EL CORREO, 2/9/11
Acusa al regidor de Leitza y a otras dos personas de enaltecimiento de ETA por los actos de apoyo a los presos durante las fiestas locales
La Fiscalía solicitó ayer, por primera vez, la imputación de un cargo electo de Bildu. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó en el registro del tribunal un escrito en el que reclama al juez que corresponda que interrogue en condición de imputado al alcalde de la localidad navarra de Leitza, Oier Eizmendi Astibia, elegido en los comicios del pasado 22 de mayo, y a otras dos personas más, a las que acusa de enaltecimiento de ETA por los actos de apoyo a los presos de la banda que tuvieron lugar el pasado 10 de agosto en el municipio durante el inicio de las fiestas patronales de San Tiburcio.
La Policía foral no ha podido identificar a los cinco enmascarados que participaron en la protesta
La acusación contra Eizmendi se basa en la «elaboración y distribución» del programa para las fiestas patronales, en el que se citaba expresamente entre los actos la celebración un brindis a favor de los reclusos etarras y una manifestación bajo el lema ‘Euskal Preso eta Iheslariak Etxera’ (Presos y refugiados vascos a casa).
En el informe, elaborado por la Policía foral a petición del Gobierno de Navarra y remitido a Zaragoza, también se identifica a las otras dos personas cuya imputación reclama el Ministerio Público: Lourdes Juantorena Baleztena y Saioa Iraola Urkiola. La primera -asegura la Policía- tomó parte en los actos de apoyo a los reclusos portando una camiseta con la foto de la presa etarra Jone Lozano, mientras que la segunda, luciendo idéntica prenda, hizo un discurso desde el balcón del consistorio a favor de Lozano.
La Policía foral reconoce en su atestado no haber podido identificar a las otras cinco personas que, enmascaradas y vestidas de blanco, irrumpieron en la plaza mostraron carteles a favor de los reclusos y que desplegaron dos grandes pancartas con las fotografías de seis presos de ETA y en las que se reclamaba su acercamiento a centros del País Vasco.
Esta actuación provocó las airadas protestas de UPN y de los socialistas y populares navarros, al punto que estos últimos pidieron la intervención de la Delegación del Gobierno para que no se repitieran hechos semejantes en otros municipios. El secretario general del PSN y vicepresidente del Ejecutivo navarro, Roberto Jiménez, acusó por su parte a la formación soberanista de «manchar el nombre de Leitza» al permitir «una manipulación política del peor gusto en un acto que solo debía de ser festivo».
Según sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la diligencia tramitada ante el juez a la luz de la documentación recabada, lo ocurrido en el ayuntamiento navarro no fue más que un acto de «apoyo y ensalzamiento en público de individuos cuyo único hecho por el que son conocidos es su relación con una banda terrorista y la comisión de acciones criminales de naturaleza terrorista».
Una puesta en escena que, en opinión de Javier Zaragoza, «implica, de facto, tanto la justificación de sus acciones terroristas como el aplauso de quienes las cometen». El jefe de la Fiscalía del tribunal de la calle Génova cita, además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Corte de Estrasburgo, que dictaminaron que la exhibición de imágenes de terroristas son parte del «discurso del odio».
«Agradecimiento» de UPN
UPN, que hizo hincapié en su día en la especial gravedad de un acto de estas características en un municipio como Leitza, donde tres personas han sido asesinadas por ETA, trasladó ayer su «felicitación y agradecimiento» a la Policía foral y a la Fiscalía por las medidas adoptadas. «Este es el camino correcto para acabar con la impunidad con la que a veces se producen estos hechos de carácter terrorista», sostiene la formación foralista en un comunicado.
A juicio de los regionalistas, Bildu «debe estar fuera de las instituciones» por comportamientos como el de Leitza, donde «una vez más, permitió que ETA campara a sus anchas». Asimismo, exigieron que «se dejen de utilizar plazas y fachadas municipales como soportes de propaganda vinculada al terrorismo» y pidieron al conjunto de administraciones públicas que «no bajen la guardia en la lucha contra el enaltecimiento y la justificación del terrorismo de ETA».
EL CORREO, 2/9/11