El Consorcio del Palau de la Música, entidad formada por la Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura, no presentará acusación contra Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por quedarse con 6,6 millones de euros desviados del Palau a cambio de adjudicaciones públicas. Así se decidió en la reunión del comité ejecutivo del Consorcio celebrada el pasado viernes en la que se debatió la propuesta del representante del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Llinares, de cambiar las conclusiones provisionales de la acusación de esta entidad en el juicio por el caso Palau y acusar a CDC, ya que se considera que existe un perjuicio para la institución cultural.
Tras la entrada y registro del Palau en julio de 2009, Llinares fue nombrado director general del Palau y envió hacia el juzgado que investigaba el desfalco de Fèlix Millet y Jordi Montull muchos de los documentos encontrados en la institución que supuestamente apuntan a las comisiones ilegales que recibió Convergència por adjudicar obras a Ferrovial: por eso, en un principio el Consorcio apuntaba a la responsabilidad subsidiaria del partido como beneficiario de ese dinero que habría pasado por el Palau, presuntamente entregado por la constructora y recibido por el partido, y cuantificado en unos 6,6 millones de euros. Pese a esto, en su escrito de conclusiones provisionales el Consorcio, igual que la Fundación Palau de la Música, no van contra la formación sólo piden más de 20 años de prisión para Millet, Montull y la hija de éste, Gemma Montull por el saqueo de la institución. Por eso, el Ayuntamiento quería «redefinir» la estrategia jurídica ya que esta semana se deben elevar a definitivas la petición de penas.
Por cinco votos a tres el Consorcio rechazó la petición del representante municipal. La Generalitat se escudó en que los informes de los abogados que defienden al Palau indican que técnicamente no puede producirse esta acusación contra el partido, por eso votaron en contra igual que algunos miembros de la Fundación. Sin embargo, el comité escuchó la opinión de otros expertos, entre ellos los propios servicios jurídicos de la administración catalana, que se mostraban a favor del cambio. Además, los representantes del Ministerio de Cultura no acudieron a la reunión lo que facilitó que la Generalitat impusiese su mayoría junto con miembros de la Fundación y el Consorcio rechazó acusar a CDC y mantener las penas contra Millet, Montull y su hija Gemma, junto con reclamaciones millonarias de indemnización.
El Patronato del Palau de la Música también acordó en su reunión del pasado viernes mantener su acusación contra los ex responsables de la institución cultural y evitar incluir a CDC. Pese a que también hubo divisiones y algunos miembros del Orfeó Català expresó su opinión de que el partido se lucró con fondos del Palau, los patronos consideran que deben seguirse los criterios jurídicos para ir contra los procesados confesos. En el caso de que Convergència sea condenada el Palau no recibiría directamente como perjudicada el dinero que debería pagar el partido por beneficiarse del tráfico de influencias por el que está procesado su ex tesorero Daniel Osàcar, sino que acabaría en las arcas del Estado.