La Fiscalía respondió ayer casi de inmediato al nuevo paso hacia el referéndum dado por el Govern. Pocas horas después de que se publicara en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) –el BOE catalán– la licitación para la compra de las urnas para la proyectada votación independentista, el Ministerio Público confirmaba que trabaja para presentar una nueva querella para impedir y perseguir los planes soberanistas.
Fuentes de Fiscalía confirmaron que la querella incluirá los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por el intento del Govern de destinar fondos de la Generalitat a la adquisición de urnas para un referéndum que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado ilegal. Según consta en el DOGC publicado ayer, el Govern da por abierta la licitación para la compra de unas 12.000 «urnas electorales transparentes» y «urnas de cartón» por un importe máximo de 200.000 euros.
Serán los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) los que ultimen una querella que se presentará en cuestión de días y que aún carece de destinatarios concretos. Con ella la Fiscalía aspira abrir otro frente judicial contra el procés y separado de la investigación ya abierta por la publicidad institucional para crear un registro de catalanes en el extranjero. Como avanzó este diario, el Govern entregó a finales de abril toda la información sobre dicha campaña a la Guardia Civil.
El anuncio publicado ayer en el DOGC fue difundido con el lenguaje ambiguo con el que el Govern quiere evitar cualquier represalia legal del Gobierno. Por ejemplo, eludiendo cualquier mención literal al referéndum de secesión en los documentos oficiales. En el caso de las urnas, la licitación conocida ayer limita la utilización de los recipientes para «las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana».
La portavoz del Govern, Neus Munté, rompió ayer la estrategia preventiva del soberanismo y desafió al Ministerio Público al no esconder que el destino de las 12.000 urnas es el de ser utilizadas para la celebración del referéndum de independencia. «Para hacer los diferentes procesos electorales en los que somos competentes se necesitan urnas, y las tendremos. Para hacer un referéndum se necesitan urnas, y estarán», dijo en rueda de prensa la también consellera de Presidencia.
«Las urnas servirán para todos los actos de democracia que se tengan que organizar en los próximos años y que tengan que ver con los posicionamientos de la ciudadanía», se reafirmó. Munté acentuó que «no hay ninguna normativa que impida la compra de urnas» y recordó que otras comunidades autónomas las tienen en propiedad, a diferencia de Cataluña, que hasta ahora usaba en cada elección las que proveé el Ministerio del Interior. «Mantenemos un compromiso inequívoco con la celebración del referéndum y nos negamos a aceptar las amenazas y las intimidaciones del Gobierno. Estaría bien que el PP entendiera que la democracia requiere de urnas», aseguró.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue ayer contundente en cuanto a la polémica sobre las urnas. Avisó al Govern de que el referéndum «no puede hacerse y no va a hacerse» y lamentó que «la realidad secesionista paralela» del soberanismo se haya quedado «del tamaño de una urna».