EL CORREO 24/05/2013
· Las víctimas acusan al juez Marlaska de derogar «por cuenta propia» la ‘doctrina Parot’ al dejar libre a Josu Ziganda, condenado a 566 años.
BILBAO. La Audiencia Nacional ha soliviantado a las víctimas del terrorismo, al tiempo que ha vuelto a poner de manifiesto la ausencia de un criterio compartido en la interpretación y la aplicación de la ‘doctrina Parot’, con su decisión de excarcelar a los etarras Josu Ziganda Sarratea y José Carlos Apeztegia Jaca, adoptada anteayer por la sección primera de la Sala de lo Penal que preside Fernando Grande Marlaska. Especialmente dolorosa para los damnificados por ETA ha sido la puesta en libertad de Ziganda, que cumplía en la cárcel de Jaén una pena de 566 años por ocho atentados en los que murieron nueve personas y que ha permanecido 24 años en prisión.
Su excarcelación será recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según confirmaron ayer fuentes fiscales a Europa Press. El Ministerio Público entiende que al antiguo miembro del ‘comando Eibar’, nacido en San Sebastián en 1960, se le debió aplicar la ‘doctrina Parot’, que establece que las redenciones de pena se calculen sobre el total de la condena y no sobre el límite máximo de estancia en prisión, 30 años. Según este criterio, Ziganda, condenado entre otros delitos por las muertes de tres guardias civiles, dos camareros, un policía nacional, dos industriales y un ertzaina, no tendría que salir de la cárcel hasta el 12 de abril de 2019.
Sin embargo, el Tribunal Supremo acordó el 9 de febrero del pasado año que a Ziganda le eran de aplicación las redenciones sobre el máximo de cumplimiento efectivo de 30 años, por haber cometido sus crímenes mientras estaba vigente el Código Penal de 1973 y a pesar de que alguno de los juicios tuvo lugar cuando ya había entrado en vigor el de 1995. Basándose en esa resolución y en una sentencia del Constitucional, que en un «supuesto idéntico» admitió el recurso de amparo del colaborador de ETA Peio Etxebarria Lete contra la aplicación de la ‘doctrina Parot’, la Audiencia Nacional obró en el mismo sentido y decidió que el licenciamiento definitivo de Ziganda, detenido el 16 de abril de 1989, tenía que haberse producido el 9 de marzo de 2011, por lo que dictaminó su excarcelación.
Tanto en este caso como en el de José Carlos Apeztegia, la Audiencia Nacional argumenta su postura por la aplicación del Código Penal más beneficioso para los reclusos. Si en el caso de Ziganda se trataba del de 1973, para Apeztegia (Pamplona, 1964) era el de 1995, que establece un máximo de 20 años de encarcelamiento. Militante de Jarrai y de LAB hasta su detención por la Ertzaintza el 3 de febrero de 1992, cuando formaba parte de un comando de ETA dedicado a la extorsión de empresarios, sobre el pesaban tres condenas por un total de 71 años. «El condenado se encuentra ininterrumpidamente en prisión desde el 30 de enero de 1992, luego el plazo de los 20 años ya ha transcurrido. Procede decretar su libertad por cumplimiento de condena», dice el auto emitido el miércoles por la Sección primera de la Sala de lo Penal.
«Inexplicable»
La decisión judicial provocó la respuesta inmediata de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), quien la calificó de «inexplicable» y advirtió de que puede suponer «un antes y un después» en la política penitenciaria. La organización presidida por Ángeles Pedraza, que ha anunciado un recurso y ya se ha puesto en contacto con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, criticó en un comunicado esta nueva «vía de escape» para que los terroristas no cumplan sus penas y acusó al tribunal de derogar «por cuenta propia» la ‘doctrina Parot’.
«Nos preguntamos si es esto lo que nos merecemos las víctimas del terrorismo, con decisiones que benefician únicamente a los terroristas y los alejan del único consuelo que podemos tener: una Justicia justa», reprochó la AVT. En el mismo sentido, Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, calificó las dos excarcelaciones de «perjudiciales» para el dolor de las víctimas y la aplicación de una «justicia real»
EL CORREO 24/05/2013