El Govern de los independentistas puros empezó a caminar ayer. En las últimas dos semanas, cuatro consellers y el secretario del Ejecutivo han perdido su puesto y los han sustituido otros cuya adhesión a los planes de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras está fuera de toda duda. El nombramiento de otro dirigente dispuesto a todo por el referéndum como Pere Soler al frente de los Mossos da la medida de la determinación que PDeCat y ERC quieren transmitir en esta nueva etapa.
Sin embargo, el estreno decepcionó a quienes esperaban escaramuzas espectaculares desde el primer día. De hecho, Jordi Turull se estrenó como portavoz de la Generalitat y consejero de Presidencia anunciando un apagón informativo. A los independentistas les escama que el Gobierno español no concrete cómo piensa frenar el referéndum y han decidido imitar la estrategia.
Se esperaba, porque así lo había anunciado hace una semana, que ayer Oriol Junqueras asumiera el encargo de comprar las urnas para la consulta. Pero en vez de eso, el Diario Oficial de la Generalitat publicó por la mañana un decreto en el que se informaba de que las competencias en «procesos electorales» pasaban del Departamento de Gobernación al de Vicepresidencia, el que dirige el líder de ERC.
La Generalitat sabía que la Fiscalía estaba preparada para actuar contra Junqueras como lo hizo contra Meritxell Borràs, la titular de Gobernación, cuando convocó el concurso para la compra de urnas: con una querella. Y el vicepresidente logró ayer, una vez más, evitar por ahora los problemas legales.
La única frase que dijo Turull para explicar la compra de los receptáculos para la votación merece ya un hueco entre la jerigonza más lograda del procés. «Hemos analizado y compartido diversos itinerarios para disponer de las urnas y cuando los hayamos completado ya los explicaremos», dijo el nuevo portavoz del Govern.
No concretó, pues, con qué fórmula se comprarán las urnas, aunque esta vez debería ser por adquisición directa. Ni tampoco en qué momento se informará del proceso, ni, lo que es más importante a efectos judiciales, si la orden la firmarán todos los consejeros. Sectores del PDeCat siguen acusando a Junqueras de no querer estampar su firma en solitario en ese decreto para no exponerse a una inhabilitación que torpedee su carrera política.
En este sentido, Turull sí dejó ayer claro que, a partir de ahora, «cualquier paso importante o necesario» hacia el referéndum será «compartido y colegiado por el Govern».
El portavoz añadió que ese cerrojazo informativo se impondrá para todas las decisiones clave para celebrar el referéndum. Lo justificó diciendo que el Govern no quiere «poner en riesgo» la votación ante el «asedio por tierra, mar y aire» del Estado. «No seremos ingenuos. Los temas importantes los gestionaremos nosotros y los comunicaremos cuando sea mejor para el objetivo de que la gente vote el 1 de octubre», aseguró.
En los últimos meses, y excepto el concurso para la compra de urnas por el que está querellada Borràs, el Govern ha evitado dejar por escrito sus planes. Asegura que se está trabajando en el censo y en la logística de la votación, pero de momento no hay nada por escrito. Se espera que la situación cambie a partir de finales de agosto, cuando se apruebe en el Parlament la Ley del Referéndum que ya se ha presentado informalmente.
Pero, a 74 días del 1 de octubre, el retraso preocupa a la CUP. Los antisistema, que con sus votos han hecho posible la supervivencia del Govern de Puigdemont en reiteradas ocasiones, exigieron ayer al Ejecutivo que «no dilate más» el proceso.
Mientras, el portavoz del Gobierno central, Iñigo Méndez de Vigo, advirtió de que comprar urnas para un referéndum sería «ilegal», y subrayó que no podrán pagarse con dinero público de todos los catalanes. «Por tanto, que asuman las consecuencias económicas de la ilegalidad que cometen. Tendrán que pagarlo ellos», afirmó.
Fuentes de Moncloa interpretaron que la Generalitat se esconde una vez más tras el «anuncio del anuncio» de la compra de urnas, informa Europa Press. Desde el Ejecutivo sostienen que están «preparados ante cualquier movimiento» de Puigdemont que pueda suponer un preparativo de un referéndum «ilegal».