La decisión de la juez Delia Rodrigo de imputar a Pedro Rocha, presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), deja en una situación extremadamente precaria al organismo rector del fútbol en España.
La juez del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda no ha concretado aún los delitos que se le imputan a Rocha.
Sí se sabe que la magistrada ha decidido detener el interrogatorio de Rocha y cambiar su condición de testigo a la de imputado después de que el presidente de la RFEF haya dicho no saber nada sobre la remodelación del Estadio de la Cartuja de Sevilla, que se produjo cuando él era vicepresidente de la entidad.
Rocha había sido citado como testigo de la investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Luis Rubiales cuando este era presidente de la RFEF.
Tras conocerse la noticia, la FIFA anunció ayer viernes que se plantea la posibilidad de inhabilitar de inmediato a Pedro Rocha, lo que impediría que el extremeño se convirtiera en el nuevo presidente de la RFEF.
El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha incoado además un expediente sancionador a Pedro Rocha por falta muy grave. Algo que le deja al borde de la inhabilitación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), que se concretará durante los próximos días.
Dado que Pedro Rocha era el único candidato a la presidencia de la RFEF que había logrado reunir los avales necesarios para las elecciones, lo que le habría convertido de hecho en presidente este mismo lunes, su posible inhabilitación deja al organismo rector en una situación de evidente vacío de poder.
No hay precedentes para una situación excepcional como esta. Se abre ahora la posibilidad de que la FIFA entre en la RFEF con una comisión gestora hasta la convocatoria de nuevas elecciones a finales de año, aunque nada es seguro.
Si algo demuestra lo ocurrido ayer es que, más allá de la investigación judicial por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí a cambio de comisiones millonarias para el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué, o del amaño de contratos a favor de la constructora Gruconsa, el sistema de elección de la RFEF genera un clima de endogamia radicalmente incompatible con una gestión sana del organismo.
Que el único candidato alternativo a Rocha, el periodista Carlos Herrera, haya conseguido reunir sólo el apoyo de seis clubes españoles, y que ese pírrico resultado se considere en sí mismo una pequeña victoria, da fe del grado de inmovilismo y de enquistamiento de un único círculo de poder en el seno de la RFEF.
Es evidente para cualquiera que el máximo organismo rector del fútbol español no puede continuar en manos de quienes lo han conducido hasta la situación actual. Los últimos tres presidentes del organismo han sido imputados por corrupción y José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), continúa bajo sospecha por la presunta compra de árbitros por parte del FC Barcelona.
Unas sospechas que pesan también sobre LaLiga de Javier Tebas, y sobre las que EL ESPAÑOL ha informado en reiteradas ocasiones.
Es evidente también que el sistema de elección del presidente de la RFEF, o al menos el de la recogida y presentación de avales, no puede continuar impidiendo la entrada de cualquier candidato ajeno a las actuales estructuras de poder.
El fútbol español no puede seguir bajo permanente sospecha. Urge hacer tabla rasa en la RFEF, renovar las actuales estructuras y reformar su sistema de elección de presidente en favor de una mayor apertura y transparencia. Con un Mundial a seis años vista, compartido con Marruecos y Portugal, España no se puede permitir el lujo de aparecer frente a los estamentos del fútbol internacional como la más corrupta del lote.