EL MUNDO – 21/10/16 – EDITORIAL
· El 25 de septiembre se cumplieron cinco años de la última corrida de toros en Cataluña. Desde entonces, los colectivos que conforman el mundo del toro se marcaron como una prioridad revocar la prohibición de la Fiesta Nacional en esta comunidad por entender que se trata de una violación flagrante de la legalidad. Y ayer, en respuesta al recurso interpuesto en 2010 por el PP, el Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que prohibía las corridas de toros. El TC, que adoptó esta decisión por ocho votos a tres, considera que esta norma invadía las competencias del Estado en materia de Cultura. La sentencia reconoce que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales. Pero no para vetar espectáculos que, en el ejercicio de sus competencias, el Estado ha declarado como patrimonio cultural. Tal es el caso de la tauromaquia.
La mayoría de los magistrados del TC subraya que la Generalitat «menoscabó» la competencia del Estado para la «preservación del patrimonio cultural común». De ahí que declare inconstitucional el artículo 1 de la ley aprobada en agosto de 2010 en el Parlamento catalán, que ampliaba la lista de prohibiciones de protección de los animales para «las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal». Este artículo choca frontalmente con la legislación dictada por el Estado, tanto con la regulación de la tauromaquia (2013) como con su declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial (2015). Ambas normas fueron promovidas por el último Gobierno socialista, si bien la dimensión cultural de las corridas de toros ya se había incorporado a las leyes desde 1991.
La decisión del Constitucional fue recibida con una mezcla de alegría y escepticismo en el mundo del toro. Por un lado, la sentencia tumba la prohibición de la lidia en Cataluña, lo que supone un reconocimiento explícito al derecho de los aficionados taurinos en esta comunidad y una victoria moral incuestionable sobre quienes anteponen sus prejuicios a la libertad. Sin embargo, será complicado que el levantamiento de la prohibición se lleve a cabo en la práctica. Primero por las dificultades empresariales que hallará el propietario de La Monumental –la única plaza de toros que queda en Barcelona– y, segundo, por el hostigamiento político y social que sufre la Fiesta Nacional en Cataluña. En este contexto hay que enmarcar la reacción furibunda de las autoridades catalanas tras conocer la decisión del TC.
La portavoz del Govern, Neus Munté, ya advirtió hace unos días de que tratarían de que la sentencia «no tuviera ningún efecto práctico», algo factible con el desarrollo de un reglamento ad hoc. Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad, aseguró ayer con rotundidad que «no volverá a haber corridas de toros en Cataluña». Ada Colau tampoco tuvo empacho en decir que impedirá su celebración «diga lo que diga el TC». Y, desde ERC, censuraron que el Tribunal no se haya pronunciado sobre la prohibición de los toros en Canarias. Sin embargo, este argumento no es más que un mendaz subterfugio. Las corridas de toros no están prohibidas en Canarias. Lo que hizo el Parlamento insular en 1991 fue regular la protección de los animales domésticos a través de una norma en la que no se alude al toro bravo, entre otras cosas, porque como dicta la lógica éste no puede considerarse un animal doméstico.
Lo que sí resulta alarmante es que los políticos catalanes hayan convertido en una costumbre su desobediencia a los tribunales del Estado. Es una actitud desafiante impropia de un cargo institucional responsable. Porque, más allá de las posiciones personales, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona deben aceptar que el Parlament se saltó a la torera la legislación en 2010, condenando a la clandestinidad durante seis años a los aficionados y profesionales del toreo en Cataluña. Máxime teniendo en cuenta que aquel veto no incluyó otras fiestas taurinas catalanas –como los correbous–, lo que da una idea de las motivaciones políticas que lo inspiraron. No se trataba de prohibir los toros por una inquietud animalista, sino de zaherir un símbolo que el independentismo catalán considera español, no catalán.
La tauromaquia tiene una presencia indudable en la realidad social de nuestro país. Eso incluye a Cataluña. Así que la Generalitat, además de acatar el pronunciamiento del TC, debería asumir que ir o no a los toros es una decisión que atañe exclusivamente a la libertad de cada uno.
EL MUNDO – 21/10/16 – EDITORIAL