La Fiscalía ha puesto en el punto de mira el registro voluntario de catalanes en el extranjero que quiere potenciar el Govern desde la Consejería de Raül Romeva. Considera que puede ser el primer preparativo encubierto respecto al referéndum para la independencia anunciado por la Generalitat para el próximo septiembre, aunque el Tribunal Constitucional ya se ha mostrado contrario a cualquier decisión del Parlament para su ejecución. El Ministerio Público sospecha que el registro podría servir como censo para unas hipotéticas votaciones sobre la autodeterminación.
De momento, la Fiscalía Superior de Cataluña tiene diligencias abiertas para determinar si el Govern ha podido cometer los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al iniciar los preparativos del referéndum con este registro. Dentro de esta investigación, los fiscales han pedido a la Generalitat el expediente administrativo respecto a la publicidad institucional insertada en el diario La Vanguardia hace dos semanas sobre este registro.
Una vez se tenga esta documentación, el Ministerio Público pretende determinar qué personas de la Administración catalana son responsables de la decisión de interponer la publicidad, por lo que les podría acusar de varios delitos.
La Fiscalía tuvo conocimiento por los medios de comunicación de acciones como esta publicidad institucional, que podrían situarse «en frontal infracción» con las decisiones del Constitucional, y por eso se inició la investigación.
El Ministerio Público también ha presentado dos querellas contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa por tramitar debates en la Cámara catalana sobre la hoja de ruta soberanista o el referéndum, pese a que existe una orden del Constitucional que lo suspende. Por eso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió un procedimiento por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación.
El Govern creó en 2014 «el registro de catalanes residentes en el exterior» y estableció «los requisitos y el procedimiento de inscripción» con el objetivo de «conocer de forma inmediata las prioridades y los intereses de la ciudadanía catalana residente en el exterior y así poder elaborar políticas públicas adecuadas y correspondientes a aquellas necesidades teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual». Se podían inscribir ciudadanos españoles que vivieran fuera, pero que tuvieran como última residencia un municipio catalán.
Para hacer más atractivo este registro, la Administración catalana prometió tramitar la tarjeta sanitaria a las personas residentes en el extranjero para que pudieran recibir atención médica, si la necesitaban, cuando estuvieran en Cataluña. En la presentación de este nuevo uso de la tarjeta sanitaria, el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, explicó que los catalanes en el exterior tienen «nuevos incentivos» para apuntarse, por lo que esperaba un aumento de «las solicitudes de inscripción».
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde marzo del año pasado por delitos de sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad que colaboran con la Generalitat en actuaciones relacionadas con estructuras de Estado. El Ministerio Público pidió la semana pasada, a través de la Guardia Civil, a estas sociedades, con sede en Barcelona y Madrid, los contratos marco firmados con el Govern y que podrían derivar en peticiones de tareas concretas relacionadas con la Hacienda catalana o con un servicio de inteligencia catalán.
Fuentes jurídicas explicaron a este diario que no es la primera vez que la Fiscalía de la Audiencia hace este tipo de requerimientos a empresas dentro de esta investigación, ya que se inició hace más de un año a partir de las diligencias abiertas tras la aprobación en el Parlament de la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015. Las empresas tienen ocho días para entregar esta documentación.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, explicó ayer que la investigación «está en curso» y añadió que «la Fiscalía está para que se cumpla la Ley. Ese es nuestro objetivo», sin dar más explicaciones respecto a estas diligencias.
LA AUDIENCIA EXCULPA AL EDIL DE VIC DE LA CUP DE SEDICIÓN
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno archivó ayer la investigación contra el concejal de la CUP en Vic Joan Coma por el delito de sedición del que le acusaba el fiscal y se inhibió en favor de un juzgado de la localidad catalana, por si los hechos pudieran ser en cambio de desobediencia o prevaricación. La causa contra Coma – que llegó a ser detenido por los Mossos en diciembre por negarse a comparecer ante el juez – se inició cuando, en un pleno municipal en Vic, hizo un llamamiento a desobedecer decisiones del Tribunal Constitucional relacionadas con el proceso soberanista. «Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos», dijo el edil. El juez señala que esta expresión supone «una tenaz voluntad de desobediencia a la legislación con la finalidad de crear un Estado catalán independiente», pero no sedición, ya que no era una petición «a los ciudadanos para que participen en un alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes».