El Gobierno catalán ha incluido en el proyecto de ley de los presupuestos para 2017 poco más de seis millones de euros para la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que prevé celebrar en el mes de septiembre. La existencia de esta partida –asignada a procesos electorales y participativos– debería asegurar el necesario apoyo de la CUP para aprobar las cuentas del próximo ejercicio. No obstante, el compromiso de la formación anticapitalista sigue en el aire.
A la espera del debate parlamentario, los presupuestos catalanes incluyen un alza del 7,8% de los ingresos y del 4,49% de los gastos para cuadrar con un déficit de 1.095,2 millones, el 0,5% marcado como límite. Mientras, la deuda llegará a 77.500 millones, el 52% proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que la Generalitat necesitará 7.000 millones para 2017.
El vicepresidente del Gobierno catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, defendió ayer las cifras macroeconómicas de los presupuestos y eludió cualquier referencia a «una partida para el referéndum», remitiéndose en todo momento a una de las disposiciones adicionales del texto, la número 31, que hace referencia a medidas en materia de organización y gestión del proceso referendario.
Se trata de una fórmula utilizada para contentar a la CUP, el partido antisistema de cuyo apoyo depende el Gobierno catalán y sin cuyos votos no puede aprobar los presupuestos, como de hecho ya ocurrió el año pasado.
La cláusula adicional sobre el referéndum concreta que «el Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria».
Con esta fórmula, el Gobierno de Carles Puigdemont considera que la partida no es impugnable, según defendió Junqueras. El vicepresidente de la Generalitat proclamó además que el Ejecutivo catalán «hará todo lo que haga falta para cumplir con la voluntad y el mandato democrático que nos han encargado».
Los recursos de seis millones de euros para una consulta superan en un millón el presupuesto incluido en las cuentas de 2014 para montar todo el dispositivo de la consulta del 9 de noviembre de aquel año, cuyo gasto se acabó disparando hasta los nueve millones. Junqueras ya avisó ayer de que esta vez puede ocurrir lo mismo: «Tenemos una partida abierta para dotarla de los recursos que sean necesarios para celebrar la consulta».
La partida en sí es un apunte contable imputado como gastos diversos por valor de cinco millones para procesos electorales o consultas populares, más 800.000 euros para procesos de participación ciudadana y otros 407.000 euros cargados al Departamento de Gobernación.
Junqueras se apresuró a acallar las voces que vinculan la financiación encubierta del referéndum a partidas ocultas. En este sentido –y ante el incremento del 65% en los recursos del fondo de contingencia dotado con 330 millones–, concretó que los fondos de reserva se destinarán en un 70% a la recuperación de la paga extra de los funcionarios (unos 230 millones). Habrá también 6.923 millones para dotaciones de personal adicional (docentes, policía autonómica, bomberos y empleados de la administración de Justicia y penitenciaria), que incluye 3.000 trabajadores para el sector público empresarial, 900 de los cuales son para la Hacienda catalana.
Estas actuaciones se enmarcan en la política de reversión de los recortes que abandera Economía, que en otro guiño a la CUP dice priorizar el gasto social y de atención a los más necesitados con el 74,7% del gasto total presupuestado y un incremento sobre 2015 –el último ejercicio con las cuentas aprobadas– de 1.170 millones.
También hay más gasto en Exteriores, el área que lidera Raül Romeva, que tendrá 64 millones de euros, el doble de los 34 millones otorgados en 2015 y de los que una tercera parte se destinará a política exterior.
Incrementos de gasto que se producen en un contexto en el que la Generalitat volverá a necesitar en 2017 una aportación por parte del Estado para poder cubrir sus necesidades financieras. La cantidad que los analistas calculan que necesitará Cataluña ascenderá a 7.000 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).