directamente se declara en rebeldía y se enroca en la táctica que lo está presentando en Bruselas como una amenaza al Estado de derecho, con la expectativa de las próximas sentencias europeas sobre la ley de Amnistía. El Consejo de Europa también ha alertado de los graves problemas que pesan sobre la independencia judicial en España. No lo hace con lenguaje partidista ni tremendista, pero su mensaje es muy claro, similar a los informes de la Comisión Europea. Lo que el Gobierno desprecia es la existencia de un principio de legalidad europeo sobre lo que ha de entenderse por independencia judicial. Y en este principio de legalidad no encaja la elección parlamentaria de los doce jueces y magistrados que se integran como vocales en el CGPJ. La última renovación de este órgano constitucional fue un acuerdo entre el Gobierno y el PP, auspiciado por la Comisión Europea, en un marco que incluía también el encargo al nuevo órgano de gobierno de los jueces de una propuesta de reforma de la elección de sus vocales judiciales. Este encargo quedó plasmado en la disposición adicional de una ley orgánica publicada en agosto de 2024 y que ponía una condición muy clara al nuevo sistema de designación de los vocales del CGPJ: tendría que ser evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea y ser acorde «con los mejores estándares europeos».

La Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa que vela por las garantías del Estado de derecho, ha emitido un informe tras visitar España y su conclusión es unívoca: la elección de los vocales del CGPJ por el Parlamento no es compatible con la independencia judicial. Como era previsible, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha ratificado en el actual sistema de designación por el Congreso y el Senado, que incurre, renovación tras renovación del CGPJ, en la condición de inconstitucionalidad que se fijó en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986: la elección parlamentaria será inconstitucional si propicia una mera réplica de las grupos parlamentarios en el Consejo General del Poder Judicial. Esto es lo que ha venido sucediendo desde entonces y todos los intentos de alcanzar un acuerdo de Estado en este asunto han sido torpedeados por el PSOE, como sucedió con el pacto de 2001 y, ahora, con el de 2024.

Ese estándar europeo al que se refiere la ley aprobada por el PSOE y el PP es bien claro: la mayoría de los miembros del CGPJ deben ser jueces elegidos por los propios jueces. Podrá discutirse si este sistema electoral es el mejor de todos los posibles o si está o no exento de riesgos, pero lo cierto es que el actual sistema de elección parlamentaria está agotado tras décadas de polémicas y desconfianza en la sociedad y en la propia judicatura. Y, además, es contrario a los valores europeos sobre independencia judicial, entre los que se encuentra una clara separación entre el órgano de gobierno de los jueces y los poderes políticos del Estado. No hay dilema posible: el sistema actual vulnera el espíritu y la norma tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa.