LIBERTAD DIGITAL 17/05/17
· La Fiscalía activa una investigación sobre la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el concurso para comprar las urnas.
El Gobierno se verá obligado a adoptar medidas expeditivas si pretende evitar el referéndum de autodeterminación en Cataluña. La Generalidad depende de la inyección constante de efectivo por parte del Estado, la Fiscalía vigila todos los pasos de la administración autonómica, el Ejecutivo de Rajoy niega que vaya a celebrarse una consulta, pero tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como la vieja Convergencia, ahora Partit Demòcrata Europeu i Català (PDeCAT) no piensan apearse de la apuesta de la consulta.
A diferencia de lo que ocurrió con ocasión del 9-N de 2014, los fiscales siguen al detalle los movimientos de la Generalidad y este martes han anunciado que emprenderán acciones legalescontra el concurso para la adquisición de ocho mil urnas de metacrilato y cartón convocado por la consejería de Gobernación. El secretario general del departamento, Francesc Esteve, firmante del anuncio de la Generalidad, y la titular, Meritxell Borràs, están en el punto de mira de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras la orden del fiscal general José Manuel Maza de querellarse contra los responsables de la convocatoria para la compra de material electoral.
Ni los rotundos requerimientos del Tribunal Constitucional (TC), ni la vigilancia de los fiscales, ni las llamadas a declarar en el TSJC de los miembros de la mesa del Parlament con su presidenta, Carme Forcadell, a la cabeza, han hecho mella en la obstinación separatista.
Puigdemont se presentará el próximo lunes en Madrid con el acompañamiento ya confirmado de la plana mayor de Podemos. Ha logrado que la formación que dirige Pablo Iglesias se sume a la petición de un referéndum en Cataluña a cambio del apoyo nacionalista a la moción de censura contra Rajoy.
Ultimátum al Estado
El cobijo de la izquierda podemita será el marco en el que Puigdemont lanzará un ultimátum al Estado circunscrito a un acuerdo sobre la fecha y la pregunta del referéndum. Dado que no es previsible que el Gobierno acepte ampliar los términos de la actual negociación hasta la consulta ni que los nacionalistas catalanes acepten un marco vasco, para evitar la votación Mariano Rajoy tendrá que recurrir a la intervención de la administración autonómica prevista en el artículo 155 de la Constitución. Y aún así, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y los partidos separatistas ya han previsto la contingencia de una votación simbólica para para doblar el brazo del Estado.
Tanto el PDeCAT como ERC y la CUP pretenden forzar un escenario de confrontación con la justicia que contribuya a dar algo de notoriedad internacional al conflicto. Según sus planes y previsiones, la aparición de una sola urna el próximo 1 de octubre ya será un éxito clamoroso.
La fecha elegida es el 1 de octubre, tras cuatro semanas de máxima agitación separatista. El frente nacionalista confía en la movilización del próximo Onze de Setembre para sostener que el referéndum es una petición mayoritaria. Tras el calentamiento de la Diada comenzará la fase final de la campaña a favor de la consulta con un gran despliegue propagandístico institucional.