EL MUNDO 14/12/13
· Joana Ortega revela que 20 funcionarios trabajan en la consulta ilegal / RosaDíez pide al Gobierno que requiera legalmente a Mas para que cese el referéndum e invoca el artículo 509 del Código Penal sobre «usurpación de atribuciones»
El jueves, el día en que los partidos favorables al proceso soberanista abierto por Artur Mas pactaron el contenido y la fecha de la consulta, casi nadie reparó en los detalles. La noticia era tan sonada que hubo que esperar hasta ayer para que se empezaran a conocer algunos pormenores: cómo se cerró el acuerdo, cómo deberá interpretarse el resultado tras la doble pregunta, cuál será el itinerario con el que se espera llegar al 9 de noviembre de 2014, con qué infraestructura cuenta el Govern…
La Generalitat, eso sí, necesita escenificar que el proceso avanza. Y ayer fue su vicepresidenta, Joana Ortega, quien se encargó de hacerlo, cuando afirmó que ya ha puesto en marcha la maquinaria para elaborar un censo.
TV3 entrevistó a primera hora a la vicepresidenta de la Generalitat, que, como todos los miembros de los partidos que participaron en el pacto por la consulta (ella es de Unió), se mostraba exultante. «Hemos dado un paso adelante y todo el mundo ha cedido para que el pueblo pueda votar», dijo Joana Ortega en alusión a las duras negociaciones para alcanzar un acuerdo, y que desembocaron en un enunciado doble: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y en caso afirmativo, ¿independiente?».
La vicepresidenta, que también es responsable de Gobernación –el Departamento que debe organizar la consulta– aseguró que tiene a un equipo trabajando «desde hace tiempo» para que la votación se lleve a cabo, y también en la elaboración de un censo de votantes al margen del oficial. Como el Gobierno no está dispuesto a permitir ni a facilitar la convocatoria, Ortega intenta paliar sus carencias por esa vía, aunque ayer no quiso especificar más acerca de cómo se elaboraría ese censo.
El número de personas que trabaja en el «equipo de procesos electorales» se incrementó el año pasado de cinco a 20. Además, la vicepresidenta ya explicó hace unos días que los cinco millones de euros que los Presupuestos del año que viene, pactados entre CiU y ERC, consignan para celebrar la consulta son revisables. «Esa partida es ampliable hasta donde sea necesario para asegurar un buen funcionamiento», dijo entonces.
Ayer recordó también que miembros de ese equipo que prepara el censo y otros detalles de la consulta viajaron con ella en octubre a Quebec (Canadá) –donde se ha preguntado dos veces por la independencia– y ahora están en Ginebra para ver «cómo trabajan allí los referéndums».
«Desde la logística, el desarrollo de una consulta, los preparativos técnicos… Necesitamos las urnas, los sobres, pero también un censo propio. Si no contamos con la colaboración del Estado hay una serie de instrumentos que todavía no tenemos y que en función del marco legal tendremos que desarrollar», añadió.
La vicepresidenta de la Generalitat subrayó la «gran participación» que quiere el Govern en la consulta. Ello podría concretarse en la posibilidad, ya esbozada en días anteriores, de que puedan votar los mayores de 16 años, y también en que el referéndum se abra a los catalanes que viven fuera de la comunidad: «Los catalanes que están fuera tienen unas grandes ganas de participar y trabajamos para buscar vías que permitan la participación de los catalanes fuera de Cataluña».
Si la vicepresidenta fue poco concreta respecto al censo, pronto quedó claro que otros aspectos relacionados con la consulta están aún más verdes. Por ejemplo, los problemas que plantea el hecho de que la pregunta sea doble. Se supone –las fuentes consultadas no saben aclararlo, u ofrecen versiones contradictorias– que sólo podrán responder a la segunda pregunta los que hayan contestado sí a la primera, pero nadie parece conocer qué porcentaje sería necesario para considerar que ha ganado la opción independentista, o en qué conjunto incluir a quienes quieran que Cataluña sea «un Estado» pero voten no a la secesión.
Los partidos catalanes sí dieron un paso incontrovertible en cuanto al mecanismo para conseguir que el Gobierno autorice la consulta. Fue uno de los puntos que se pactó antes del jueves, y CiU, ERC, ICV y CUP registraron ayer en el Parlament la propuesta para pedir al Congreso las competencias para convocar la consulta.
«Poco democráticos»
El texto acordado, que previsiblemente se votará en la Cámara catalana el 15 de enero, tiene forma de proposición de ley orgánica, y pide al Congreso que se delegue a la Generalitat, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, la competencia para «autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña».
La propuesta registrada consagra también que la consulta se tiene que convocar y celebrar el año que viene –no alude a la fecha pactada–, y pide que el Congreso deje claro que «la convocatoria la hará el Govern de la Generalitat». En el último apartado, se afirma que «el procedimiento para realizar el referéndum y sus garantías serán las que determina la legislación reguladora de los procesos refrendarios y electorales y, si corresponde, en el decreto del Govern de la Generalitat que convoque el referéndum».
Con esas armas bajo el brazo, y con la negativa del Gobierno a celebrar la consulta que esperaban, la Generalitat y los partidos que la apoyan corrieron a hacer lo que más les une: acusar al presidente, Mariano Rajoy, de tener poca cultura democrática. El propio Mas ya salió anoche a defender la consulta que propone con ese argumento: «Cuando esta expresión normal se quiere negar simplemente con argumentos jurídicos, eso tiene que ver con la intolerancia y con una poca convicción democrática».
EL MUNDO 14/12/13