Se ha instalado en la actualidad política una dinámica recurrente: el PSOE trata de reenmarcar la cesión de la amnistía como una iniciativa virtuosa para devolver al independentismo a la senda constitucional, mientras sus socios de Junts desmienten este retorcimiento retórico y declaran su perseverancia en la vía unilateral.
En una entrevista este sábado, Pedro Sánchez ha asegurado que «nuestra democracia es más fuerte al incorporar a Junts o a ERC a contribuir de forma constructiva a la gobernabilidad del país». Poco después, Laura Borràs ha echado por tierra este argumentario: ha aclarado que lo que ha hecho Junts «no es dar ninguna gobernabilidad ni estabilidad al Estado español, sino gestionar unos votos para conseguir nuestro proyecto político», que no es otro que «la independencia de nuestro país».
En la fantasía política que dibuja Sánchez (hecho curioso viniendo de quien recientemente afirmó que «la verdad es la realidad»), hay una continuidad entre el borrado de los delitos de Puigdemont y compañía y los indultos concedidos en 2021 a los líderes independentistas condenados por el procés, dentro de una misma política de «apuesta clara por la convivencia». Ha defendido que «los indultos, la reforma del Código Penal y la amnistía son pasos en una línea coherente».
La impostura de esta argumentación es evidente: la figura legalmente reconocida del indulto no es equiparable a un borrón y cuenta nueva de dudosa constitucionalidad como el que se negocia ahora en el Congreso. Pero además, la inconsistencia es doble cuando el presidente reconoce que ha «cambiado de posición sobre la amnistía».
Es decir, que reconoce tácitamente la realidad detrás de esa ilusión: que en ningún caso la amnistía estaba prefigurada en la concesión de los indultos, y que no la habrían aprobado si no hubieran tenido necesidad de los siete votos de Junts.
También ha querido retrotraerse en el tiempo (y con idéntico rigor histórico) el ideólogo del nuevo think tank que prepara el PSOE, Manuel Escudero. En su entrevista de hoy con EL ESPAÑOL, se escuda en que «no hay precedente [de una autoamnistía] porque no ha habido una ruptura tan violenta como la que hemos tenido en Cataluña», derivada «directamente de las posiciones de negación del PP con respecto al Estatuto de Cataluña de 2006».
Es tramposo plantear que la amnistía responde a la necesidad de pactar con quienes fueron «perjudicados» por «la hostilidad del PP al Estatuto refrendado por el 74% de los catalanes». La convivencia no se rompió por la recogida de firmas impulsada por los populares, cuya exclusión del consenso mediante el Pacto del Tinell previo olvida convenientemente Escudero en su relato.
También omite que la demora en el pronunciamiento del TC sobre el Estatut que soliviantó al nacionalismo no habría sido posible sin la eliminación por parte de Felipe González de la figura del recurso previo de inconstitucionalidad. Y que ese 74% se refiere en realidad a los síes de entre los catalanes que votaron, que sólo fueron el 48,8%.
Sánchez ha querido complementar este recurso a un pasado mítico con una apelación al futuro (aunque el Gobierno vive en el cortoplacismo más inmediato en cada votación), aseverando que la amnistía «merecerá la pena». Resulta irónico que la impopular política de Moncloa sobre Cataluña haya llegado a basarse en pedir confianza a los españoles por alguien cuya credibilidad cotiza cada día más a la baja.
Al menos de momento, los efectos de la búsqueda de la «convivencia» en Cataluña han sido su ruptura en el resto de España.
El aval a las tesis independentistas del lawfare en tiempos del PP ha acabado propiciando la deslegitimación del Estado de derecho en su conjunto, lo que le permite hablar a Borràs de una «democracia débil».
Y la disposición a amnistiar delitos de terrorismo que no impliquen violación de derechos humanos abre la puerta a extender los beneficios penales a los etarras sin delitos de sangre. Este es el camino que quiere preparar el abogado de Puigdemont, que estuvo involucrado en el entorno etarra y fue defensor de la banda, Gonzalo Boye. En una entrevista paralela a la de Sánchez ha defendido que «se suprima toda mención al terrorismo» en la futura Ley de Amnistía.
Al hablar de los «efectos beneficiosos» de la amnistía que, a juicio de Sánchez, se manifestarán en algún momento, no parece estar pensando el presidente en los efectos imprevistos e indeseados que entraña toda legislación de este calado, y que ya se están dejando notar con consecuencias nefastas.