La Fiscalía se inclina por no querellarse contra Artur Mas

Todo apunta a que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ejercerá ninguna acción penal contra el presidente de la Generalitat por el 9-N. El jefe del Ministerio Público, Eduardo Torres Dulce, empezó ayer a preparar el terreno en ese sentido y avisó de que «no es necesario que el Ministerio Fiscal lleve el asunto a los tribunales» porque ya hay abierta una investigación en los juzgados a raíz de las denuncias de varias fuerzas políticas. El escaso entusiasmo de la Fiscalía causó un profundo malestar en La Moncloa, desde donde advirtieron a los fiscales de Cataluña que tienen una dependencia «jerárquica» y son los representantes del Estado «en defensa de la legalidad».

La posibilidad de que no haya finalmente una querella surge además en un momento especialmente delicado para el PP, cuya militancia en Cataluña tiene su moral tocada después de celebrarse una consulta que durante meses habían asegurado que nunca tendría lugar y que el Gobierno haría cumplir la ley para impedirla. De hecho, el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, presidió ayer la junta directiva del PP catalán para intentar elevar los ánimos del partido y apagar las críticas de los dirigentes molestos con la dirección nacional y la supuesta inacción de Mariano Rajoy ante el 9-N.

Floriano, recibido con frialdad y poco entusiasmo, trató de transmitir el apoyo de la ejecutiva nacional. «Estamos muy orgullosos de vosotros, debemos seguir en esta batalla política, defender la legalidad y la concordia en España», arengó. Floriano buscó la complicidad con los líderes conservadores catalanes apelando incluso a la «adversidad» en la que, a su juicio, se ha forjado el partido y comparó la situción de «aislamiento» social de los populares en este territorio con la que han sufrido en «Euskadi y Navarra».

No hay materia
Sin embargo, ni las palabras de Floriano pueden evitar la impresión de que la furibunda reacción del PP tras la votación del domingo sobre la independencia de Cataluña pueda quedarse ahora en nada. La mayoría de los integrantes de la Fiscalía del Tribunal Superior catalán no aprecia que haya materia en la actuación de Artur Mas para interponer una querella por desobediencia a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, y mucho menos por usurpación de funciones, prevaricación y malversación de fondos públicos, como se recogía en el primer borrador que elaboró la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado al día siguiente de la consulta.

Torres Dulce se encuentra por tanto entre la espada –el Gobierno de Mariano Rajoy– y la pared –el Ministerio Público en Cataluña–. El fiscal general había anticipado que tomaría una decisión nada más recibir el informe de sus representantes en el Tribunal Superior, pero ayer precisó que la Fiscalía catalana dirá la última palabra de su departamento. Esta se inclina, según fuentes jurídicas, por desestimar la querella por desobediencia porque el 9-N fue un acto político y sería desproporcionado actuar contra él con el Código Penal en la mano. Torres Dulce recordó que no es su costumbre fijar pautas de actuación a sus subordinados. Solo lo ha hecho una vez en sus tres años en el cargo, y fue con el ‘caso Faisán’, en el que ordenó recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Supremo.

El fiscal general, en consecuencia, dejó entrever que no va a contradecir la opinión del Ministerio Público en Cataluña y dio una pista para creer que así será. Sostuvo que «no es necesario» que la Fiscalía actúe para que los jueces investiguen si Mas y otros miembros de su Gobierno cometieron algún delito porque ya hay abierta una vía en el Tribunal Superior de Justicia por las denuncias de varios partidos y ciudadanos particulares.

Defensa del Estado
La posición de Torres Dulce y de la Fiscalía autonómica no sentó nada bien en el Gobierno de Rajoy. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó la comparecencia tras el Consejo de Ministros para recordar al Ministerio Público en Cataluña que tiene una «dependencia jerárquica» del fiscal general, y ese principio de funcionamiento está por encima de sus criterios sobre lo sucedido el 9-N.

Sáenz de Santamaría también subrayó que el Ministerio Fiscal ejerce «la representación del Estado en defensa de la legalidad», y uno de los tres poderes estatales, el Ejecutivo, considera que el domingo pasado se vulneró la ley. Los principios que guían la actuación de la Fiscalía son «la legalidad y la imparcialidad», y si bien los fiscales no son los abogados del Ejecutivo, «ejercen la defensa del Estado en el ámbito penal».

Hechas estas consideraciones, la vicepresidenta insistió en que la Fiscalía es «autónoma» respecto al Gobierno, y éste «respetará la decisión» que adopte en este asunto sea cual sea. Sáenz de Santamaría, de todas maneras, insistió en que el criterio gubernamental es que Mas y sus consejeros cometieron «una ilegalidad» el 9-N y en la Moncloa confían, pese a todo, en que la Fiscalía se querelle contra Mas. No hacerlo, admiten, dejaría en muy mal lugar al Gobierno. Pero sobre todo al PP.

Si la posibilidad de que no haya actuación penal contra Mas causó desazón en círculos gubernamentales, fue motivo de satisfacción entre empresarios y fuerzas políticas catalanas. El presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, apuntó que su «esperanza es que no tenga lugar (la querella)» y la política circule por los cauces de «diálogo y convivencia». El líder de Unió Democrática, Josep Antoni Duran Lleida, también consideró que sería «un gravísimo error, el enésimo» del Gobierno, si el Ministerio Público lleva a Artur Mas a los tribunales porque generaría «más irritación» entre la población catalana, sea independentista o no lo sea. Una opinión que comparten los socialistas.