ABC 05/11/13
· Las grandes operadoras rechazan de plano la tasa y no descartan medidas legales.
Al final no será, como insinuó hace apenas unos meses la directora de la Academia del Cine Catalán, Issona Passola, un impuesto de entre 6 y 10 euros por familia ni una tasa para financiar la televisión autonómica, sino un canon «a la francesa» impuesto a las operadoras de ADSL. El objetivo, sin embargo, es el mismo: conseguir más dinero para financiar el cine catalán y aliviar las arcas de la consejería de Cultura, que acumula ya unos recortes cercanos al 30%.
«Se trataría de un canon de producción a la francesa», desveló ayer el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, sobre un nuevo gravamen inspirado en la tasa Cope francesa, un impuesto del 0,9% sobre la facturación de los proveedores de internet que el Gobierno francés utiliza para financiar la televisión pública. Desde la Generalitat se apunta que, después de estudiar los casos de varios países europeos, el modelo francés es el que mejor se puede adecuar a las necesidades de la Generalitat.
Tributos «arbitrarios»
A diferencia de Francia, sin embargo, esta nueva tasa impulsada por el Ejecutivo de Artur Mas, aún en proceso de estudio y sin fecha de implantación, serviría para «producir cine» en Cataluña. La tasa es rechazada de plano por las grandes operadoras de telecomunicaciones, que ayer reaccionaron de inmediato con una nota conjunta. Telefónica, Vodafone, ONO y Orange expresaron su rechazo «unánime y contundente» a una medida que, de concretarse, «supondría un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal», con «figuras tributarias totalmente injustas y arbitrarias que detraen fondos para financiar temas ajenos a las actividades propias de los operadores», como es el caso de RTVE, apuntaron.
En este sentido, Redtel, la asociación que agrupa a las cuatro operadoras de telecomunicaciones con red propia, «solicita a la Generalitat un diálogo que permita avanzar en soluciones duraderas y que tengas en cuenta los intereses de todos los sectores». No obstante, los operadores recuerdan que, en caso de aprobarse la nueva tasa, «los afectados solicitarán su anulación ante las instancias jurídicas correspondientes autonómicas, regionales y europeas».
Pese a que todavía no se ha fijado la cuantía de este nuevo impuesto ni se ha desvelado cual podría ser su impacto económico, fuentes de la Generalitan apuntaban ayer que la idea de gravar con un nuevo impuesto a los operadores de internet es fruto de las conversaciones mantenidas con el sector cinematográfico. Según Mascarell, este nuevo impuesto ni siquiera tendría que repercutir en la factura final que paga el consumidor ya que, en su opinión, «los precios de este tipo de conexiones ya son bastante caros».
En cualquier caso, no es ésta la primera vez que el gobierno catalán tropieza con sectores industriales en su intento por reforzar el peso de la producción cinematográfica catalana e incrementar su visibilidad en salas y pantallas. Sin ir más lejos, ahí está el boicot con el que las «majors» estadounidenses respondieron a la aprobación en el Parlament de la Ley del Cine, controvertida norma que contemplaba sanciones de hasta 75.000 euros para quien no estrenase en catalán el mismo número de copias que en castellano, una polémica decisión del entonces gobierno tripartito que se tradujo en la ausencia de títulos de Hollywood doblados al catalán durante casi un año.
ABC 05/11/13