La respuesta judicial al referéndum de autodeterminación anunciado por la Generalitat comenzará por las empresas que lo faciliten. La Fiscalía quiere tener controlados todos los engranajes que girarán alrededor de la maquinaria para realizar estas votaciones previstas por el soberanismo para el próximo 1 de octubre. Por eso no sólo se ha hecho un férreo marcaje al Govern con la querella presentada y ampliada ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la consejera de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat, Meritxell Borràs, y contra el que era el secretario general de este departamento Francesc Esteve –recién nombrado jefe de los servicios jurídicos del Govern– por el anuncio de compra de urnas. También se está investigando a las empresas que se han presentado a esta licitación, Suministros Integrales Fubida y Plástic Express, por si pueden considerarse cómplices de un presunto delito de desobediencia.
La Fiscalía está a la espera de que la Generalitat adjudique la compra de 12.000 urnas que serían de dos tipos: un lote transparente, similar al que se usan en las elecciones, valorado en 184.000 euros, y otro de urnas de cartón por un precio estimado de 16.000 euros. Una vez que se decida la empresa que las fabricará, el Ministerio Público requerirá toda la documentación sobre el proceso y la incorporará a su querella ante el TSJC, siempre y cuando este tribunal no haya aceptado esta acusación y abra una investigación contra Borràs por desobediencia.
En su último escrito de ampliación de querella presentado esta semana, la Fiscalía recordaba que estas sociedades que han concurrido al procedimiento de licitación para la adquisición de urnas «podrían, con su intervención, facilitar los fines pretendidos por los querellados y participar, como destinatarios finales de los fondos públicos, en la realización de un gasto ilícito». De esta forma se podría abrir la puerta a una acusación por complicidad.
El Ministerio Público considera que la licitación de las urnas es un indicio más que refuerza su tesis, incluida en la querella, de que se están realizando preparativos para un referéndum de autodeterminación, igual que el anuncio sobre la fecha y la pregunta que hizo el presidente de la Generalitat hace una semana. «Más allá de que dicho anuncio no haya venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable, es indudable que resulta un dato de enorme trascendencia en orden de ponderar el empleo ilícito del material a suministrar», remarcaba el escrito de la Fiscalía.
Pese a que se está a la espera de una convocatoria oficial del referéndum por parte del Govern para promover más acciones judiciales concretas por una posible desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, que impiden esta consulta de autodeterminación, el Ministerio Público baraja diversas opciones para evitar físicamente las votaciones. Por ejemplo, actuar sobre las empresas que aportan el material necesario.
Sobre la querella de la Fiscalía, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, afirmó que es similar a la persecución que hizo el régimen franquista de la oposición democrática. «A mí me lleva a pensar en aquellas épocas en las que yo era pequeña y en mi casa me decían que no explicase que la noche anterior mi padre había ido a ciertas reuniones. Por ir a una concentración resulta que hemos de sufrir igual que cuando mi padre iba a esas reuniones», afirmó, en referencia a las reuniones clandestinas que tenía su padre, Jacint Borràs, uno de los fundadores de Convergència.