La foto, siquiera verbal, nos llega desde Bruselas: ¡el presidente de la autonomía catalana visitando al forajido en representación del Gobierno de España! Es lo que se llama legitimación de facto de un delincuente presunto. Y es como si uno –cualquiera– de los Presidentes de nuestra combatida democracia hubiera osado enviar a su ministro de Gobernación a parlamentar con un criminal como Josu Ternera. Claro está, que esta última no sería ninguna novedad ya que no recuerdo a ninguno de ellos que dejara de hacerlo. ¿Será que la imagen del fuguista deslumbra, en el fondo, a la gente de orden? Un ejemplo. Cuando el Lute fue finalmente acosado y detenido en Alcalá de Guadaíra, donde se escondía, lo llevaron esposado ante el jefazo de la Guardia Civil que asistió al gran acontecimiento de su detención. Y el jefazo miró al preso en silencio durante uno instantes eternos para al fin espetarle con indisimulada admiración: “¡Con dos cojones! Pues eso, nada nuevo.

Pero con esta visita, previa con seguridad a la del propio Presidente, el Estado toca fondo, porque deja al descubierto la gran falla del “régimen”: su dependencia radical, no relativa ni incidental, del Gobierno y su sumisión al capricho del Bandido reclamado por la Justicia. Eso no hay Pepa Bueno que valga capaz de disimularlo, ya que la imagen del caso revela la realidad política última: que el que tiene la última palabra en la gobernación de la (todavía) nación española no es el Gobierno y ni el definitivamente descreditado zombi que lo preside, sino el insólito reclamado por la Justicia al que el Estado –o sea los contribuyentes españoles— sufraga desde hace ya años su espléndida residencia.

Vox no tiene hoy mejor aliado en España que este PSOE desnaturalizado y pronto terminal del que discrepan cuerdamente en masa sus responsables históricos. Ni la precaria y visceral ideología de su populismo mejor apoyo que la polarización lograda por el sanchismo.

Bien, y qué cabe esperar ahora. Pues poco, más bien casi nada, puesto que pocas dudas caben de que el precio que ese presunto sedicioso habrá puesto al imprescindible sostén del presidente en precario supondrá la irreversible derrota, no ya de ese Gobierno de pacotilla sino del Estado. No se tratará, desde luego, de beneficiar a esta pobre nación –¡la más antigua de Europa, según suelen decir los historiadores de prestigio!— sino de mantener en el machito al pródigo irresponsable que la trajina. ¡Sánchez for President y caiga el que caiga! Una ignominia sin precedentes.

El problema no esa esa causalidad, sin embargo, sino el hecho de que los dañinos efectos políticos de esta alegre cena de bandidos sobre el futuro inmediato de los españoles será poco menos que irreversible. Para empezar porque suponen, también de facto, la crisis radical del Estado de las Autonomías, vale decir, la quiebra de la Constitución paralela a una virtual ruina del PSOE que, sumada a la pulverización galopante de las Izquierdas, habrán de provocar, ahora sí, la hegemonía del extremismo parafascista que ya no se esconde ni disimula en media Europa, incluyendo a la culta Francia o a la desdichada Hungría.  Vox no tiene hoy mejor aliado en España que este PSOE desnaturalizado y pronto terminal del que discrepan cuerdamente en masa sus responsables históricos. Ni la precaria y visceral ideología de su populismo mejor apoyo que la polarización lograda por el sanchismo.

En fin, ya solo falta –“dies certus an incertus quandum”, que diría el romano—que el baranda se desplace también hasta la guarida del rebelde que nos telegobierna y pose para la Historia ante las cámaras. Pero incluso antes de ese memorable instante ya entrevemos la imagen definitiva del descalabro y el deshonor de Estado. Roma no pagaba traidores, aseguraba el cónsul romano, España hoy, triste, lamentablemente, paga a manos llenas al fautor de la secesión que nos gobierna a distancia. Sánchez parece dispuesto a dejar España como un solar aunque sea por una prórroga a todas luces insostenible de quien ha fracturado en dos mitades a la opinión pública, amparado a los separatistas, indultado (contra el propio Tribunal Supremo) a los rebeldes y malversadores para terminar en su propósito de amnistiar al resto de esa mafia de Estado con tal de mantenerse en el Poder. La España democrática nunca estuvo en mayor peligro ni la conciencia nacional tan desencajada. Su mejor ilustración será probablemente la foto de que hablábamos.