EL MUNDO 12/12/14
· El demandante afirma que se vulneraron derechos al utilizar datos del Instituto de Estadística
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidió ayer que se admita a trámite la demanda presentada por el jurista Alejandro Rusiñol, a título personal, contra la orden del Govern del pasado 26 de septiembre que regula los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Govern. Según la demanda, esta información se usó en la creación de una base de datos que permitió el envío de propaganda electoral por parte de la Generalitat para el «proceso participativo» soberanista celebrado el 9-N.
En la vista celebrada ayer, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio se opuso al escrito del Govern pidiendo que no se admita la demanda y avaló el recurso contra la orden. La Generalitat considera que esta norma reguladora de los ficheros está suspendida por el Tribunal Constitucional, igual que la Ley de Consultas, por lo que no ha producido ningún efecto en la población.
Este argumento fue replicado por la Fiscalía y por el letrado de Rusiñol, Manuel Miró, que recordaron que se usaron los datos para enviar propaganda de la votación del 9-N. En este sentido, el fiscal indicó que pese a la no celebración de la consulta se hizo un «proceso participativo» que «no requirió datos del registro» que permitía la orden de septiembre. Pese a esto, el fiscal lamentó el uso «en una suerte de censo electoral para enviar propaganda electoral» sobre las votaciones, por lo que considera que el acto administrativo del Govern produjo «un efecto concreto».
Además, el abogado Manuel Miró recordó que la suspensión de la orden no significa su anulación y añadió que el Govern no ha publicitado que esta normativa no está en vigor.
El fiscal también pidió al TSJC que admita la demanda, aunque instó a suspender su tramitación hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la consulta y el «proceso participativo» convocado, que fue suspendido cautelarmente pese a que el Govern finalmente lo ejecutó. Por esta razón, la Fiscalía se querelló por la vía penal contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, ante el TSJC por un delito de desobediencia, entre otros que el tribunal aún debe decidir si admite a trámite.
Alejandro Rusiñol presentó la demanda tras asegurar que la orden autonómica vulnera «derechos fundamentales de la persona», ya que considera que los datos tomados del Instituto de Estadística de Cataluña sólo pueden utilizarse con una finalidad estadística, por lo que cualquier otro uso que pretenda darse afectaría a los derechos fundamentales de los ciudadanos y vulneraría la Ley de Estadística de Cataluña.
«El marco legal no permite esta cesión por un tema de derechos fundamentales», indicó Rusiñol. Además, recordó que la orden del Govern «es una lesión directa» de varios artículos constitucionales que garantizan los derechos ciudadanos.