La fragmentación de Europa

Durante los días previos al referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, el mundo contuvo la respiración. Estaba en juego no sólo la integridad territorial de la segunda potencia militar de Occidente, sino la estabilidad económica y política de toda Europa. El contundente triunfo del no (11 puntos de diferencia) ha supuesto un alivio considerable. Desde Washington hasta Bruselas, pasando por Berlín, el fracaso del independentismo ha sido recibido con júbilo en todas las cancillerías. Los mercados han reaccionado también positivamente. En todo caso, y a pesar de la afortunada victoria de los partidarios de la unión, es preciso denunciar la actitud irresponsable del primer ministro británico. La mera posibilidad de que el Reino Unido hubiera quedado fragmentado, es un riesgo que ningún político sensato hubiera debido correr. Cameron no fue pragmático, fue arrogante. Si hace dos años hubiera planteado a los escoceses las propuestas de mayor autonomía que ofreció días antes del referéndum, este podría haberse evitado.

Entre los votantes se impuso la sensatez. A pesar del contundente rechazo que suscitan las actuales políticas del Gobierno británico entre la población de Escocia (sólo 1 de los 60 diputados elegidos en los distritos electorales de Escocia pertenece al Partido Conservador), la gran mayoría de los escoceses fue consciente de lo que realmente estaba en juego. Y lo que se votaba no era la aceptación o el rechazo de unas políticas concretas, sino el mantenimiento o la destrucción de una comunidad política que durante más de tres siglos ha garantizado la convivencia en paz y en libertad.

En este contexto, y superada ya la incertidumbre, se impone una doble tarea en el ámbito interno británico y en la Unión Europea. En el Reino Unido es preciso cerrar las heridas que el referéndum –por su propia lógica polarizadora– ha provocado. Es preciso convencer ahora a los escoceses que votaron por la independencia de las ventajas de la unidad. La realidad nacional escocesa ha sido respetada durante siglos y nunca ha estado amenazada. Esa realidad ha sido y es compatible con el sentimiento de pertenencia a una comunidad política más amplia, la británica. La victoria de los unionistas no debe interpretarse como un cierre de filas a favor del statu quo. La gestión del resultado del referéndum exige abrir un debate sereno y riguroso sobre el reparto de competencias entre el Parlamento británico y el de Escocia.

Con todo, es en el orden europeo donde hay que adoptar las medidas más urgentes para que no nos veamos de nuevo, ni en Escocia, ni en Flandes, ni en Cataluña o el País Vasco, ni en Padania, ni en ningún otro lugar de Europa ante una situación similar. Porque quien juega con fuego acaba quemándose. Europa ya se suicidó en 1914, y es preciso evitar que vuelva a hacerlo. La Unión Europea no ha estado a la altura de las circunstancias. Ante el referéndum escocés (y lo mismo respecto al catalán) los responsables políticos de la Unión Europea se limitan a recordar que los nuevos Estados quedarían fuera de la Unión y deberían pedir el ingreso, pero que, en todo caso, los conflictos secesionistas son asuntos internos de los Estados miembros que ellos mismos deben resolver. Esto es falso. La destrucción de un Estado miembro no es un asunto interno, es un asunto europeo. Al ingresar en la Unión Europea, los Estados asumen el ‘acervo comunitario’, e incorporan así a su derecho interno el derecho comunitario europeo en su totalidad. Se comprometen a respetar el cumplimiento de ese derecho en la totalidad de su territorio y en relación a toda su población. El territorio de un Estado no es algo irrelevante para la Unión Europea: es el ámbito de aplicación espacial de su derecho y de realización de sus políticas. Si el Reino Unido –o cualquier Estado– consiente la reducción de su territorio está afectando de forma negativa y grave a la Unión al fragmentar el espacio europeo. La Comisión Europea tiene el deber de recordar esto, y no lo ha hecho. Es mucho más grave para Europa, destruir un Estado que excederse dos décimas en el déficit público. La Comisión Europea entiende que la secesión del territorio de un Estado no es contraria al derecho comunitario europeo y que, por tanto, si un Estado miembro consiente su fragmentación, y con ello la reducción del territorio de la Unión, no está violando el derecho europeo. Frente a esta tesis, considero que una interpretación sistemática y finalista de los Tratados conduce a entender lo contrario. Si los Tratados no prohíben los procesos separatistas es porque no se considera necesario hacerlo expresamente en la medida en que dicha prohibición se deduce de los valores, principios y fines de la Unión. Estos se sintetizan en la voluntad de alcanzar «una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos». Es evidente que el fortalecimiento de la Unión es absolutamente incompatible con la fragmentación de los Estados miembros.

Partiendo de que el secesionismo es incompatible con los valores de la Unión Europea – y para evitar nuevos experimentos que vuelvan a poner a Europa en vilo y en peligro– los Estados miembros podrían y deberían ratificar por unanimidad una reforma simplificada del Tratado en la que se estableciera expresamente la prohibición de consentir cualquier secesión dentro de un Estado miembro. Y la prohibición de ingreso de cualquier Estado surgido de la fragmentación de otro. Al fin y al cabo resulta absolutamente incomprensible que quien aspira a una soberanía propia e ilimitada, y para ello quiere independizarse de un Estado, sea admitido en una organización cuya razón de ser y finalidad es precisamente compartir la soberanía.