EL MUNDO 16/04/14
· Un Estado catalán se convertiría en un país tercero, dice el portavoz de la CE.
· “No es la posición oficial de la UE”, insiste el Govern de Artur Mas.
La Generalitat recibió ayer un nuevo varapalo de la Comisión Europea, cuyo portavoz negó credibilidad al informe de los asesores de Artur Mas y reiteró que la independencia dejaría a Cataluña fuera de la UE. Pero el Govern desoyó esa afirmación y se agarró al «vacío legal» para asegurar que el hipotético nuevo Estado catalán seguiría formando parte de la Unión.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, defendió contra viento y marea el informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), que afirma que «lo más probable», por «lógica y pragmatismo», es que la UE acabara aceptando a Cataluña por la vía rápida porque primarían los argumentos «políticos y económicos». Y, en opinión de los expertos de Mas y de la Generalitat –de hecho, ambos sostienen argumentos idénticos–, la independencia sería casi una bendición para Europa, porque el nuevo Estado se convertiría en un «contribuyente neto» de la Unión.
Sin embargo, la Comisión Europea insiste una y otra vez en que la declaración de independencia por parte de Cataluña comportaría inmediatamente su expulsión de la UE. El portavoz comunitario, Alejandro Ullurzun, respondió así ayer a los expertos a los que la Generalitat encargó 19 informes al principio de la legislatura para señalar la hoja de ruta hacia el Estado catalán, desmintiendo la tesis principal del documento presentado el lunes.
Con un tono algo altivo, tal vez por las incontables veces que el Ejecutivo comunitario ha tenido que repetir exactamente la misma respuesta, el portavoz recordó que «si una parte del territorio de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque se independiza, los tratados dejarán de aplicarse a ese territorio».
Esto significa, según la Comisión, que ese nuevo Estado se convertiría en un país tercero respecto a la UE y los tratados ya no serían de aplicación en su territorio. La incorporación al club comunitario requeriría, con los tratados actuales, la aprobación unánime de todos sus miembros.
Esta respuesta, que se lleva utilizando recurrentemente desde 2004 para consultas sobre posibles secesiones dentro de la UE, ha sido defendida no sólo por los portavoces de la Comisión, sino también por su presidente, José Manuel Durão Barroso, y vicepresidentes como Joaquín Almunia y Viviane Reding.
También el líder del Consejo Europeo defendió no hace mucho esta tesis durante una visita a España. Más allá de esta declaración, el Ejecutivo comunitario insiste en que no es su misión entrar a valorar cuestiones de «organización interna relacionadas con las disposiciones constitucionales de los Estados miembros».
Y esta última parte de la respuesta de Bruselas es la que únicamente parece tener en cuenta la Generalitat. El portavoz Homs, que se está ganando fama de optimista irredento porque sistemáticamente soslaya las malas noticias para el Govern y exagera las buenas, redujo ayer a la categoría de «comentarios» sin valor legal las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea.
«No es la posición oficial de la UE», afirmó Homs, empecinado en que Bruselas sólo se pronunciará «el día que un país miembro pregunte cómo proceder en estos casos» y entonces «se lleve a cabo un informe jurídico». «Todo lo demás son comentarios legítimos, no posiciones oficiales», añadió el portavoz de la Generalitat.
Aunque tenía muy pocas ganas de hablar sobre el asunto tras las declaraciones de Ullurzun, Homs tuvo que asumir que la mayor parte de las preguntas tras la reunión del Govern fueran en esa dirección. E insistió siempre en su tesis de que «no existe un manual de instrucciones» y en comparar el proceso catalán de disgregación de la UE con otros de agregación –como el de Alemania del Este– o de abandono voluntario de la Unión por parte de una región de un Estado, como sucedió con Groenlandia.
«Es de sentido común constatar que al final el criterio será político y económico», repetía el portavoz de la Generalitat cuando se le recordaba que, una vez más, un miembro de la Comisión Europea había sido claro al respecto de la expulsión de una Cataluña independiente.
También afirmó que la Generalitat convocará la consulta soberanista del 9 de noviembre aunque aún no esté claro si un Estado catalán seguiría en la UE. Dijo que «iría bien» que España pidiera a Bruselas un informe específico sobre el caso catalán, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse, pero se mostró poco confiado porque, en su opinión, eso sería lo mismo que aceptar la posibilidad de que haya secesión.
EL MUNDO 16/04/14