EDITORIAL EL MUNDO – 07/09/16
· Es imposible que unas líneas paralelas se crucen en algún punto de su trayectoria. Pues de la misma forma da la impresión que discurren las relaciones entre el Estado y la Generalitat de Cataluña cuando está de por medio el tema de la independencia. Ayer vivimos otro episodio de lo que es un enfrentamiento de poderes en toda la regla, en el que uno de ellos vulnera el ordenamiento vigente. Durante su intervención en la apertura del año judicial, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, afirmó que la Fiscalía está dispuesta a defender por la vía «penal» el respeto a la Constitución frente al desafío del independentismo: «En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales si fuera preciso», dijo Madrigal ante el Rey Felipe VI, que presidió el acto.
Estas palabras, que serían firmadas sin cambiar ninguna coma por los organismos encargados de defender el ordenamiento jurídico de cualquier país democrático, fueron interpretadas por la Generalitat en sentido totalmente contrario. La portavoz del Govern, Neus Munté, criticó la «terminología de combate» de la fiscal general, tras afirmar que la Generalitat «no desprecia el ordenamiento constitucional», sino que «son otros los que lo tratan como una mordaza contra las aspiraciones legítimas del pueblo de Cataluña».
Repetimos que se trata de dos planteamientos que parecen irreconciliables, porque el único nexo de unión debería ser el cumplimiento de la ley y una de las dos partes se niega a ello porque de forma unilateral ha decidido no reconocerla. Conviene recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene imputados al ex presidente Artur Mas y a sus ex colaboradoras Irene Rigau y Joana Ortega, a instancias de la Fiscalía, por presunta desobediencia en la celebración del pseudoreferéndum del 9 de noviembre de 2014. Y, por otra parte, el portavoz en el Congreso del Partido Demócrata Catalán –antigua Convergència–, Françesc Homs, también está imputado por el Supremo por su implicación en la preparación de aquella consulta prohibida por el Constitucional cuando era conseller de Presidencia.
Se trata de flagrantes actos de desobediencia a decisiones judiciales de responsables políticos en Cataluña que se suceden sin solución de continuidad. Ayer también, la Mesa del Parlament admitió a trámite la proposición de ley presentada por Junts pel Sí y la CUP para la futura ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, en la que se prevé la creación de la estructura de la futura administración fiscal catalana. Ésta es una de las tres leyes de desconexión con el Estado que fue expresamente anulada el pasado mes de julio por el Tribunal Constitucional, tras el recurso que presentó el Gobierno.
Sin embargo, Carmen Forcadell, presidenta de la Mesa inició ayer su tramitación, a sabiendas de que desobedece al Constitucional, y cuando este Tribunal está estudiando si la presidenta del Parlament incurrió en «responsabilidades penales» al consentir la tramitación en el pleno del Parlament de las leyes del denominado «proceso constituyente» catalán a pesar de su prohibición expresa. Se trata de un acto más de desobediencia flagrante a la Justicia por parte de una autoridad de la Generalitat que indica el empecinamiento en un camino equivocado. Como con toda la razón afirmó ayer Madrigal, «determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia». Y eso es lo que no parecen entender los dirigentes catalanes.
En este clima de claro enfrentamiento entre la Generalitat y el Estado, el próximo domingo se celebra en Cataluña una Diada con menos entusiasmo popular que las de años pasados y más división, ya que las fuerzas políticas de izquierda, agrupadas en En Comú Podem, celebrarán sus propios actos reivindicativos, al margen de la manifestación convocada por la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Desde este periódico consideramos que hay espacio para una negociación entre el Estado y la Generalitat para solucionar el problema político catalán, pero este diálogo debe tener dos premisas. La primera es el cumplimiento de la ley por parte de la Generalitat. La segunda, una postura rotunda y común por parte de las fuerzas políticas constitucionalistas. Desgraciadamente, ninguna de las dos se da en estos momentos y el enfrentamiento institucional se encona. Mientras, el país continúa con un Gobierno en funciones.
EDITORIAL EL MUNDO – 07/09/16