EL MUNDO 05/02/15
· La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra la Generalitat por un presunto delito de falsificación de moneda, por la emisión de euros falsos de la «República Catalana».
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó abrir las diligencias de investigación el pasado mes de noviembre, poco después de la consulta sobre la independencia y tras recibir un escrito del Ministerio de Economía alertando de la posibilidad de que la Generalitat tuviera en marcha un programa de acuñación masiva de euros falsos de conmemoración del Tricentenario de la Diada.
El escrito del Ministerio se apoyaba en un reportaje publicado por el suplemento CRÓNICA de este diario, en el que se informaba de la intención de fabricar 45.000 monedas. La información de Antonio Texeira que puso en guardia a Economía indicaba que en seis de los siete comercios en los que se habían intentado usar las monedas de dos euros habían pasado como buenas pese al aviso que incluían de que no eran de curso legal.
La Fiscalía pidió explicaciones a la Generalitat. En un escrito remitido por el Gabinete de Presidencia –primero en catalán y, a la segunda, en castellano– el Gobierno autonómico se desmarcaba de los hechos y explicaba que sólo había pagado algo menos de 2.000 euros al gremio de Filatelia y Numismática para que hiciera unas monedas de prueba. Añadía, según fuentes jurídicas, que su actuación no había pasado de esa prueba y que no había hecho nuevos encargos.
De hecho, cuando la Fiscalía le solicitó una muestra de las monedas, sólo recibió una.
En estos momentos, la investigación de la Fiscalía está pendiente de un informe de la Brigada de Información del Banco de España. El Ministerio Público pide a los investigadores que analicen si las monedas pueden generar confusión y si se ha producido una difusión masiva.
El Código Penal castiga duramente la falsificación de moneda. El artículo 386 establece que «será castigado con la pena de prisión de ocho a 12 años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: 1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. 2.º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada. 3.º El que transporte, expenda o distribuya, en connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador, moneda falsa o alterada», además de otros supuestos menos penados.
La información publicada por CRÓNICA explicaba que la Generalitat se había sumado con entusiasmo al proyecto de acuñar monedas de la «República Catalana». El 18 de junio se firmó el «Convenio de colaboración entre la Generalitat y el Gremi de Filatèlia i Numismàtica para la emisión de la Colección Filatélica y Numismática Conmemorativa del 300 aniversario de la Diada Nacional de Cataluña». Por parte de la Generalitat firmó Jordi Vilajoana i Rovira, mano derecha de Artur Mas como secretario general de la Presidencia. Le acompañó en la rúbrica Alejandro Serrat, un profesional del gremio.
«La Generalitat de Catalunya quiere colaborar», dijo Vilajoana, que brindó «asesoramiento» y presentó la colección de euros como «base» de la «proyección futura» de Cataluña. En cuanto al representante de los numismáticos, se apuntó «la totalidad del coste» de producción, lo que encajaría con la versión de la Generalitat de que no hizo nuevos pagos más allá de las pruebas.
En el decreto de apertura de una investigación la Fiscalía precisó el posible delito, pero no especificó a quién tenía como posibles autores. Junto a la Generalitat, los responsables del gremio de numismáticos que impulsó el proyecto son buenos candidatos. Ambas partes acordaron crear «una comisión de seguimiento» en la que el Govern designó un representante.
Frente a la tesis de la Generalitat de que la fabricación de monedas no fue a más –lo que abocaría al archivo sin que el asunto llegase a manos de un juez–, este diario publicó que a finales de agosto llegaron a Barcelona las primeras 45.000 monedas, en los ocho valores posibles. De las de dos euros se encargaron a una fábrica china 10.000 unidades.