Editorial, LA VANGUARDIA, 19/1/12
«Se ha abierto un camino», dijo el conseller Andreu Mas-Colell para definir la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que abre una vía hacia la europeización de las comunidades autónomas.
La combinación de las urgencias financieras que impone el momento y la necesidad de reconfigurar el Estado de las autonomías ha propiciado un pacto global, imprescindible tanto para hacer frente a a las necesidades de liquidez de algunas comunidades como para el cumplimiento de los objetivos de rebajar el déficit público al que se ha comprometido el Gobierno español.
El año 2011 fue un ejercicio harto difícil, que provocó que las comunidades autónomas cerraran con unos números rojos del 2,7% frente a un objetivo del 1,3%, con una desviación de 15.000 millones. La situación límite a la que llegó la Comunidad Valenciana, y que requirió la ayuda del Gobierno central, fue seguramente el ejemplo extremo pero no la única señal de peligro. Ayer, el ex president de la Generalitat Jordi Pujol escribía en este diario que el Govern estuvo a un paso de no poder pagar las nóminas del mes de diciembre.
Ciertamente, una coyuntura adversa puso contra las cuerdas las finanzas autonómicas, castigadas por la bajada de ingresos y el cierre de los mercados, que puso en graves dificultades su situación de liquidez. Pero, a su vez, bajo el poder de los barones, lo que se evidenció igualmente era la insostenibilidad de una dinámica de gasto que en casos lindaba con el despilfarro. Por ejemplo, entre los años 2006 y 2010 el empleo público territorial creció en 117.000 puestos de trabajo. En Catalunya durante el periodo del tripartito hubo 54.000 funcionarios nuevos. Eso dio lugar a unas dinámicas presupuestarias irrepetibles en otros ejercicios, como puede ser el del 2012, que se presenta muy complicado.
Para resolver este desbarajuste existía la tentación de dar marcha atrás en el Estado de las autonomías. Afortunadamente, parece que no se ha incurrido en ese peligro, sino que más bien se ha abierto una vía hacia un modelo más federalizante, en que la idea propuesta desde el Gobierno central sería «yo ayudo a quien me ayuda», una fórmula cada vez más en uso. España necesita cumplir los deberes de la zona euro y las autonomías están en el mismo barco.
El mutuo apoyo no es meramente teórico. Así, el Gobierno acudirá en ayuda de las comunidades comprometidas con los objetivos de déficit poniendo en marcha una nueva línea del ICO para que aquellas puedan afrontar pagos pendientes con proveedores. «La mejor política social que podemos hacer es pagar», dijo un representante autonómico. La financiación autonómica a través del ICO permitirá obtener liquidez a unos tipos de interés próximos al 3% frente al 7% que ahora deben pagar las comunidades, al que se suma el elevado coste de aseguramiento de las emisiones. No se dejará caer a ninguna autonomía, pero aquellas que incumplan podrán ser hacendísticamente intervenidas, al igual que ocurre en Europa con los países que demandan el rescate financiero. Por lo demás, las comunidades conservarán el control de elaboración de sus cuentas sin que el Estado interfiera. La minicarta magna pactada, en la que la persecución penal a los incumplidores está fuera de lugar, no entra en la abundante letra pequeña pendiente, como el pago de los 759 millones que reclama la Generalitat. Pero esa es otra historia.
Editorial, LA VANGUARDIA, 19/1/12