EL CORREO, 16/9/11
Conde Pumpido considera que la banda terrorista mantiene «intactas» su estructuras militar, logística y política
Sortu «no debe» ser legalizada «mientras en el telón de fondo» de su actividad política «subsista la terca y desafiante sombra de ETA». El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, aprovechó ayer la apertura del año judicial para recalcar que el Ministerio Público seguirá pidiendo al Tribunal Constitucional que no permita la inscripción de la formación abertzale en el registro de partidos mientras la banda terrorista no abandone las armas.
LAS CLAVES
EL CONSTITUCIONAL La Fiscalía reclamará al TC que deniegue el recurso de Sortu contra su ilegalización
CAPACIDAD DE ATENTAR «Sigue teniendo comandos que podrían actuar en cualquier momento»
PERSPECTIVA HISTÓRICA ETA y su entorno son «incapaces» de reconocer su «trágico y cruento desatino histórico»
Conde Pumpido adelantó la postura de la institución que dirige en un momento procesal en el que el Tribunal Constitucional debe dilucidar sobre el recurso que Sortu presentó contra su ilegalización, acordada por el Supremo el pasado marzo, dos meses antes de las elecciones forales y municipales. El Constitucional ha dado de plazo hasta el próximo martes para que se presenten alegaciones contra la apelación formulada por la formación de la izquierda abertzale tradicional. En este sentido, el fiscal general apuntó -en un acto oficial en el que no estuvo el Rey por primera vez en los últimos 28 años- que no cambiará de postura mientras ETA y su entorno mantengan su «ambigüedad».
El fiscal también se refirió a las siglas de la izquierda abertzale que consiguieron pasar el filtro de los tribunales para concurrir en coalición en los últimos comicios. Conde Pumpido quiso dejar claro que la entidad que encabeza trató de «excluir» a Bildu de las elecciones del 22-M por todos los medios legales, en referencia a los escritos que presentó ante el Supremo y el Constitucional. Recursos que fueron aceptados en primera instancia pero rechazados después por la corte que vigila el cumplimiento de la Carta Magna.
De hecho, parece que Bildu tiene garantizada, de momento, su presencia en las elecciones del 20-N. Responsables del Gobierno han manifestado durante los últimos meses que los incidentes registrados en los municipios gobernados por la coalición no tienen peso suficiente para reclamar al Constitucional que revoque su decisión.
Maquinaria «engrasada»
El representante del Ministerio Público se refirió también de forma expresa a la situación que atraviesa ETA, nueve meses después de que declarase un alto el fuego «permanente». Conde Pumpido dibujó un escenario de «derrota legal, material y moral» de los terroristas, que creyeron «absurdamente» que serían capaces de quebrar a «sangre y fuego la voluntad democrática de los españoles».
Ahora bien, a pesar del «agónico final» al que se ha visto sometida la banda armada, el fiscal subrayó que los terroristas y su entorno son «incapaces» de reconocer su «trágico y cruento desatino histórico» y de renunciar «expresa», «clara» y de forma «definitiva» a la «imposición de sus tesis totalitarias mediante la violencia». Un comportamiento que, según dijo, lleva a policías, jueces y fiscales a seguir «vigilantes e inflexibles» ante cualquier movimiento y que mantiene firme la desconfianza hacia ETA y su entorno.
La memoria anual de la fiscalía refuerza estos recelos con datos. El documento presentado ayer afirma que la banda mantiene «intacta su estructura organizativa en todos los terrenos»: el militar, el logístico y el político. El informe advierte que el alto el fuego no debe hacer «olvidar» que ETA «sigue disponiendo de comandos» tanto en Francia como en España que podrían actuar «en cualquier momento» si su estrategia no surte los «efectos deseados».
Para el Ministerio Público, el alto el fuego esconde una maniobra relacionada con las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo, en las que Bildu cosechó excelentes resultados. A su juicio, ese respaldo en las urnas fue la «circunstancia determinante» que justificó el cese de acciones.
El informe recuerda que ETA «ha venido condicionando la vigencia» del alto el fuego a la «superación del denominado conflicto vasco» y que ella misma se ha erigido en «garante de ese proceso» reservándose la posibilidad de volver a las armas. Pese a que la ausencia de atentados puedan hacer creer que el «grado de amenaza» se ha reducido de forma «notable», la fiscalía insiste en que su estructura sigue «engrasada» y que sus actuaciones dependerán en buena medida «de que vea satisfechas sus reivindicaciones».
EL CORREO, 16/9/11
De hecho, relata recientes detenciones de activistas listos para atentar para reforzar que sus últimos comunicados siguen manteniendo una «calculada ambigüedad» e insiste en que los terroristas ya han usado otros parones para rearmarse.