EL CORREO 12/11/14
· La Fiscalía intentará que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilite a Artur Mas y a varios de sus consejeros para desempeñar cualquier tipo de cargo público como castigo por los delitos que cree que habrían cometido en los últimos días para burlar y violar el veto dictado por el Tribunal Contitucional contra la celebración, el domingo pasado, de un sucedáneo de consulta de autodeterminación en Cataluña.
· La querella, que puede ser presentada hoy, ve indicios de prevaricación y desobediencia en la actitud del president y varios consejeros
El Ministerio Público ultimaba durante la jornada de ayer una querella, que quería registrar hoy mismo, en la que defiende la existencia de indicios relevantes para pensar que, al menos, el presidente de la Generalitat y su ‘número dos’, la vicepresidenta Joana Ortega, habrían incurrido en un delito de desobediciencia al ignorar el auto con el que el Constitucional dicto por unanimidad, el 4 de noviembre, la suspensión del llamado «proceso participativo» del 9-N así como de «las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ellas».
De igual manera, la querella, cuyo contenido ayer por la noche aún debatía la cúpula fiscal catalana, también preveía imputar al menos al presidente de la Generalitat y a Joana Ortega el delito de prevaricación, por haber tomado decisiones oficiales de cara a la organización y realización de la consulta a sabiendas de su injusticia, ya que vulneraban la ley y la resolución del tribunal. El president, según sus propias palabras, es el máximo responsable de todas las decisiones y acuerdos oficiales encaminados a celebrar la consulta del 9-N y su vicepresidenta fue la encargada directa de organizar y coordinar durante semanas el operativo y la infraestructura para hacer posible la votación. También compareció ante los medios para dar a conocer los resultados y los datos de participación.
La desobediencia comporta penas de seis meses a dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y la prevaricación eleva el castigo de siete a diez años.
Los fiscales debatían anoche si incluir en el documento final de la querella un tercer delito, el de malversación de caudales públicos, por los varios millones de euros gastados por la Generalitat en las papeletas, urnas, equipos informáticos, campañas informativas, logística y demás elementos precisos para las votaciones, y si deberían ampliarse las imputaciones a otros miembros de la Generalitat, como la consejera de Educación, Irene Rigau, máxima responsable política de los colegios e institutos públicos que se abrieron el domingo para acoger la consulta.
Con independencia de lo que incluya el Ministerio Público, lo cierto es que la Justicia catalana ya investiga en la actualidad la posible implicación delictiva de Irene Rigau y la posibilidad de un delito de malversación, porque ambos están incluidos en la más de una docena de denuncias admitidas a trámite como consecuencia del 9-N por varios juzgados de guardia. En esas diligencias previas también se escruta la actuación de Ramón Espadaler, el consejero de Interior.
Al Tribunal Superior
Si el Tribunal Superior catalan admite a trámite la querella de la Fiscalía, podría arrastrar todo el resto de instrucciones en marcha en los juzgados ordinarios, por ser el único competente para investigar a Artur Mas y sus consejeros, todos ellos aforados. El Ministerio Público tiene intención de dejar fuera de su querella, sin embargo, a todos los directores de centros públicos donde se realizaron las votaciones y a los funcionarios que permitieron el proceso como voluntarios.
La presentación de la denuncia podría haberse retrasado hasta hoy por el enfado del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que, en declaraciones en La Rioja, exteriorizó ayer su malestar porque la presidenta catalana del PP, Alicia Sánchez Camacho, había desvelado que la Fiscalía se iba a querellar y que lo haría esa misma mañana.
Al ser cuestionado por esas palabras, Torres Dulce afirmó visiblemente molesto que la Fiscalía actuará «sin ninguna precipitación, pero siempre con el horizonte del cumplimiento de la legalidad». Por su parte, y a preguntas de los periodistas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, subrayó anoche que el Gobierno «no da instrucciones a la Fiscalía en ningún sentido».
· El fiscal dejará fuera de la demanda a todos los directores de centros públicos donde se votó el pasado domingo
A pesar del retraso en su presentación, la iniciativa ya fue ayer mismo objeto de críticas desde el nacionalismo catalán. El líder de CiU en el Parlament, Jordi Turull, aseguró que la querella que la Fiscalía prevé presentar contra el Govern por el proceso participativo del 9-N es el «símbolo de la desesperación de un Estado que ha perdido exhibiendo sus peores cartas». En una rueda de prensa en la Cámara catalana, el parlamentario expuso que, mientras Cataluña exhibió sus mejores cartas en forma de civismo y democracia durante la pseudoconsulta, el Estado buscó «amenazar con el discurso del miedo» a los ciudadanos y no lo logró, ya que votaron más de dos millones de personas.
Turull advirtió a la Fiscalía que todos los diputados que han apoyado la consulta desde el Parlamento autonómico son «autores intelectuales del 9 de noviembre» y agregó que no sólo no temen la acción de los tribunales, sino que están contentos y satisfechos de haber impulsado y apoyado la votación del pasado domingo.