La eventual desintegración de España

En lo que se refiere a Rajoy, no voy a entrar en los numerosos errores que cometió durante su mandato de siete años, cuando gozaba de una mayoría más que absoluta en todos los niveles de la Administración pero que no supo aprovechar para mejorar la democracia. En este sentido, debo recordar el artículo que publiqué aquí hace ahora dos años, en el que recomendaba a Rajoy que hiciese como Adolfo Suárez, que tuvo el coraje de dimitir antes de que estallase la tormenta, aunque no lo lograse porque el contubernio estaba ya en marcha. Del mismo modo, podía haber imitado a Calvo-Sotelo, cuando adelantó las elecciones, porque sabía que ya no podía gobernar tras los acontecimientos del 23-F. Pero no hizo ni una cosa ni la otra, pudiendo haber pasado a la Historia como un Presidente de Gobierno que hizo dignamente lo que pudo. Ya no será así, porque tuvo todo en sus manos y dejó que se le escapase como si fuera agua. Por lo demás, tampoco voy a desmenuzar sus infinitos pecados políticos de omisión, todos con gravísimas consecuencias. Me voy a limitar a insistir en solo uno, el más grave de ellos, que precisamente fue el último: no haber dimitido en el mismo momento en que Pedro Sánchez presentó la moción de censura. La justificación de su presentación fue probablemente la de derribar a Rajoy por la sentencia del caso Gürtel y por todo lo que había detrás. Sin duda. Pero el error más grave de Rajoy, en el que tiene también su porción de culpa Pedro Sánchez y el PSC, fue el de no haber abortado definitivamente el golpe de Estado en Cataluña, permitiendo paradójicamente que se celebraran elecciones el 21 de diciembre pasado en una comunidad cuyos dirigentes estaban fuera de la ley, dejando de aplicar consecuentemente, de forma irresponsable, el artículo 155.

Ahora bien, todo eso es gravísimo, pero la peor de sus omisiones que estamos empezando a pagar ya, es, como digo, no haber dimitido en el mismo momento en que Pedro Sánchez presentó su moción de censura, pues gracias al oportunismo del PNV se alcanzaría la cifra de 176, esto es, la mayoría absoluta necesaria para que triunfase, sumando corderos, lobos y lo que fuese. La consecuencia ya la hemos comprobado: Pedro Sánchez se convirtió legalmente en Presidente del Gobierno, porque utilizó un mecanismo constitucional y, en este sentido, nada se le puede reprochar. Pero una cosa es aprovechar esa herramienta para acabar con la incompetencia política de Rajoy, a través de la exigencia de su responsabilidad política, y otra bien distinta es gobernar con un conjunto heterodoxo de buscadores de cargos, independentistas ambiciosos y un amplio sector de trasnochados que difícilmente se pondrán de acuerdo para tomar iniciativas que redunden en el interés general. Sea lo que fuere, nos encontramos ante una situación que, incluso aceptando los buenos deseos de Pedro Sánchez, es imposible que no acabe en un naufragio que pagaremos todos los españoles. Porque limitándonos a la cuestión catalana, el Presidente del Gobierno está demostrando una ingenuidad propia de una amateur en política.

En efecto, el poder de los independentistas catalanes es hoy mucho mayor que el que tenían el 27 de octubre pasado, cuando proclamaron la República «sin proclamarla» y, por si acaso, después algunos de sus dirigentes más distinguidos salieron por pies cruzando la frontera con Francia. Otro grupo importante, aunque menos avisado, o más naif, fue detenido y después de pasar unos meses en cárceles cercanas a Madrid, gracias a la inocencia del Presidente del Gobierno, pueden seguir avanzando, a pesar de las discrepancias entre los partidos nacionalistas, en la hoja de ruta para llegar al paraíso de Itaca que es el objetivo común de todos los separatistas.

El Presidente Torra, que fue ilegalmente elegido por diputados que no cumplían las condiciones requeridas, como Puigdemont, es mucho más lanzado que éste y, ante la miopía política de Sánchez, sigue construyendo las estructuras de la República catalana. Sus afirmaciones –más propias de un chuleta madrileño que de un circunspecto catalán– oscilan entre lo humorístico y lo dramático, como, por ejemplo, afirmar que el Rey de todos los españoles debe pedir perdón por denunciar lo que estaba ocurriendo en Cataluña, ante la pasividad habitual de Mariano Rajoy y cosas semejantes que no tienen desperdicio, como se comprueba en sus declaraciones de ayer en La Vanguardia, diciendo, por ejemplo, que «no aceptaremos sentencias por el 1-O como si nada».

Por eso, el Presidente del Gobierno, cuando acaba de afirmar que estamos comenzando una nueva época, supongo que lo que quiere indicar es que el nacionalismo catalán acabará rindiéndole pleitesía. Me da la impresión de que no sabe con quién se está jugando los cuartos, porque los independentistas mantienen una y otra vez sus reivindicaciones; referéndum de autodeterminación, desobediencia a lo Thoreau, y declaración unilateral de independencia. Para ello cuentan con que Pedro Sánchez sólo se puede mantener en La Moncloa si el grupo de los separatistas sigue apoyándole, es decir, siempre que acepte sus continuas extravagancias. La cuestión es que a pesar de su aparente tranquilidad, reforzada por el reciente sondeo del CIS que no tiene ningún valor, el Presidente del Gobierno no sabe qué hacer y de este modo se han afirmado ya por parte del Gobierno decisiones contradictorias: acabar normalmente la legislatura en el año 2020, adelantar las elecciones al otoño de este año o posponerlas hasta la primavera del 2019. En definitiva, la decisión no depende del Presidente del Gobierno, sino del grupo de independentistas que pueden dejar de apoyarle en el momento en que les interese.

Todo esto es consecuencia del mal uso que se ha hecho en España de la llamada «moción de censura constructiva», inventada por los constituyentes de la Ley Fundamental de Bonn, que tras la experiencia de la República de Weimar con su continua inestabilidad gubernamental que provocó el acceso al poder del nacional-socialismo, quisieron que solo se pudiese derribar a un Gobierno si se proponía un nuevo Gobierno encabezado por un nuevo canciller o primer ministro. De ahí que cuando en diciembre de 1976, Felipe González me encargó redactar unas Bases constitucionales para que el PSOE las defendiese en un proceso constituyente que se vislumbraba ya en el inmediato futuro, yo me decidí por adoptar el sistema alemán del control del Gobierno, denominado «moción de censura constructiva», porque sólo se podía derribar al Presidente del Gobierno en ejercicio si se proponía otro que contase con la mayoría necesaria para gobernar. De este modo, inspirándome en el artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn, aunque con alguna diferencia, expuse la siguiente propuesta que copio literalmente: «Relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Las Cortes poseen el poder de controlar al Gobierno mediante los siguientes medios: a. Las preguntas orales y escritas; b. Las Comisiones de encuesta; la moción de censura, que deberá atenerse a los siguientes requisitos: 1. Será necesario que la presenten al menos 1/10 de los miembros del Congreso de los Diputados. 2. Solamente podrá prosperar si esta Cámara propone por mayoría absoluta de sus miembros un nuevo Presidente, que deberá ser confirmado por el Rey. 3. Ningún Presidente, propuesto por el Rey, podrá ejercer su cargo hasta conseguir el voto de investidura por mayoría absoluta del Congreso de Diputados».

COMO SE PUEDE comprobar, el artículo 113 de la Constitución recoge casi literalmente la propuesta que yo hacía, con vistas a evitar la inestabilidad gubernamental que había caracterizado a la República de Weimar, a la IV República francesa y a la República de Italia, además, por supuesto, de nuestra propia experiencia histórica. En definitiva, la proposición que yo formulé, como en el supuesto alemán, poseía dos claros objetivos: por un lado, derribar a un Presidente del Gobierno y a su equipo que no estaban actuando correctamente; y, por otro, nombrar, en su lugar, a un nuevo Presidente que contase con la mayoría suficiente para poder gobernar. Además, esta moción aparecía como un arma poderosa que, por su sola existencia, podía ser un aliciente para que el Presidente electo cumpliese con su programa de gobierno y sus promesas formuladas ante su electorado. Como es sabido, en los casi 70 años de vigencia de la República Federal de Alemania, únicamente se han presentado dos mociones de censura: una, en 1972, la que presentó Rainer Barzel contra el Gobierno de Willy Brandt, que no triunfó, y la otra, en 1982, que derribó a Helmut Schmidt presentada por Helmut Kohl.

Ahora bien, para que esta moción sea efectiva tiene que desarrollarse en un país, como Alemania, con dos o tres partidos nacionales, que es la forma de asegurar que la nueva mayoría, muchas veces con un partido bisagra, pueda gobernar. Sin embargo, en España, merced a la existencia de partidos regionalistas y nacionalistas, la moción de censura constructiva solo sirve, como se ha visto esta vez, para derribar a Rajoy, pero no para poder gobernar. Cierto que nos libramos del temido Gobierno Frankenstein, pero no sirve de nada porque el monstruo que creó Mary Shelley habita en un Congreso que depende del capricho de los nacionalistas. Pero si Pedro Sánchez fuese consciente de que España comienza a desmoronarse debería convocar ya las elecciones.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.