En el momento actual, con la vigencia del «alto el fuego», la continuidad de la extorsión ejerce un doble papel, recaudatorio y simbólico, en la determinación del poder de ETA. Por ese motivo, las acciones judiciales y policiales emprendidas para su represión constituyen un requisito necesario para derrotar a la banda terrorista.
La reciente campaña de extorsión a los empresarios, coincidiendo con el «alto el fuego» declarado por ETA, ha vuelto a poner de relieve el papel que ejerce esta forma delictiva en la financiación de la organización terrorista. En el marco de una economía cuyo principal atributo es su carácter depredador, el terrorismo obtiene los recursos que utiliza para desarrollar sus actividades de diferentes fuentes, entre las que se cuentan, además de la exigencia de pagos bajo amenaza, el saqueo, los tráficos ilícitos, las operaciones mercantiles y la captación fraudulenta de fondos públicos.
Todas estas formas de financiación han sido utilizadas por ETA a lo largo de su dilatada carrera de violencia. Algunas de ellas, como el tráfico de drogas o el contrabando de tabaco, han tenido poca importancia cuantitativa; otras, como el robo de vehículos, explosivos y otros materiales, aunque alcanzó cierto relieve en los años ochenta, decayeron en la década siguiente para volver a revitalizarse a partir de los últimos años noventa. Y las demás han sido más persistentes en el tiempo, a la vez que más relevantes.
La extorsión a empresarios se ha fundamentado en un ejercicio sistemático de la amenaza sobre este grupo social, que se ha materializado, en muchos casos, en el secuestro, los atentados personales y los ataques a establecimientos. El fruto de este ejercicio de la violencia ha sido la recaudación de sustanciosas sumas que, en lo que resulta conocido por estar suficientemente documentado, pueden estimarse en las siguientes cifras: durante el período que va de 1978 a 1986, 7,6 millones de euros al año, de los que dos tercios corresponden a los rescates cobrados por secuestros y el tercio restante a los pagos exigidos mediante cartas; y en el período 1993-2002, 5,2 millones de euros anuales, con un reparto entre esos dos conceptos del 58 por 100 para el primero y el 42 por 100 para el segundo.
Esta última cifra, referida a la década inmediatamente anterior a la ilegalización de Batasuna, supuso la aportación de un poco más de la quinta parte al total de recursos de que dispuso ETA y el conjunto de las organizaciones de su entramado terrorista. Más relevantes fueron las subvenciones públicas de más de 13 millones anuales recibidas por esas organizaciones, buena parte de las cuales procedieron de programas presupuestarios gestionados por el Gobierno Vasco. Y también tuvieron un papel destacado los rendimientos de actividades mercantiles y otros ingresos.
Estas últimas fuentes de recursos quedaron cegadas casi completamente con posterioridad a 2002, al cerrarse el cerco judicial sobre Batasuna y las otras entidades vinculadas con ETA. Por ese motivo, la extorsión adquirió desde entonces un relieve mucho mayor, aunque su rendimiento, que no se conoce bien, seguramente no ha crecido demasiado. Las cifras que se manejan por las fuentes policiales, no siempre fundamentadas documentalmente, oscilan entre los cuatro y los ocho millones de euros al año, habiéndose señalado también que apenas superaría el millón de euros. Por ello, la importancia de la extorsión no se deriva sólo de la cuantía recaudada, sino de las circunstancias que han concurrido en las campañas orientadas a la intensificación de la presión que ETA ejerce sobre los empresarios. Éstas aluden a la diversificación del grupo extorsionado -en el que han ingresado los pequeños empresarios, los comerciantes y los profesionales liberales-; a su extensión geográfica, más allá del País Vasco y Navarra, hacia Aragón, Madrid, Cataluña y Valencia; y a su segmentación en dos grupos, uno considerado «sensible» a las pretensiones terroristas, al que se exigen cantidades menores, y otro tachado de «enemigo», al que se le aplica una tarifa elevada. Y a todo ello hay que añadir que, en un contexto de reducción del potencial destructivo de los atentados, la extorsión ha adquirido también un valor simbólico muy importante para expresar la capacidad de amenaza de la banda terrorista.
Por tanto, en el momento actual, cuando está vigente una situación de «alto el fuego», la continuidad de la extorsión ejerce un doble papel, recaudatorio y simbólico, en la determinación del poder de ETA. Y por ese motivo, las acciones judiciales y policiales emprendidas para su represión constituyen un requisito necesario para derrotar a la banda terrorista.
(Mikel Buesa es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid)
Mikel Buesa, ABC, 27/6/2006