Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y tras el nacimiento de la República Federal de Alemania no ha habido un proceso de descentralización administrativa y política como en el caso español. España cuenta, a las alturas de la segunda década del siglo XXI, con un Estado fragmentado en 17 partes más una administración general, con sede en La Moncloa, a la que se le ha achicado el espacio, con sentencias del Tribunal Constitucional que han dejado en los huesos a la parte común. Reléase para el sostenimiento de esta afirmación Informe sobre España (Crítica, 2012) del catedrático Muñoz Machado hoy director de la Real Academia Española. A lo largo y ancho del proceso de descentralización, el Tribunal Constitucional ha entregado terrenos competenciales exclusivos del Estado, al dar por buenos los mordiscos que tanto los Estatutos de Autonomía como las leyes regionales de todos los colores le han ido dando al tronco común hasta dejarlo como una línea muy fina, incapaz de reaccionar ante un episodio tan grave como el de una pandemia global.

Los cien días del confinamiento nacional en 2020 asomaron un Estado incapaz de comprar material sanitario al carecer del personal y de los canales comerciales adecuados tras haber sido transferidos a los 17 gobiernos regionales. A la inoperancia técnica se sumó un Gobierno perplejo y paralizado por una situación que desbarataba el plan inicial trazado por los dos supervivientes (Sánchez e Iglesias) de un resultado electoral peor que el anterior, pero suficiente gracias a la tozudez del votante del centro y la derecha, empeñado en favorecer un gobierno de la izquierda con la extrema izquierda y el separatismo catalán, condenado por sedición antes de las elecciones de noviembre de 2019. Nada de lo que pueda ocurrir en el segundo proceso que se inicia con los indultos debe hacer olvidar el origen, de dónde venimos.

Como proclama el PNV ya no quedan competencias, lo siguiente es compartir la soberanía creando verdaderos Estados dentro de un contenedor llamando España

Hay una parte de la izquierda que, 43 años después de la fundación de la democracia liberal del 78, sigue preguntando a los nacionalistas qué se debe, como si estuvieran en la penúltima ronda. Una mezcla de culpa y encantamiento del que no acaban de salir a pesar de los hechos probados por el Tribunal Supremo en el golpe del otoño del 2017 en Cataluña. Al igual que en el País Vasco, donde el PNV es amo y señor y Bildu enseñorea la crueldad cometida para llegar hasta aquí como si nada, el sentimiento supremacista, propio de cualquier nacionalismo, ha sometido a la razón de la ley con el asentimiento de una izquierda condescendiente con una idea de España que no sea solo la suma de ciudadanos libres e iguales sino un Estado compuesto troceado por los fueros medievales.

Desde lo que hoy es Podemos, pasando por la versión cool que pretende colar Iñigo Errejón, hasta el PSOE de Sánchez-Zapatero, se ve en el independentismo un aliado para mantener el poder pagando el precio de un mercado siempre al alza. Como proclama el PNV ya no quedan competencias, lo siguiente es compartir la soberanía creando verdaderos Estados dentro de un contenedor llamando España miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Se quedarán en la linde del Banco Central Europeo donde no admiten trozos de país a cambio de deuda. Cuando se pide una “solución federal” se cuenta una verdad a medias. Si se compara con Alemania hay que empezar por definir las competencias del Estado central. En un modelo como el alemán nuestra escuálida administración central tendría mucho más músculo e incluso la capacidad de re-centralizar como ha hecho Merkel durante la pandemia. El modelo del PNV no es federal sino confederal donde hay partición de la soberanía. El choque entre ambos modelos, ciudadanos libres e iguales frente a territorios privilegios, quedó resuelto en Estados Unidos hace 150 años.

Cómo ha escrito Daniel Gascón en un memorable artículo en El País (El poder se perdona a sí mismo, 29-05-2021): “Al concederlos (los indultos), el Gobierno convalidaría la idea de que Cataluña es una comunidad autónoma donde no rige la ley: esa es la gran victoria del nacionalismo.” Por lo tanto, sin tener que llegar al Tribunal Constitucional, volverán a salirse con la suya haciendo del escuálido Estado un fantasma, un alma en pena. Cuando se habla de los catalanes, o la ministra portavoz distingue entre Cataluña y España, se obvia a los millones de ciudadanos que como en su tiempo en el País Vasco no secundan al nacionalismo independentista, sino que lo padecen. ¿Dónde queda el progresismo si hay abandono de una parte? Nunca habrá igualdad ante la ley si se entrega la superioridad a una parte. La foto de Junqueras sentado frente al Gobierno que le equipara con Mandela o con los presos franquistas no apaciguará tal y como han dicho los beneficiarios con la gracia del indulto. Será la imagen de una derrota pactada que ni Colón podrá tapar señalando con su dedo al horizonte más incierto.