EL MUNDO – 18/03/17
· Alega que se reclama el mismo castigo para el ex consejero Homs, que aún espera sentencia.
· La Fiscalía Superior de Cataluña solicitará el endurecimiento de la pena impuesta a Artur Mas y sus ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por organizar la consulta del 9-N contraviniendo la prohibición del Tribunal Constitucional (TC).
El Ministerio Público recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que, además de por el delito de desobediencia, el ex presidente de la Generalitat y sus «colaboradoras necesarias» sean condenados por el de prevaricación.
La Fiscalía catalana argumenta que toma esta determinación «en coherencia» con la postura de la Fiscalía del Supremo en la causa que se sigue en el Alto Tribunal contra el ex consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, cuya sentencia se hará pública en los próximos días. El Ministerio Público acusa a Homs tanto de desobediencia como de prevaricación por su papel en la votación independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014 y la Fiscalía Superior de Cataluña recuerda que la Constitución establece que resulta necesario garantizar «unidad de actuación».
El TSJC condenó a Mas a dos años de inhabilitación e impuso el mismo castigo durante un año y nueve meses a Ortega y durante un año y medio a Rigau.
La sentencia establece que, dentro de sus funciones como presidente, Mas «no sólo no dictó ningún tipo de resolución ni efectuó anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que, conjuntamente con las acusadas Ortega y Rigau, cada una de ellas dentro de su ámbito de responsabilidad institucional, conscientes de que con ello se contravenía lo dispuesto en la providencia del Tribunal Constitucional, observaron conductas que permitieron la efectiva realización de las votaciones, llegado el día previsto, en todo el territorio de Cataluña».
Sin embargo, la sala absolvió a los acusados del delito de prevaricación, por el que la Fiscalía catalana pedía una condena de otros ocho años sin poder ejercer ningún cargo público para los tres ex miembros del Govern de la Generalitat.
El tribunal, que fue unánime en su decisión, absolvió a los condenados por el delito de prevaricación al entender que actuaron bajo la ley catalana de consultas populares no refrendarias aprobada por el Parlament y que sería anulada semanas más tarde. El TSJC considera que «no puede descartarse un juicio interpretativo, en todo caso erróneo, que represente la posible legalidad del proceso de participación en los términos en que se produjo».
Tras conocer sus penas, tanto Mas como Ortega y Rigau anunciaron que las recurrirían ante el Supremo y el Constitucional sin más esperanza que agotar la vía establecida antes de poder apelar ante el Tribunal de Estrasburgo. El ex presidente de la Generalitat, amparado por el Govern, pretende convertir su pena en una forma de internacionalizar el proceso soberanista catalán en Europa y vender que la Justicia española no respeta los derechos democráticos de los catalanes.
EL MUNDO – 18/03/17