La Fiscalía advierte a Mas de que hará cumplir la ley

Todas las herramientas de las que dispone el Estado de Derecho están preparadas para afrontar el órdago independentista del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Hace tres días lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en un desayuno informativo; hace dos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y ayer le tocó al turno a la Fiscalía General del Estado, que optó más por gestos que por palabras.

· Declaración de intenciones La Fiscalía quiso restar importancia al encuentro de ayer, pese a celebrarse a 24 horas del debate catalán
· Boletín Oficial de Cataluña En La Moncloa están atentos a los tiempos que utilice Mas: no se podrá recurrir la ley hasta que sea publicada

Eduardo Torres-Dulce escenificó en Madrid la unidad del Ministerio Público ante el desafío secesionista en una reunión con las cabezas visibles de la Fiscalía en Cataluña. El objetivo, lanzar un mensaje claro: el Estado de Derecho funciona en toda España, también en Cataluña. Así lo aseguraron a ABC fuentes próximas a la Fiscalía General del Estado, que insistieron en que se actuará ante cualquier desacato, «se produzca donde se produzca».

A la cita, que tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, acudieron los fiscales jefes de las cuatro audiencias provinciales y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Su presencia no es casual. Hace apenas un año y medio, el antecesor de Romero de Tejada, Martín Rodríguez Sol, fue destituido de forma fulminante por Torres-Dulce por apoyar la consulta soberanista catalana e invitar al legislador a «conocer la voluntad de los ciudadanos». Rodríguez Sol había sugerido «otras alternativas» para sortear el «previsible no” de Madrid» a permitir el referéndum ilegal.

Serán precisamente el fiscal superior y la fiscal-jefe de Barcelona, Ana María Magaldi –a instancias de quien se produjo la reunión de ayer– en quien recaerá todo el peso de una hipotética intervención contra Mas y los miembros de su Gobierno si llegan a desobedecer al Tribunal Constitucional. Y es que la mera admisión de los recursos que presente el Gobierno contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum ilegal del 9-N acarreará su suspensión automática. Pero el Ministerio Público no quiere contemplar ahora ese escenario. De ahí su esfuerzo por restar importancia al encuentro de ayer e intentar encuadrarlo en una reunión en la que, además de la unificación y coordinación de las actuaciones de todas las fiscalías, se iban a abordar otros aspectos, como los relativos a la organización o a la «compatibilidad de sistemas informáticos», como rezaba la nota difundida por el Ministerio Público.

En vísperas de la aprobación
Sin embargo, teniendo en cuenta que la fiscal-jefe de Barcelona había solicitado esta reunión hace meses, no es casual el hecho de que la misma se produjera a veinticuatro horas de la aprobación de la ley de consultas. Junto con Magaldi y Romero de Tejada, estuvieron presentes en esta cita Juan Francisco Bone Pina (fiscal-jefe de Lérida), José María Casadevall (Gerona), Javier Jou Mirabent (Tarragona), el fiscal-jefe de Inspección, Alfonso Aya, y el fiscal de la Secretaría Técnica Jaime Moreno.

El encuentro con Torres-Dulce se prolongó durante algo más de una hora y el mensaje que se transmitió fue claro: los fiscales confían en que «el ordenamiento legal será respetado por todas las instancias, tanto en los preceptos legales emanados de la Constitución como los eventuales pronunciamientos de los tribunales». Los asistentes, expectantes ante el escenario futuro, evitaron entrar a examinar hipótesis de futuro. Pese a ello, lo que se quiso dejar claro es que la Fiscalía está lista para actuar. En cualquier escenario.

En el Palacio de la Moncloa todo está preparado para responder con la fuerza de la ley al desafío independentista del Parlamento autonómico catalán y de Artur Mas. De momento, el Consejo de Ministros, que se reúne hoy de forma ordinaria a las 10 de la mañana, no tratará ningún recurso, ya que la ley de Consultas no será aprobada hasta la tarde.

Entrada en vigor
A partir de ahí, en Moncloa están atentos a los tiempos que utilice Mas. La aprobación de la ley de Consultas no implica su entrada en vigor automática, ya que, según dice en su Disposición Final Segunda, solo entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, algo que podría ocurrir el sábado. Desde ese momento, Artur Mas se apoyará en la ley aprobada para dar luz verde a su decreto de convocatoria de la consulta independentista del 9 de noviembre.

¿Cuándo actuará el Gobierno? Fuentes de Moncloa señalaron ayer que están todas las posibilidades abiertas, pero su postura es no adelantar acontecimientos y esperar a ver los movimientos que va dando el presidente de la Generalitat.

En principio, Rajoy podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario cuando Mas convoque la consulta, lo que previsiblemente podría producirse incluso este fin de semana. En ese Consejo extraordinario, el Gobierno daría vía libre a dos recursos de inconstitucionalidad, contra la ley de Consultas y contra el decreto con el que se convoca al referéndum.

El Gobierno quiere dar una respuesta inmediata y contundente, y una de las posibilidades es que el Tribunal Constitucional, que se reúne en Pleno el próximo martes, admita ese mismo día los recursos, lo que conllevaría la suspensión tanto de la ley de Consultas como del decreto de convocatoria.

Desde ese momento, si Mas siguiera adelante con la convocatoria y celebración de la consulta independentista, estaría ya fuera de la ley. En todo caso, desde el Gobierno, como desde la Fiscalía, se mantiene el convencimiento de que el presidente de la Generalitat acatará los recursos y la suspensión del decreto de convocatoria y buscará otra salida «legal», que podría ser un adelanto de las elecciones autonómicas.

Viaje a China
Si se cumplen todos estos tiempos, el presidente Rajoy podrá presidir el Consejo de Ministros extraordinario que se convoque para la interposición de los recursos ante el Constitucional. El jefe del Ejecutivo inicia una visita oficial a China el próximo miércoles, y no estará en Madrid el viernes, día en que será Soraya Sáenz de Santamaría quien asuma la Presidencia del Consejo en funciones. Es otra de las opciones que se tiene en cuenta, para el caso de que Mas retrase la firma de su decreto de convocatoria. En este caso, y si el decreto se distancia de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno tampoco descarta aprobar un primer recurso de inconstitucionalidad, que si es admitido a trámite impediría a Mas convocar el referéndum del 9-N.