José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
Sería razonable que Sánchez desconvocase esta ronda de consultas o de visitas, o de conversaciones, o, en su defecto, que Casado y Rivera, educadamente, declinasen acudir a la Moncloa
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo lunes y martes a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Aunque no ha llamado a Vox (quinta fuerza parlamentaria), ni a ERC y los demás grupos, se trata de una aparente ronda de consultas que está por completo fuera de lugar. El secretario general del PSOE ejerce ahora una presidencia del Gobierno limitada normativamente y debe ceder el protagonismo constitucional a quien la Carta Magna se lo otorga, que es el Rey en su condición de jefe del Estado.
El artículo 99.1 de la Constitución establece que “después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. En consecuencia, lo que procedía era esperar a que la Cámara Baja eligiese el próximo día 21 a su presidente o presidenta y, a continuación, que el jefe del Estado iniciase la ronda de consultas.
Sánchez —que no es la primera vez que desatiende los más elementales criterios de protocolo— va a establecer un precedente que no le corresponde y lo va a hacer en detrimento de las facultades atribuidas al Rey. Acaso no sea esa su intención, pero el efecto percibido es que la que se inicia el lunes es una ronda de consultas previas a su probable investidura. Convoca, además, a los líderes de los tres partidos en la Moncloa y lo hace por orden de mayor a menor, con exclusión, insisto, de Vox.
Lo que procedía era esperar a que la Cámara Baja eligiese el próximo día 21 a su presidente o presidenta y, a continuación, que el jefe del Estado iniciase la ronda de consultas
El procedimiento es similar al que utiliza la jefatura del Estado, de ahí que el mensaje que se remite a la opinión pública sea confuso y equívoco y, en el imaginario colectivo, pueda desactivar la relevancia de la función de Felipe VI. Si Sánchez quería hablar con los líderes de los tres partidos citados, podía hacerlo en otro formato y en diferente lugar, es decir, no de manera pautada como el jefe del Estado y tampoco en la sede institucional de la presidencia del Gobierno.
Tiene mucha razón —al César lo que es del César— la queja de Pablo Iglesias. Porque no solo se ha enterado de la convocatoria por los medios de comunicación, sino que, además, siendo el suyo el único grupo de los tres citados que tiene disposición a apoyar a Sánchez, es recibido en último lugar, el martes a las 17:00. Por si fuera poco, el presidente en funciones sabe muy bien que tanto Casado como Rivera no precisan para fijar postura —la tienen respecto de todos los temas— de una conversación con él, mientras que es con Iglesias con el que debe discutir, debatir, entenderse y encontrar una fórmula o un modelo de relación para la investidura y la legislatura.
Es característica de Sánchez —léase ‘Manual de resistencia’— un acusado narcisismo y una inflamada autoestima. Esta convocatoria, tan pomposa como inútil, no es inocua, sino que acredita las aristas idiosincráticas del secretario general del PSOE y procura la seria inquietud de que no cumple con una de las obligaciones de quien ocupa un cargo como el que ostenta: la máxima preservación y protección del ámbito competencial del jefe del Estado.
Sería muy razonable que Sánchez desconvocase esta ronda de consultas (o estas visitas, o estas conversaciones), o, en su defecto, que Casado y Rivera, educadamente, declinasen acudir a la Moncloa hasta tanto no hayan pasado por el Palacio de la Zarzuela, conforme prevé el artículo 99 de la Constitución. Se evitarían equívocos, confusiones, inquietudes. Y no se perdería el tiempo: Sánchez tiene que hablar con Pablo Iglesias porque, aunque ha tenido un mal resultado, su presidencia depende de los 42 escaños que lidera el secretario general de Podemos.
Mal empezamos.