Lo malo de esa excepción es que contradice el objetivo de ahorro energético –pues si se subvenciona el gas habrá, lógicamente, más consumo de este combustible, como ha pasado en España y señalan los funcionarios de la Comisión Europea–; que la prueba española no es tal –pues los precios han seguido aumentando sin parar–; que desincentiva el uso de las tecnologías más eficientes –según ha mostrado Francia al sustituir su energía nuclear por la gasista española subvencionada–; que no se rebaja la dependencia de Rusia –como también evidencia España–; y que desestima el empleo de los recursos gasísticos europeos –como hizo absurdamente Alemania al echarse en brazos de Rusia para transitar a las energías renovables–. Todo esto es un disparate que, además, no ayuda en nada a favorecer el cambio tecnológico necesario para un modelo energético orientado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El gas natural no va a desaparecer, le guste o no a Von der Leyen y a su parroquia ecologista, pero podría reducir su incidencia si la racionalidad orientara la política energética europea.