DIARIO VASCO, 25/8/12
El informe cifra en 11,3 meses su esperanza de vida, lo que apunta a su excarcelación
El caso del preso enfermo Josu Uribetxebarria Bolinaga sufrió ayer una nueva vuelta de tuerca, aunque paradójicamente su excarcelación puede estar más cerca. La forense de la Audiencia Nacional contradijo al Gobierno central y aseguró en su informe que el recluso de ETA, que sufre un cáncer de riñón con nódulo pulmonar y metástasis cerebral, puede ser tratado de su dolencia en prisión. No obstante, le otorga una esperanza media de vida de 11,3 meses y ningún preso controlado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria continúa en prisión con una esperanza de vida inferior a un año.
El juez Castro tiene ya en sus manos los informes y podría tomar una decisión la próxima semana
El juez titular, José Luis Castro, ha recibido ya este informe, de siete folios, y tomará una decisión definitiva en próximos días. Castro esperará al informe de la Fiscalía antes de decidir, con total seguridad la próxima semana. El Ejecutivo central insiste en que acatará la decisión judicial aunque confía en que finalmente se atienda su petición de conceder el tercer grado en función de lo recogido por la ley para presos con enfermedades graves incurables, según fuentes del PP.
El escrito de la forense señala en sus conclusiones que la enfermedad tumoral diagnosticada es de «muy mal pronóstico a largo plazo», pero que «en la actualidad el enfermo no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos en relación con la misma». Paradójicamente, el informe, pese a asegurar que no está en estado terminal, reconoce unas líneas más arriba que la probabilidad media de supervivencia de Uribetxebarria es de «11,3 meses», precisando que hay un 50% de posibilidades de que su esperanza de vida sea mayor, y el mismo porcentaje de que no llegue a ese periodo. La forense agrega que está pendiente completar el diagnóstico sobre el tumor de origen y el número de metástasis cerebrales, así como de la instauración de los tratamientos. Por ello considera conveniente una nueva evaluación clínica, una vez que se realice la terapia específica, para evaluar «la posible mejoría debida a la misma». El informe sí acepta que el tratamiento radioterápico y/o quirúrgico que se decida deberá realizarse en un centro hospitalario fuera de la prisión.
Los precedentes en casos similares avalan la excarcelación del condenado por el secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara. El caso más parecido es de enero de 2011. El preso de ETA Mikel Ibáñez Oteiza, condenado por el asesinato del empresario Francisco Javier Zabaleta en 1988, fue excarcelado por razones humanitarias para ser tratado por un cáncer, y tres meses después falleció. Su libertad condicional estuvo precedida por una serie de obligaciones excepcionales como llevar una pulsera de control telemático para mantenerlo vigilado. Y el juez contó con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
A la hora de elaborar el informe, la forense de la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta el historial clínico y los informes del Hospital Donostia, y las prisiones de Zaballa (Araba) y León, desde donde fue trasladado. Sin embargo las conclusiones de la forense son bastante diferentes. El diagnóstico del hospital Donostia, donde se encuentra internado el recluso, hablaba de que tenía un 90% de probabilidades de morir en un año. Y el informe de Zaballa, donde estaría encarcelado, advertía de que sólo tenía enfermería para atención primaria y no para tratar a un enfermo de cáncer. Este argumento fue el defendido el jueves por el ministro de Interior para justificar la concesión del tercer grado al recluso en virtud del artículo 104.4 del reglamento penitenciario.
Esta norma aprueba un régimen de semilibertad para presos con «padecimientos incurables». Y el Gobierno, más allá de que Uribetxebarria pueda ser tratado o no en una prisión, apelaba al espíritu «humanitario» del Estado de Derecho que no permite que los reclusos desahuciados pasen sus últimos días en prisión.
Respaldo al ministro
Precisamente, el Gobierno central defendió ayer a Jorge Fernández Díaz frente a las críticas de diversas víctimas y los sectores más duros del PP. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que no se ha hecho más que cumplir con la ley .
El colectivo de apoyo a los presos de ETA, Herrira, por su parte, calificó de «vergüenza» y «tomadura de pelo» que Uribetxebarria Bolinaga continúe encarcelado, y exigió que se «terminen con las excusas». Por otra parte, el pseudosindicato Manos Limpias tiene previsto presentar una querella contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, por prevaricación en la concesión del tercer grado.
DIARIO VASCO, 25/8/12