EL MUNDO 03/10/14
· El ‘president’ dio luz verde ayer a la junta electoral para la consulta
Artur Mas dio ayer un paso más en la estrategia de las autoridades de Cataluña de burlar la suspensión de la consulta soberanista y de ignorar la orden del Tribunal Constitucional. A última hora de la tarde, el presidente de la Generalitat firmó el decreto de nombramiento de los nueve miembros de la junta electoral. La Fiscalía estudia la elaboración de una denuncia o querella contra Mas por desobediencia y prevaricación que se presentaría en el Tribunal Superior de Cataluña.
Artur Mas consumó así el que puede considerarse su primer acto formal de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). El presidente de la Generalitat firmó a última hora de la tarde el decreto que hace efectiva la designación de la junta electoral de la consulta de autodeterminación catalana. La rúbrica implica desarrollar la Ley de Consultas y el decreto de la llamada a las urnas el 9-N, que se encuentran suspendidos por orden del Constitucional tras aceptar a trámite las impugnaciones presentadas por el Gobierno el 29 de septiembre.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado, a las que no sorprendió el nuevo paso dado por Mas, señalaron que «es difícil quedarse impávido» ante la progresión de actuaciones del presidente de la Generalitat.
Mientras el Gobierno deshoja con la Abogacía del Estado la margarita de cómo y cuándo reaccionar ante la evolución de la estrategia del Parlament y de la Generalitat, la Fiscalía valora la interposición en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de una denuncia o querella por delitos de prevaricación y desobediencia. «Las probabilidades de intervenir son altas», dijeron las fuentes consultadas.
El miércoles, los diputados soberanistas defendieron que no estaban cometiendo ninguna ilegalidad al aprobar en el Parlament la designación de los politólogos y juristas que formarían el órgano, pues éste no quedaría constituido hasta que Mas rubricara el decreto que los nombra. El portavoz de CiU en la Cámara catalana, Jordi Turull, llegó a sostener que sólo estaban avanzando el trabajo por si el TC acaba levantando la suspensión de la Ley de Consultas. El levantamiento de la suspensión no ha llegado, pero Mas ha decidido continuar con su desafío al Estado.
La nueva actuación del presidente de la Generalitat lleva al límite los argumentos ofrecidos por los servicios jurídicos del Parlament para avalar el nombramiento de la junta electoral por parte de la Cámara autonómica. Tras admitir que la votación parlamentaria de los miembros de la Comisión de Control quedaba incluida «lógicamente» dentro de los efectos suspensivos dictados por el TC, el dictamen se adentraba por el terreno de «otras posibilidades interpretativas» y sostenía la tesis de que la elección de la junta electoral podría considerarse legal porque «el acto parlamentario de designación no es un acto que produzca plenos efectos, ya que es imprescindible el acto posterior de nombramiento, que corresponde al presidente de la Generalitat, para que los miembros de la comisión adquieran de forma plena y efectiva su condición legal».
Mas ha dado todavía un paso más allá y, pese a que el pasado miércoles dijo que «no siempre la desobediencia lleva a la victoria», ayer, después de la presión de ERC y la CUP para que continúe adelante con el operativo de la consulta, decidió avanzar por el camino de la insubordinación.
Haciendo honor a la estrategia de la «astucia» de David para «vencer a Goliat» proclamada por Mas el 26 de septiembre, el decreto utiliza en cambio un redactado equívoco para intentar sortear el veto del TC.
En primer lugar, la disposición rubricada por el president no cita de forma expresa ni la Ley de Consultas ni el decreto suspendidos y acuerda nombrar a «los siete miembros de la Comisión de Control de las Consultas Populares no Refrendarias» amparándose en las facultades que le atribuye la Ley de la Presidencia de la Generalitat «y el resto de la normativa de aplicación».
Por otro lado, Mas sostiene que firma el decreto «a efectos de la vigencia correspondiente», una expresión inédita y confusa, cuyo exacto significado no se desprende de la disposición, pero que permitiría al presidente de la Generalitat alegar que lo que quiere decir es que se pretende posponer sine die la entrada en vigor de los nombramientos de los controladores de la consulta. Anteponiendo una cláusula como esa y haciendo esa interpretación sui generis, en realidad
Mas podría seguir desarrollando todos y cada uno de los pasos previstos en la ley de consultas y en el decreto de convocatoria del 9-N.
«Estamos convencidos de que se puede hacer», aseguró ayer Francesc Homs. El consejero de Presidencia fue el encargado de comunicar a última hora en una comparecencia improvisada en los pasillos del Parlament que Mas acababa de firmar el decreto y que éste será publicado oficialmente hoy en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).