EL MUNDO – 23/03/16
· El Ministerio Público considera que existen «sólidos indicios delictivos» en la actuación de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega durante el proceso participativo.
· La Generalitat estuvo detrás del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 y, por tanto, es la responsable de desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional que suspendían estas votaciones.
Así lo considera la Fiscalía Superior de Cataluña en un informe presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por el que se oponen a la petición de los abogados de los tres imputados –el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex consejera y actual diputada Irene Rigau y la ex vicepresidenta Joana Ortega– de archivar el procedimiento tras considerar que no cometieron los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por el que están siendo investigados.
En su informe, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, consideran que ha demostrado presuntamente que «una vez conocida por los investigados la suspensión jurisdiccional de toda actuación pública relacionada con la consulta, pretendieron aparentar que el proceso quedaba en manos de los ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así».
La Fiscalía indica que «la utilización de los medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior y en el propio día de la votación, la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios». En este sentido, destaca que «para un observador externo, el día de la votación resultaba efectivamente imposible constatar el grado de utilización de medios públicos durante el tiempo en que tuvo lugar la votación» ya que «los trabajos organizativos, logísticos y de apoyo a la preparación y desarrollo de la consulta» fueron encomendados a contratistas privados.
Por eso, los fiscales lamentan el «clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas» que hizo la administración catalana. El escrito también alerta de que sin usar medios públicos «la votación no habría podido tener lugar» y que una vez conocida la suspensión ordenada por el Constitucional del proceso de participación, los investigados, «con plena consciencia y voluntad de hacerlo, no ordenaron desistir de los encargos contractuales en curso, cuando podían y debían haberlo hecho, pagando por el trabajo hasta entonces efectuado».
Además, el Ministerio Público afea a los representantes del Govern que utilizasen «términos ambiguos, indicaciones de confidencialidad o reserva y la insistencia en el carácter sensible de la cuestión» en sus comunicaciones con los contratistas privados, ya que «desde el primer momento de la convocatoria del proceso participativo eran conscientes de la posible impugnación de estas actividades por parte del Gobierno de la Nación y de la consecuente interdicción jurisdiccional».
Por todo eso, la Fiscalía considera que de todo lo aportado en el proceso judicial se desprenden «sólidos indicios delictivos» en la actuación de Mas, Rigau y Ortega, principalmente cuando desobedecieron a la orden del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de paralizar todos los preparativos de las votaciones.
Respecto a Mas, entonces presidente de la Generalitat, los fiscales creen que estuvo «auxiliado directamente por destacados miembros de su Gobierno», entre los que estaban Ortega, Rigau y el ex consejero de Presidencia y actual diputado al Congreso Francesc Homs, que está pendiente de si el Tribunal Supremo acepta la petición del TSJC para que se le investigue por esta presunta desobediencia ya que está aforado. La Fiscalía considera que Mas «desafió abierta y públicamente la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014».
Además, creen que el ex presidente «intencionadamente» y «amparado simplemente en su voluntad que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad» no suspendió «la convocatoria que él mismo había efectuado», por lo que «dispuso efectivamente, o dejó de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar efectivamente la votación».
El informe también destaca que la convocatoria del ex presidente supuso «cuantiosos recursos financieros públicos empleados en su mayor parte en retribuir la actividad de los contratistas privados» que desarrollaron «las más relevantes tareas logísticas y materiales». Los fiscales indican que, pese a la suspensión del Constitucional del 4 de noviembre, los preparativos para poder votar «siguieron con renovado impulso» a instancia de los investigados.
EL MUNDO – 23/03/16